diciembre 7, 2022

Bienes inmuebles con valor artístico e histórico, un pendiente en la política cultural

Tihosuco, población ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, obtuvo el 13 de mayo de 2019 la primera declaratoria de zona de monumentos históricos del gobierno de la 4T. (Foto: Instagram de @paco_castillejos).

A raíz de la participación de Antonio Díaz, periodista cultural de El Universal, en la segunda emisión del programa Conéctate a la Casa Rafael Galván el pasado 3 de diciembre, dedicada al patrimonio cultural, me pareció importante referirme a un tema complementario que,  debido a lo limitado del tiempo, quedó fuera del tintero: los bienes inmuebles con valor artístico e histórico, que se encuentran normados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFM).

Para abordar este tema, es fundamental entender los señalamientos de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de mayo de 1972 (su última reforma fue el 16 de febrero de 2018), cuyo objetivo se centra en la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas en las que se encuentran. La aplicación de esta ley corresponde principalmente al presidente de la república, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

De acuerdo con la LFM, el INAH es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, y el INBAL en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos. En caso de duda respecto a la competencia de los institutos sobre un asunto determinado, el titular de Cultura deberá resolver a cuál corresponde.

Durante mi paso por la Unidad de Transparencia del INBAL pude constatar que muchos solicitantes, en su mayoría desarrolladores inmobiliarios y particulares, hacen referencia a que el INBAL cuenta con un catálogo de bienes inmuebles que se encuentran bajo la protección de dicha institución. Es importante aclarar que el instituto elabora una relación de inmuebles con valor artístico a la que que año con año se incorporan a nivel nacional propiedades que cumplen con una relevancia estética; hasta el 2018, la lista estaba integrada por 22,000 inmuebles, de los que 12,000 se localizan en las alcaldías de la Ciudad de México.

Ahora bien, el que exista una relación no significa que estos inmuebles cuenten con una declaratoria publicada en el DOF por decreto presidencial o por la Secretaría de Cultura federal. Para que se le otorgue la declaratoria a un monumento, es necesario cumplir con una serie de procedimientos que se establecen en la normativa y, una vez que la obtiene, el propietario está obligado a conservar la propiedad y restaurarla, en caso de presentar un deterioro, con la asesoría del instituto correspondiente. Al hacerlo, a los propietarios se les exenta del pago del impuesto predial.

Dejando claro lo anterior, ahora sí podemos exponer los resultados de una ley que, a 48 años de su publicación, pienso que se ha convertido en letra muerta.

Se consideran monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles del siglo XX o posteriores que tienen un valor estético relevante. Para determinar dicho valor se deben cumplir las características de representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados (art. 33).

La Quinta Gameros en la ciudad de Chihuahua y la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México forman parte de los 52 inmuebles declarados monumentos artísticos. (Fotos: Instagram de @gamerosquinta y @nelita_k).

A la fecha se cuenta con 52 inmuebles declarados monumentos artísticos, registrados en el sitio web del INBAL. ¿Cómo se explica usted que exista una relación de 22,000 inmuebles con relevancia artística y solo 52 tengan una declaratoria? Yo lo atribuyo a tres factores: 1) Desconocimiento de la normativa por parte de algunos propietarios de inmuebles; 2) Quienes sí conocen la norma se rehúsan a que su propiedad cuente con una declaratoria por creer que ese formalismo limitará en el futuro una posible compraventa, ya que para llevarse a cabo es indispensable la aprobación del INBAL, y 3) La falta de voluntad política de las administraciones federales, estatales y municipales en la conservación y protección de los bienes inmuebles, sobre todo en zonas de mayor plusvalía.

De los inmuebles declarados, 38 se ubican en la Ciudad de México (18 son casas habitación localizadas en las colonias Roma-Condesa, 4 están en la colonia Juárez, 5 en el Centro Histórico, y el resto se encuentra disperso en diversas colonias de las alcaldías de Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc), 3 están en Guadalajara, 3 en Monterrey, 1 en Mérida, 1 en Ciudad Satélite, 1 en Ensenada, 1 en Xilitla, 1 en Orizaba, 1 en Pachuca, 1 en Ciudad Alemán y 1 en la capital de Chihuahua.

Desafortunadamente, en el tema de la voluntad política existe una clara diferencia entre las administraciones priistas y las panistas. Júzguelo usted mismo en la siguiente tabla:

Aunque el número de declaratorias es muy pobre en 42 años (1.2 monumentos por año), las emitidas por los cinco gobiernos priistas no rebasan el 50 por ciento de las expedidas por los dos gobiernos panistas. Es claro que en el tema de los monumentos artísticos, la política cultural deja mucho que desear.

La normativa define a los monumentos históricos como bienes construidos durante los siglos XVI al XIX vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Son los templos y sus anexos; los arzobispados, obispados y casas curales; los seminarios, conventos u otros inmuebles dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y el magisterio, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato públicos, y al uso de las autoridades civiles y militares. Se incluyen también los muebles que se encuentran en su interior o que hayan pertenecido a dichos inmuebles, y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas durante el periodo establecido (arts. 35 y 36).

De acuerdo con la página del INAH, una de las primeras vocaciones de la institución desde su fundación en 1939 es la de registrar y catalogar los monumentos históricos del país, por lo que a la fecha han inventariado alrededor de 100,000 inmuebles.

Actualmente, bajo la LFM, solo se han declarado 23 inmuebles con valor histórico (47.5 por ciento menos que las declaratorias de monumentos con valor artístico), localizados en 13 entidades federativas, siendo Sonora (5), Aguascalientes (3), Ciudad de México (3) y Veracruz (3) los estados con mayor número de declaratorias. Son propiedad de los gobiernos estatales o municipales, en lugar de particulares, como en el primer caso.

A pesar de ser pocos monumentos, los gobiernos priistas fueron los que prácticamente emitieron las declaratorias, contra una sola expedida por un gobierno panista, como se muestra a continuación:

El número de declaratorias es todavía más pobre en 42 años (0.54 monumentos por año), y las emitidas por los primeros tres gobiernos priistas representan el 96.7 por ciento del total. La política cultural en esta materia continúa dejando mucho que desear.

Finalmente, la LFM define a las zonas de monumentos como áreas que comprenden varios monumentos artísticos asociados, o bien varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional (arts. 37 a 43). Actualmente, se han declarado 60 zonas de monumentos históricos, ubicadas en 26 entidades federativas, siendo la Ciudad de México (6), Tlaxcala (6), Veracruz (6), Michoacán (5) y Guanajuato (4) los estados con mayor cantidad de declaratorias.

Por lo que se puede apreciar, los gobiernos priistas tuvieron mayor voluntad política, ya que emitieron el 80 por ciento de las declaratorias, mientras que los gobiernos panistas solo emitieron el 20 por ciento, como muestra la siguiente tabla:

No omito mencionar que el actual gobierno ya emitió su primera declaratoria en este tema, publicada en el DOF el 13 de mayo de 2019, que convirtió en zona de monumentos históricos a la localidad de Tihosuco, localizada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, gestiones que se llevaron a cabo en la administración de Peña Nieto.

A manera de conclusión, considero que se deben implementar mayores acciones culturales en el tema del patrimonio mueble e inmueble, ya que el Plan Nacional de Desarrollo, en su estrategia 2.9.4 establece la “salvaguarda y difusión de la riqueza patrimonial de México tanto material como inmaterial”. La destrucción causada por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, los daños provocados por manifestaciones, las subastas de piezas arqueológicas, las servidoras y servidores públicos inoperantes en la materia y la voracidad de la industria de la construcción evidencian que ni los institutos ni la Secretaría de Cultura han diseñado procedimientos y acciones culturales acordes a lo señalado por la ley para enfrentar este tipo de eventualidades.

gabriel.riodelaloza@gmail.com

13 de febrero de 2020.

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