La Ciudad de México se proyecta al mundo como una potencia cultural: museos llenos, festivales multitudinarios y una agenda artística aparentemente inagotable. Sin embargo, detrás de esta narrativa de éxito existe una contradicción estructural que durante años permaneció fuera del debate público: una infraestructura cultural de primer nivel sostenida por trabajadores sin derechos laborales, sin seguridad social y con ingresos inestables. En ese contexto nació el Primer Parlamento de la Vida Cultural, un ejercicio inédito que llevó la realidad del sector artístico directamente al corazón del poder legislativo.
Por primera vez en la historia del país, el Congreso capitalino cedió sus curules a la ciudadanía cultural. No fue un foro simbólico ni una consulta académica: 66 parlamentarios culturales —artistas, gestores, colectivos y especialistas— presentaron iniciativas directamente ante el pleno. El gesto marcó un cambio de paradigma. La cultura dejó de ser un tema ornamental para convertirse en materia legislativa urgente.
El mensaje central fue contundente: la cultura no es un adorno. Es identidad, economía, cohesión social y trabajo. Durante décadas, el Estado ha construido una imagen de ciudad creativa mientras el sector artístico sobrevive en condiciones de precariedad. El Parlamento puso nombre a esta contradicción y la convirtió en agenda política.
Uno de los puntos más relevantes fue desmontar el mito del “bohemio crónico”. Esta figura romántica, profundamente arraigada en el imaginario social, ha servido durante años para justificar la precariedad laboral de los artistas bajo la idea de que trabajan “por amor al arte”. El Parlamento confrontó esta narrativa con una afirmación directa: los creadores son trabajadores y deben ser reconocidos como tales.
Hoy, gran parte de quienes sostienen la vida cultural de la capital operan sin contratos claros, sin prestaciones y fuera de los marcos de la Ley Federal del Trabajo. El resultado es una paradoja: la ciudad presume su riqueza cultural mientras quienes la producen carecen de condiciones mínimas de estabilidad. La exigencia fue clara: profesionalizar el sector y garantizar derechos laborales dignos.
La discusión presupuestal reveló una de las brechas más alarmantes. La Ley de Fomento Cultural establece que el 2% del gasto programable debe destinarse a cultura. En términos reales, esto equivaldría a unos 5,600 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado en 2026 ronda apenas los 1,300 millones. La distancia entre la ley y la realidad es abismal.
Aún más preocupante es la distribución del gasto: cerca del 80% se destina a operación institucional, dejando un margen mínimo para el fomento artístico. Este modelo prioriza festivales y eventos masivos —la cultura como espectáculo— mientras la creación artística, que sostiene el ecosistema cultural, queda relegada. Los foros independientes, espacios fundamentales para la innovación artística, sobreviven en condiciones cada vez más frágiles.
El Parlamento también cuestionó la narrativa de la cultura como gasto social. Los datos muestran lo contrario: el sector cultural genera cerca del 3% del PIB nacional y da empleo a alrededor de 1.5 millones de personas. Se trata de una industria estratégica con impacto económico comparable al de sectores productivos tradicionales. Los parlamentarios propusieron adoptar modelos internacionales que conciben el apoyo a la cultura como inversión en bienestar social y reconstrucción del tejido comunitario.
La discusión alcanzó una dimensión más amplia cuando la Secretaría de Cultura planteó que la cultura no es un sector aislado, sino el elemento que cohesiona la vida pública. Sin identidad cultural, la política pierde sentido. La cultura funciona como el “océano” donde navega la vida social: invisible en muchas ocasiones, pero indispensable para que todo lo demás exista.
El Parlamento concluyó con la entrega de 66 iniciativas que ahora entran en una fase decisiva de análisis técnico y legislativo. El reto es transformar las propuestas en reformas viables, con presupuesto asignado y capacidad real de implementación. El proceso será largo y complejo, pero el precedente ya está marcado.
El testimonio de personas como Alejandra Aguilar, gestora y emprendedora cultural, fue vital, pues lleva al pleno y a las personas que toman las desiciones la experiencia real de crear y gestionar la cultura en la CDMX. Consulta el testimonio directo #EnCorto en el canal de YouTube de Libreta Negra Mx.
El éxito de este ejercicio no se medirá por la fotografía del evento, sino por su impacto en la vida cotidiana de quienes trabajan en la cultura. La pregunta final interpela a toda la sociedad: ¿seguiremos consumiendo cultura como entretenimiento ocasional o exigiremos que sea un derecho cotidiano, sostenido por condiciones laborales dignas para quienes la hacen posible?
