Una familia residente en el desarrollo habitacional Maestro Yucatán Village & Resort, al norte de esta ciudad, logró una resolución histórica a su favor tras ser víctima de actos discriminatorios por parte de la administración del complejo condominal y su club social.
Desde julio de 2022, cuando el matrimonio, venido de la Ciudad de México, con tres hijos menores de edad, adquirió una de las propiedades, comenzaron a enfrentar restricciones, sin mediar explicación alguna, en el acceso a su vivienda, a las áreas comunes del fraccionamiento y a las instalaciones del club. A pesar de estar al corriente con sus cuotas condominales, el sistema de acceso vehicular mediante TAG fue deshabilitado por instrucciones de la administración, y el personal de vigilancia les impidió, reiteradamente, la entrada tanto peatonal como en automóvil, ocasionando situaciones delicadas.
Además de verse impedidos de usar espacios de esparcimiento, los menores de edad, también se vieron excluidos de actividades deportivas y sociales. Estas restricciones se llevaron a cabo, según se asentó en la denuncia presentada ante las autoridades, de forma pública y humillante, generando estigmatización frente a otros residentes y socios del club.
Los directivos del condominio argumentaron ante la familia afectada, el ejercer un “derecho de admisión”, cuando la adquisición de la casa se hizo por los medios legales. Tal figura, era legalmente inaplicable y sólo justificó conductas discriminatorias.
Frente a estas acciones, la familia presentó un juicio de amparo ante la Justicia Federal, solicitando protección ante la inmobiliaria responsable del desarrollo y las empresas encargadas de la operación del condominio y el club. También reclamaron la inconstitucionalidad de diversas disposiciones reglamentarias del fraccionamiento, particularmente aquellas que facultaban restricciones de acceso a cualquier condómino.
El caso fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Yucatán (expediente 1808/2022), a cargo de la jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar. En un primer fallo, la jueza concedió una suspensión provisional para cesar los actos reclamados, ordenando la restitución inmediata de los derechos de la familia. Posteriormente, esa decisión fue ratificada mediante la suspensión definitiva.
Tras un proceso judicial, en abril de 2025 se dictó sentencia en la que se concedió el amparo solicitado. La resolución invalidó el artículo 34 del Reglamento Interior del Condominio Maestro Yucatán Village & Resort, al considerar que su interpretación y aplicación vulneraban los derechos humanos de los quejosos. El fallo destacó que el uso del “derecho de admisión” había sido injustificado e inconstitucional al aplicarse para impedir el acceso de la familia a bienes y servicios del club.
Un repaso al creciente número de desarrollos inmobiliarios en Mérida hace ver este caso como un referente en la protección de los derechos humanos en contextos de propiedad privada con servicios compartidos.
El fallo reivindica el derecho de los ciudadanos a una vida libre de discriminación en su entorno habitacional y social. La resolución también ha sido vista como una advertencia para desarrollos inmobiliarios que, bajo reglamentos internos, pretendan restringir derechos consagrados por la Constitución.
