Inicio hoy, aquí, una nueva columna de comentarios políticos sobre la vida cotidiana del país que, a pesar de la pandemia, no deja, nunca, de expresar inquietudes muy diversas. Pero, ¿por qué “logípolis”?, ¿qué trata de expresar este título? De manera muy simple, él hace referencia a la lógica que le da vida a la política, que hace referencia a la polis (ciudad en sentido amplio) y a las reglas que la rigen, que, se supone, son las reglas de la ley.
Pero ya habrá oportunidad de escribir más al respecto. Por hoy, mejor, me avoco a escribir, directo, sobre lo que hoy sucede en el país, respecto a una temática que, en efecto, se presta a especular ampliamente al respecto: ¿hasta dónde se piensa llegar en el caso Lozoya, que uno supone tiene mucha tela de dónde cortar? ¿Se aplicará la ley en todo sentido o sólo se pasará por encimita, para quitar las arrugas, sin meter vapor, almidón y la plancha bien caliente para dejar flamante la tela del vestido? Porque hay mucha tela de donde cortar de por medio, pues por ejemplo Odebrecht, como todos los países del mundo en los cuales intervino, es uno de los casos paradigmáticos de corrupción en el país, pues en ello estuvieron implicados cientos (si no es que miles) de personajes del poder y cercanos al poder del país, los años pasados recientes, violando la ley impunemente desde diversos puntos de vista, y existiendo (por más que el INAI haya dicho que eran reservados) papeles que documentan los ilícitos. Aplicar, pues, la ley allí si bien no será una tarea sencilla, va implicar, virtualmente, arrasar con exfuncionarios partidarios de muy diversa naturaleza (desde, por ejemplo, Ricardo Anaya, hasta destacados jerarcas priistas de ese pasado inmediato).
Pero, lo importante, no es sólo el desmoche a diestra y siniestra de cabezas sino saber si la ley se va a aplicar con todas sus implicaciones, que conllevan penas y castigos carcelarios, de suspensión para ocupar nuevamente cargos públicos, de fama y pecuniarios, hasta rendirle cuentas a un país agraviado tan injustamente por esa pandilla de verdaderos ladrones que arrasó con él y lo dejó virtualmente en la miseria, como hoy lo está mostrando un sistema de salud que de hecho nunca existió mientras el gobierno neoliberal estuvo a cargo de la administración pública.
Debe ser, pues, el de Lozoya un juicio ejemplar, que ilustre plenamente cómo, de aquí en adelante, se castigará, siempre en el marco de la ley, a quien utilice su cargo público para hacer negocios desde allí, tomando en consideración que esos cargos son para servir a la población y no para servirse de ellos.
De no ser así, si el juicio de Lozoya es sólo una farsa la corrupción en el país seguirá adelante a diestra y siniestra.
*Sólo estructurador de historias cotidianas
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