“No se abre una situación de lucha porque se sabe, sino precisamente para saber.
No se crea una situación de lucha porque hayamos tomado conciencia o abierto finalmente los ojos, sino para pensar y abrir los ojos en compañía.
La lucha es un aprendizaje, una transformación de la atención, la percepción y la sensibilidad.
El más intenso, el más potente”.
Amador Fernando Savater,
Tener necesidad de que la gente piense.
CUERNAVACA. Entrado el siglo XXI, las instituciones culturales morelenses atravesaban por un momento de redefinición.
En menos de dos décadas, el crecimiento poblacional de la entidad y su consecuente demanda de descentralización de bienes y servicios culturales fueron creando condiciones políticas, económicas y sociales para la transformación de la institución cultural que desembocó en la creación del Instituto de Cultura de Morelos (ICM), en 1988. Su transformación en Secretaría de Cultura (SC, 2012) era inminente y ya estaba en el imaginario del sector cultura ante la complejidad de su operación y administración, el crecimiento y profesionalización de su personal, la gestión exitosa de recursos, la adquisición de equipamiento, el desarrollo de su infraestructura cultural mediante un circuito regional de museos y la cooperación con casas de cultura, museos y centros culturales comunitarios, y sobre todo por la ampliación de su cobertura territorial a través de una oferta innovadora de programas artísticos y de capacitación diseñados por sus propios colaboradores.
Esto generó un proceso si no de apropiación sí de involucramiento y de reconocimiento por parte del sector. No sin contradicciones y desventuras, el Instituto se fue volviendo más nuestro, más incluyente, más colectivo. A fuerza de voluntad, de diálogo, con desencuentros y reconciliaciones lo fuimos colonizando.
Cierto, nada es perfecto; la falta de compromiso para destinar un presupuesto estatal suficiente por parte de los gobernadores, al igual que la mayoría de los alcaldes en los municipios, ha impedido consolidar políticas culturales sostenibles y sostenibles con impacto de largo aliento para el desarrollo cultural de las comunidades. Es innegable que la operación del ICM fue posible gracias a ese federalismo cultural de codependencias presupuestales a través de coinversiones, fondos mixtos, programas especiales, partidas y -hasta su extinción- de los llamados recursos “etiquetados” de la Cámara de Diputados. No podemos desdeñar los esfuerzos de algunos titulares y colaboradores del ICM, pero en perspectiva los resultados de descentralización fueron modestos, a pesar de gestiones loables de administraciones como las de Adalberto Ríos Szalay y Martha Ketchum (fallecida en 2013).
De los gobiernos panistas de Sergio Estrada-Cajigal (2000-2006) y Marco Antonio Adame Castillo (2006-20012), y del perredista Graco Ramírez (2012-2018), que podemos llamar la transición política local, aún tenemos pendiente el análisis de las relaciones entre el sector cultural y el poder político, pues gradualmente -desde las campañas-, la mayoría de los entonces candidatos comenzaron a utilizar el discurso de la cultura como bandera de cambio, motor de desarrollo y elemento para revertir las violencias que gradualmente se fueron apoderando de un territorio asaltado y controlado por el narcotráfico.
No olvidemos que la cultura también ha sido un recurso que los políticos han utilizado a manera de zanahoria para establecer vínculos con algunos grupos o actores relevantes y así corporativizar votos con promesas de acuerdos y presupuestos, sobre todo con quienes muchas veces se autonombran representantes del sector; la mayoría de las ocasiones estos personajes han sido en realidad cabilderos de agenda propia. Este fenómeno no solo se dio a nivel estatal sino también en los municipios. Incluso después el mismo PRI comenzó a utilizar el recurso persuasivo de la nostalgia: “En tiempos pasados, los del PRI, la cultura era mejor, porque el PRI sí sabe gobernar, deja hacer”.
La transformación del ICM a la SC también corrió en paralelo al proceso de diversas reformas del país: la constitucionalización del derecho a la cultura en el artículo 4º (2003), mientras que en Morelos no fue reconocido sino hasta 2013; la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011); la transformación del Conaculta (1988) a Secretaría de Cultura (2015); y la publicación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (2017). Cada uno de estos acontecimientos constituyeron una influencia que fue retomada por los diversos movimientos culturales en Morelos.
Pliegues de la alternancia
Dicha transición institucional trazó un escenario de incertidumbre. La nueva Secretaría de Cultura de Morelos inició sus trabajos asediada por una opinión negativa entre la burocracia cultural y la comunidad artística, que había sido despedida y relegada bajo la suspicacia de quienes con desdén destruyeron el trabajo de casi dos décadas llevado a cabo por el ICM. No sabían que aquí la institución no la hizo un monarca de escritorio, sino que su naturalización fue a instancias de la red de promotores culturales, cronistas, artistas independientes y alineados, mayordomos, sacerdotes, comuneros, campesinos, maestros, museos comunitarios, personajes bien y mal intencionados, algunos brillantes, otros mediocres, pero a final de cuentas con la gente.
La soberbia del gobernador Graco Ramírez, ufano de presupuestos millonarios para “La Cultura, un derecho de la gente”, aunada a la intromisión de su esposa Elena Cepeda de León, exsecretaria de Cultura de la Ciudad de México, el desconocimiento del territorio cultural morelense por parte de la secretaria Cristina Faesler y un séquito de funcionarios advenedizos que se avecindaron en Morelos para “culturizarnos”, fueron una premonición cantada por muchos: desmantelamiento de lo preexistente bajo el mito fundacional de la novedad, despilfarro de recursos, ausencia de proyectos, falta de liderazgo, gestos de prepotencia, lamentaciones por doquier; falta de atención, gentileza y escucha.
Salvo excepciones, la ausencia de un equipo sólido, aunada a una torpeza jurídica y falta de habilidad política, la relación entre el sector cultural y la institución se fue hostilizando, apenas una pequeña corte enceguecida de la capitalina Cuernavaca fue la que sostuvo cercanía con una administración que fue una burbuja que reventó al final del sexenio.
Sin duda, fueron los años de la espectacularización de la cultura, de los megaconciertos. Desplazando a la oferta artística local, en jardines, teatros y plazas escuchamos los megaconciertos de Plácido Domingo, Lila Downs, Goran Bregović, Armando Manzanero, Omara Portuondo, Regina Orozco, Astrid Hadad, Miguel Bosé, Natalia Lafourcade y muchos otros. También fueron los tiempos de la especulación y el faraonismo cultural centralista. En Cuernavaca se construyeron el Museo Morelense de Arte Popular (2013), el Centro Cultural El Amate en el Parque Chapultepec (2015), la primera (2014) y segunda etapa (2016) del Proyecto de Rehabilitación y Equipamiento del Centro Cultural Jardín Borda, el Auditorio Teopanzolco (2017) y, finalmente en 2018, la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario “Los Chocolates”, así como el caprichoso Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano.
Nada para las comunidades, excepto un oneroso programa temporal llamado Verano Activo. A todo esto, apenas una oposición organizada desde grupos como Cultura 33+3 y el efímero Consejo para el Desarrollo de la Cultura y las Artes (CODAEM). Sí, el crecimiento de la infraestructura siempre es loable, lo reprochable al gobierno estatal es su centralismo, el signo de la corrupción y el mugrero en que dejaron la infraestructura cultural en los municipios. Nunca les importó.
Por estos años el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de su Dirección General de Cultura y luego con el Instituto de Cultura, proyectó de manera exitosa al Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCiC). Por su parte, la UAEM emprendió su propio camino al impulsar la creación del Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC). Lo mismo ocurrió con la Diócesis de Cuernavaca, que inauguró su Museo de Arte Sacro.
Impunidad sin castigo
El acabose del sexenio graquista fue la negligencia, lentitud y corrupción con que se gestionaron los recursos para la reconstrucción a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues de acuerdo con el gobierno del estado de Morelos hubo afectaciones en 243 iglesias construidas entre los siglos XVI y XIX (incluidos 11 exconventos Patrimonio de la Humanidad), 55 iglesias del siglo XX, 37 bibliotecas, 32 exhaciendas, 10 centros culturales, 10 casas de la cultura, 10 museos, 8 instalaciones municipales, 7 exestaciones de ferrocarril, 6 zonas arqueológicas y un teatro.
En materia de patrimonio cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) dictaminaron 847 inmuebles, de los cuales 480 son monumentos históricos o bienes inmuebles colindantes con monumentos históricos, 259 inmuebles presentaron daños de diversos niveles de gravedad.
No sin cuestionamientos, el trabajo desarrollado para la restauración por parte del Centro INAH Morelos ha sido excepcional, pues gracias a la aplicación de seguros y a la pericia técnica de los especialistas se han intervenido inmuebles catalogados como Monumentos Históricos que, tras años de abandono y falta de mantenimiento por parte de depositarios, comunidades y autoridades municipales, estatales y federales, seguramente el tiempo habría terminado por destruirles.
Después de esa invasión de civilizada barbarie, hoy podemos decir que no hubo conquista. No era fácil, qué fácil es pensar fácil. No pudieron.
Por estos años hubo un rediseño institucional en el que algunas direcciones generales transitaron a institutos de cultura, específicamente en los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, y en los que también se crearon el Instituto de Radio y Televisión por internet y el proyecto comunitario Radio Chinelo respectivamente. Por su parte, en el antiguo palacio del ayuntamiento de Yautepec se creó el Museo Centro Cultural del Chinelo (MUCECCH), que fue inaugurado en 2019. Todas estas iniciativas estuvieron apoyadas con recursos federales a través de los famosos etiquetados desde la Cámara de Diputados a los que, en Morelos, diputados panistas, familiares y otros personajes tanto provecho le sacaron a través de “moches” para financiar sus propias asociaciones y sus bolsillos. Aquí también vivimos el “moche” entre alcaldes, gobernadores, y diputados.
Luego de que en 2015 el Partido Socialdemócrata de Morelos (PSD) llevara a la alcaldía de Cuernavaca al futbolista Cuauhtémoc Blanco, en 2018 una alianza pragmática entre el Partido Encuentro Social (PES) y Morena, instalaron al ídolo popular como gobernador de Morelos. Así, con el cambio de gobierno, la SC modificó su nomenclatura a Secretaría de Turismo y Cultura (STyC). El sector cultural vio en la nueva nomenclatura un matrimonio de intereses conflictuados cuyo slogan “Morelos, anfitrión del mundo”, imprimía una visión que -a la fecha- pocas veces se ha sabido explicar, traduciéndose en la exigencia colectiva de divorcio necesario. Esto a pesar del diseño del Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024, que transversaliza de manera estratégica la participación de los dos sectores. Un enfoque no incuestionable pero sí novedoso para armonizar políticas culturales y de turismo comercial y cultural.
A casi tres años de la actual administración, el proyecto de la STyC no se ha logrado consolidar. Hay muchas causas de carácter político y administrativo que nos pueden ayudar a explicar; entre ellas podemos mencionar la falta de presupuesto y enormes deudas de una relación lastimosa entre el sector y la administración anterior, los efectos de la pandemia, sumados a la inexperiencia de algunos de los nuevos colaboradores, frente al autosabotaje e intrigas de funcionarios del proyecto -que aún permanecen o fueron recontratados-, y la salida de la secretaria Margarita González Saravia, que fue invitada a finales de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de directora de la Lotería Nacional. Este periodo debe ser evaluado a partir de sus aciertos y desaciertos. Resalto el esfuerzo por fortalecer la cultura comunitaria, las llamadas “Caravanas culturales”, el extraordinario trabajo en “Los Chocolates” y la interlocución con Cultura 33+33 para retomar lo que la otra administración también impulsó de manera positiva pero tímida: la necesidad de una Ley de Cultura y Derechos Culturales para el Estado de Morelos.
Actualmente, Julieta Goldzweig, la nueva titular, enfrenta el reto de consolidar un equipo conformado por nuevos y viejos servidores públicos de las tres administraciones anteriores y recuperar la presencia territorial, y como cabeza de sector, frente a la falta de inversión, impulsar una política cultural estatal que articule esfuerzos y potencie capitales culturales y económicos, de los fideicomisos del MAC y el Teopanzolco. Debe reconstruir sus relaciones colaborativas con las instituciones culturales municipales y académicas como la UAEM. Está obligada a recuperar el diálogo participativo con el sector (con gestoras, promotores; cronistas, artistas, etc.) e impulsar de manera decidida el proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales con Cultura 33+33. Se tiene que relanzar la infraestructura estatal de museos en alianza con los centros culturales independientes y museos comunitarios; en fin, poner a trabajar a su gente en un creativo y efectivo programa de gestión de recursos. Ya esperamos el informe de su primer año de trabajo.
Como hemos visto, en Morelos transitamos lo mismo momentos críticos que de esplendor y florecimiento. Entre dos sexenios, el de Graco y el de Cuauhtémoc, la performatividad institucional ha impedido consolidar una institución cultural que sea capaz de atender y asumir los retos de una entidad cuya riqueza cultural, artística y científica debe ser motor de desarrollo. No han sabido dar respuesta a un sector cultural que, por su permanente condición emergente, necesita ser atendido y apoyado ante fenómenos como el sismo del 19 de septiembre de 2017 y la precarización económica derivada de la pandemia por Covid-19. Le han dado la espalda a la creatividad y a la innovación, es decir a una política sustentable y al desarrollo sostenible.
El ecosistema cultural en Morelos es ya harto complejo por su sistema de relaciones; en él interactúan la sociedad civil-ciudadanía-pueblo desde sus diversos contextos urbanos-campesinos-rurales-comunitarios-indígenas y los aparatos culturales del municipio, el Estado y la federación. Hay una verdad a la que el tiempo se ha encargado de signar su valor absoluto: no se defiende lo que no se conoce. De ahí la falta de presupuestos, de personas capacitadas y de desconocimiento de los territorios culturales sobre los que se gestiona una política cultural sin perspectiva de derechos humanos, de inclusión, de diversidad e igualdad.
Por ello, nuestro reto como sector es exigir que el Estado garantice la accesibilidad a partir de la necesaria descentralización de la infraestructura y los servicios culturales que hasta ahora solo se concentran en Cuernavaca y en algunas cabeceras municipales. Esa es la suerte que en muchas ocasiones han padecido la población en general y el sector cultural, y en consecuencia la gestión territorial del patrimonio cultural material e inmaterial de los morelenses.
Los eventos que he mencionado en estos artículos que con esta cuarta entrega concluyen, ponen en evidencia que las instituciones culturales son el resultado de un largo proceso social. Con los escombros de todo ese pasado nos toca la reconstrucción, pensar colectivamente para restaurar la salud de nuestro ecosistema cultural: con el gobierno, con los políticos, con los pesimistas, con ellos, sin ellos, contra ellos o a pesar de ellos. El emergentismo de las artes, el arte popular, las manifestaciones del patrimonio inmaterial, el surgimiento permanente de movimientos en defensa del patrimonio son productores de esperanza.
Saber en qué momento histórico estamos situados nos permite acciones comunicativas de interlocución y comprensión. Los artistas deben crear, innovar y los promotores debemos asumirnos como gestores de territorios reales, imaginarios y simbólicos de los que corremos el riesgo de ser despojados. No olvidemos que todes tenemos la obligación de asumir el reto de imaginar otros escenarios, otras posibilidades. Después de todo, la comprensión es producto de la conversación, es decir del encuentro y la convivencia. De ahí la invención de lo cotidiano, como lo pensó el historiador francés Michel De Certau. Reconozcámonos en lo mínimo y en la excepcionalidad. Necesitamos dialogar porque seguiremos construyendo el devenir cultural de Morelos. Podemos pensar diferente, pero hay que pensar colectivamente. En el día a día se construye la comunidad.
Gustavo Garibay López
es historiador, gestor cultural e investigador independiente del patrimonio cultural del Estado de Morelos, en donde ha sido servidor público. Es integrante del Movimiento Cultura 33, colectivo promovente de la Iniciativa Ciudadana de Ley de Cultura y Derechos Culturales. Es autor de diversos artículos sobre cultura y patrimonio. Próximamente publicará el libro 19/09/17 El epicentro es la memoria. Testimonios después del sismo en Morelos. Un ejercicio para la restauración del territorio cultural y las memorias colectivas.