Como todos los documentos de esta naturaleza, el Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2025-2030 no es para leer con un coco en la playa. Sin embargo, hay que empeñarse en estimular a que lo atiendan a detalle tanto quienes forman parte como aquellos que guardan expectativas de realización en el sector cultural, entendido como componente de la economía nacional. De él forma parte la cabeza de sector de la Administración Pública Federal que es la Secretaría de Cultura.
Subrayo la diferencia ya que el texto es presa de esa grave confusión. Una prueba de ello es cuando se afirma que entre los “desafíos estructurales”, se encuentra “avanzar hacia la implementación de herramientas como tabuladores mínimos de honorarios y criterios claros de contratación en el ámbito cultural (…)”. Eso es un problema de la Secretaría de Cultura, de todas las instituciones culturales públicas, de los sindicatos adscritos y de los trabajadores temporales. Para leerlo como intervención en la política laboral de las empresas y agremiaciones se debió dedicarle mucho más que la ligereza de un enunciado.
Como estas imprecisiones hay montones. El PSC consta de 44 páginas, cuatro objetivos, 22 estrategias, 135 acciones, 4 indicadores y un glosario de 82 términos que se quedó corto. Cosas de los números: unos objetivos contienen más acciones que otros. El asunto no es menor: de lo asentado se supone emanará la asignación de los fondos federales, como a partir de los indicadores obtendremos una parte sustancial de los resultados de la gestión.
Señalo justamente una ausencia que compromete la credibilidad del programa y su validez jurídica. No se establecen los instrumentos y criterios de evaluación de este. Mucho menos se logra sostener, metodológicamente, lo disperso tanto en la Visión al 2030, que debió incorporarse al final, como la alucinante Visión hacia el 2045, que no venía al caso, año en el que espero cumplir 84 primaveras para poder testimoniar que me equivoqué al señalar que es un despropósito mal escrito, como en general el texto es, en dichos de la secretaria Curiel, una secuencia de jeroglíficos.
Veamos otros ejemplos.
Del Eje Transversal 3 del Plan Nacional de Desarrollo, que determina la elaboración del Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, olvidaron sumar el indicador, a saber: “T3.5.1 Número de proyectos culturales para el fortalecimiento de las expresiones del patrimonio cultural, tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas apoyados en su carácter de sujetos de derecho público a nivel nacional”. La línea base en 2024 es de 826, para alcanzar 2,500 en 2030.
Se les pasó también el indicador 2.6 del PND. “Número de asistentes en acciones de capacitación, fomento a la lectura, servicios bibliotecarios y matrícula en escuelas del sector cultura”. Pasar de la línea base de 18 millones 375 mil en 2023 a una meta de 30 millones en 2030.
Luego hay afirmaciones sorprendentes alrededor de la leyenda negra del periodo neoliberal: “En las últimas décadas se han logrado significativos avances en el cumplimiento de las atribuciones federales de conservación, promoción y difusión de la cultura y el arte. Estos incluyen la formación de instituciones fuertes, una tradición cultural reconocida internacionalmente y un ecosistema creativo y dinámico que sigue generando talentos. Aunque aún persisten retos y desafíos por atender, estos logros ofrecen una base sólida para continuar progresando”.
Sin embargo, se lavan las manos: “Es importante reconocer que muchos de estos desafíos requerirán décadas para su resolución integral”.
El PSC no incorpora un balance de la gestión de AMLO-Frausto; el corte era obligado por la instauración de un régimen rupturista llamado 4T.
Luego, sobre la Ley General de Cultura y Derechos Culturales se generaliza sin nombrar a los involucrados: “Varias entidades federativas tienen pendiente armonizar sus legislaciones locales con los marcos federales”. Y se comete una omisión imperdonable: la ilegalidad irresuelta del artículo 8, referente a los vales de cultura para los sectores vulnerables.
Una más: la dependencia perdió la oportunidad de consultar al INEGI antes de elaborar los 4 indicadores. Celebro que se aten a la estadística las metas. Lo erróneo es que se han estimado al contentillo.
No escucharán: corrijan y promulguen de nuevo.
