La inversión anual en Productos de Propiedad Intelectual (PPI) en 2021 alcanzó la modestísima cifra de 55 mil 808 millones de pesos. Supongo que es equivalente a un pedacito del Tren Maya o unos cuantos tubos de la Refinería de Dos Bocas.
Hay otros datos que ilustran. La UNAM habrá ejercido este año cerca de 53 mil millones de pesos (mdp en adelante), los donativos del 2021 fueron de casi 47 mil mdp y Cinépolis, en ese mismo año, tuvo ventas netas por 59 mil mdp.
Así es: hace unos días se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El INEGI emitió un comunicado con variedad de lecturas. Si el valor de la inversión acumulada representó en 2021 el 3.8% del PIB, lo cierto es que en la serie presentada que arranca en 2008, la inversión por ciclos anuales observa un crecimiento más que modesto: sin push, sin cash para lo que el país demanda.
El gobierno de Felipe Calderón recibió en menos de 20 mil mdp la inversión en PPI y la dejó en 32.6 mil mdp. En la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó en 13.5 mil mdp hasta dejarla en 46.1 mil mdp. Con AMLO, a los tres años contados en la estadística, suma a favor 9.7 mil mdp, con la cifra citada al inicio.
En 2021, las sociedades privadas no financieras poseían 52.1 % del valor total de la inversión acumulada (acervos) en PPI, mientras que las públicas obtuvieron 26.4 por ciento. En tanto que el gobierno en general obtuvo el 12.4% y las sociedades financieras el 9.2 por ciento.
La propiedad intelectual, alecciona el INEGI, “es un conjunto de derechos que se otorgan a las y los creadores de obras como invenciones, obras literarias y artísticas, marcas comerciales, diseños y símbolos, entre otros”.
Estos derechos, se agrega en el comunicado 203/23 del 24 de abril pasado, “cuidan y controlan el uso y la explotación de las creaciones, les otorgan un valor económico y fomentan la innovación y la creatividad. La propiedad intelectual se protege mediante leyes y tratados internacionales. Algunas de las áreas que abarca son: derechos de autor, patentes, marcas registradas y diseños industriales, entre otras”.
Más interesante se pone el boletín de prensa cuando se repara en que, en Cuentas Nacionales, hay cinco categorías de activos de propiedad intelectual, a saber: Investigación y desarrollo, Exploración y evaluación minera, Programas informáticos y bases de datos, Originales de entretenimiento, literarios o artísticos y Otros productos de propiedad intelectual.
Lo digo porque en el escenario del sector cultural, es común cacarear la aportación de las industrias creativas. Pues resulta que, en activos, los Originales de entretenimiento, literarios y artísticos aportaron en 2021 un chirris: el 0.7%, lo que también significa un retroceso de 0.1% con respecto al año anterior.
En Programas informáticos y bases de datos, el porcentaje es de 25.3%, restando por desagregar en otro momento los valores por categoría. En el pastel, lidera Exploración y evaluación minera con el 38.0% e Investigación y desarrollo se toma el 6.2%. Otros productos de propiedad intelectual suman 29.9 por ciento.
Entonces, en la perspectiva de 14 años de conteos del INEGI, se antoja un callejón sin salida. Como en el caso del sector cultural, los PPI no tienen para cuando recibir un impulso que repercuta en la productividad.
Este terrible panorama tiene múltiples conexiones. Una de ellas se dio en estos días con el Reporte 2023 de la sección 301 de la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos (la USRT).
Nuestra patria acumuló 21 años en la lista de países con más rezagos en materia de defensa de la propiedad intelectual. Las líneas dedicadas a México están llenas de reproches por los incumplimientos legales y la incapacidad del gobierno para frenar la piratería, falsificación y distribución de productos.
Ahí está el push y el cash, a cargo de las bandas criminales como de mucha gente en la comodidad de sus hogares.
Fuentes:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_DMPI_23.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf
