La propuesta de una reforma cultural, por años insuflada, yace finalmente como una piedra que los arqueólogos del sector quizá documenten en los anales de la historia sectorial. La inercia ha sido y será el tónico insustituible en el quehacer público, con el plazo máximo del sexenato y en la planeación para el desarrollo, el mínimo de los 12 meses de rigor para ver lo que se puede llevar a cabo.
Conformes con lo irremediable, en la baraja del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Cultura puede al fin tomar la distancia definitiva con el organismo antecesor, el omnipresente Conaculta. Se trata de adquirir una fisonomía gracias a una labor interna e intensiva de reorganización.
En dicho proceso, se tiene en puerta una nueva versión del Reglamento Interior. Su publicación no significa un estatus intocable. De ocurrir, su temprana entrada en vigor es la oportunidad de enmendar de inmediato lo que en la aplicación se hará evidente.
En ese enjambre, destaca el Servicio Profesional de Carrera. Un invento del foxismo que a estas alturas de la 4T solamente recibió, a finales de 2023, una serie de enmiendas cosméticamente necesarias, pero que dejan intocada una escuela inoperante que ameritaría el borrón y cuenta nueva.
En los afanes de los ajustes sin reforma cultural es viable un Servicio Profesional de Carrera determinado para la secretaría, con parámetros similares al Servicio Exterior Mexicano. No es descabellado generar, con la anuencia de los legisladores, un sistema meritocrático ajustado a las vocaciones y necesidades de la dependencia. Tal arreglo sería parte de una serie de reingenierías con mirada al más allá para el más acá: tránsito modero a las futuras generaciones de trabajadores. Eso incluye lo que la base sindicalizada sabe hay que acometer: la renovación de relaciones laborales.
En el avance de ciertos cambios cuyo costo se apetece negociable a su vez con la Secretaría de Hacienda, está justamente que el despacho traslade instalaciones, acervos y decisiones que tienen que ver, en lo vertebral, con el pago en especie. Es factible un revolcón que incluya la posibilidad de la subasta de obras. El numeroso acervo alcanza para que particulares alimenten su coleccionismo sin que el Estado pierda incunables.
El interés por fortificar a la Secretaría de Cultura con los medios legales y presupuestales a la mano, con el beneficio de contar con la mayoría en el Congreso como encabezando las comisiones de cultura en las cámaras, pasa también por la Secretaría de Gobernación. El tiempo es propicio para comprender que el Archivo General de la Nación (AGN) es asunto de política cultural y no de seguridad interior.
Adscribir al sector cultural el AGN, como la calificación de películas, la certificación de publicaciones y la producción de la Hora Nacional, es apoderarse de lo intrínseco a una institución cultural moderna. Es participar de lo que la 4T sheinbaumnista espera realizar en el primer semestre de 2025: la desaparición de algunos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el de Transparencia, para que sus esencias se distribuyan en las carteras del Ejecutivo. En los paradigmas reinantes mucho de lo que hace la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, es materia de la política cultural.
Desde la creación del Conaculta, en 1988, y a partir de su separación de la Secretaría de Educación Pública en 2015, se evaden decisiones para el más allá. Debe ponerse en duda si el Fondo de Cultura Económica, las paraestatales Impresora y Encuadernadora Progreso, como Educal, así como las acciones de fomento a la lectura son más eficaces en la política educativa que la cultural. De sostenerse esta atribución a la SEP, entonces que Claudia Curiel le devuelva la Red de Bibliotecas.
La agenda facultades a revisión para fortalecer la dependencia que dejará Alejandra Frausto, tiene cabos sueltos en la Secretaría de Economía. Mientras que el vetusto Fonart logró volver a los fueros culturales, en las responsabilidades de la cartera de Marcelo Ebrard hay señalamientos claros hacia el artesanado mientras que se ignora olímpicamente la integración de una política económica para el sector cultural.
Por supuesto: hay mucho más que revisar y resolver, por ejemplo, en los ámbitos de las decisiones de la obra pública por sus implicaciones ambientales y de factibilidad cultural. Así es: convertir a la Secretaría de Cultura en un ente poderoso, es animar el pulso del desarrollo.
