A inicios de 2026, Oaxaca volvió a colocarse en el centro del debate nacional por una razón incómoda: el saqueo arqueológico. Dos casos recientes —San Pedro Jaltepetongo y Huitzo— expusieron no solo la fragilidad del patrimonio cultural mexicano, sino también las profundas grietas institucionales, sociales y comunicativas que rodean su protección.
El primero ocurrió el 10 de enero de 2026, cuando un creador de contenido conocido como Señor Blue difundió en redes sociales el hallazgo de una tumba del periodo Clásico Tardío (1300–1521 d.C.) en San Pedro Jaltepetongo. El contexto era arqueológicamente extraordinario: vasijas completas, obsidiana, joyería de oro y piedras verdes. Sin embargo, el problema no fue el descubrimiento, sino lo que vino después. Antes de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pudiera intervenir, los pobladores extrajeron los materiales, aun con autoridades municipales presentes. Legalmente, el acto constituye saqueo.
La controversia dejó al descubierto un choque de tres dimensiones. En lo legal, la ley mexicana es clara: solo personal acreditado por el INAH puede excavar y manipular bienes arqueológicos. En lo social, emergió una tensión histórica: las comunidades se asumen como herederas legítimas de ese pasado y desconfían de instituciones que, durante décadas, han sido percibidas como extractivas. En lo comunicacional, el caso evidenció un vacío crítico: no existen protocolos claros, difundidos y comprensibles para la ciudadanía sobre cómo actuar ante un hallazgo fortuito.
Semanas después, el segundo caso reforzó una sensación de déjà vu. El INAH anunció el registro de la Tumba 10 en San Pablo Huitzo, una cámara funeraria con relieves y pintura mural de enorme valor científico. Pero el registro ocurrió tras una denuncia de saqueo: los objetos y restos humanos ya no estaban. La intervención institucional llegó, otra vez, tarde. El proyecto actual se concentra en conservar lo que quedó: muros, pigmentos, arquitectura. El daño, sin embargo, es irreversible.
Ambos episodios son síntomas de un problema mayor. México cuenta con entre 60 000 y 70 000 sitios arqueológicos registrados, una cifra imposible de atender con los recursos humanos y financieros actuales. A ello se suma la precariedad laboral que enfrentan arqueólogos desde hace décadas y una narrativa oficial que durante años minimizó el problema. Basta recordar la declaración del director del INAH en 2018: “En México no existe el saqueo arqueológico”. Hoy, la evidencia demuestra lo contrario.
La desconexión con las comunidades agrava el panorama. Para muchas poblaciones, la arqueología sigue siendo sinónimo de despojo. Los procesos científicos son largos —una investigación integral puede tardar entre cinco y diez años—, pero esa temporalidad rara vez se comunica. El silencio institucional deja espacio a interpretaciones erróneas y a la idea persistente de que la arqueología es una “caza de tesoros”.
En este escenario, el papel de los medios y creadores de contenido es crucial. La exposición irresponsable de sitios no explorados o cerrados al público puede facilitar el saqueo. Frente a ello, proyectos de divulgación ética han optado por no mostrar ubicaciones sensibles y por explicar los procesos, no solo los hallazgos.
La discusión apunta hacia una salida cada vez más clara: la arqueología comunitaria. Especialistas como Manuel Gándara han insistido en que, sin la participación activa de las comunidades, la protección del patrimonio es inviable. No se trata de museos simbólicos ni de discursos paternalistas, sino de modelos realmente compartidos, donde el conocimiento, la vigilancia y la toma de decisiones se construyan desde lo local.
Los casos de Oaxaca no son excepciones aisladas. Son advertencias. El saqueo arqueológico no solo roba objetos: rompe contextos, borra información científica y fractura memorias colectivas. Proteger el pasado implica algo más que leyes y excavaciones. Exige comunicación, educación y corresponsabilidad. Porque cada tumba saqueada es una historia que ya no podremos contar.
