Sector cultural ¿crecimiento económico?
Lo que será una cosmética como asfixiante reestructuración de la Secretaría de Cultura es un
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Una por semana. Estimo que serán alrededor de 40 tarjetas las que entregaré de este fin de junio de 2023, verano en popa, hasta febrero de 2024, invierno en tránsito, elecciones federales en puerta.
El propósito se emparenta con el búnker de campaña del sector cultural, instalado por el GRECU el pasado 8 de junio, con primavera ardiente. Son mi nueva (reiterada) cosecha de cara a un relevo más de las máximas autoridades de la democracia mexicana.
Quizá el contenido de alguna de estas tarjetas se refleje en el documento que el búnker espera tener listo en diciembre de 2023. Ya veremos. Es natural ser más radical a solas que acompañado.
Estas tarjetas son, pues, una renovada lectura que hago del sector cultural. El acento será en exponer soluciones, pues de diagnósticos llenos, basta remitirse a copiosas fuentes. Por ello es el remedio y el trapito con vista tanto en la integración de las plataformas de los partidos como insumo para las campañas.
Y cuando por febrero de 2024 podamos reunir las tarjetas, encontraremos un tarjetero con una batería de propuestas por cada ámbito nodal del sector cultural: desde lo público, lo privado y lo social. Las iremos intercalando para crear el acervo, no para dar sentado orden de importancia.
De ahí crearle un nicho especial en este Paso libre.
1. La Secretaría de Cultura debe transformarse en un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, o bien, como una dependencia adscrita al titular del Ejecutivo Federal cuya denominación podría ser Sistema Nacional de Desarrollo Cultural de México. Sería dotado de un consejo directivo que represente al sector cultural y que designaría, a partir de una terna propuesta por el presidente de la república, al director general del Sistema. Se trata de un cambio radical en la definición de las políticas culturales.
2 Una nueva instancia implica la redefinición de las responsabilidades del Estado en el sector cultural, una reordenación administrativa que permita mejorar la calidad de los programas que incorpore y una reorganización de la fuerza laboral en todos sus niveles. Supone redistribuir políticas y funciones entre otras dependencias de la Administración Pública Federal, entre los gobiernos estatales y municipales, así como entre instituciones de educación superior públicas al igual que en organizaciones no gubernamentales, con el fin de hacer viables los procesos de corresponsabilidad, desconcentración y descentralización operativa y presupuestal que por décadas han sido pospuestas.
3 La dimensión de las responsabilidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reclaman una transformación integral del organismo. Incluso ponderar que se convierta en una secretaría de Estado. Desde la perspectiva de pertenencia a un Sistema Nacional, en lo básico debe dotársele de mayor autonomía para generar reformas orgánicas, para abrir la intervención privada en ciertos campos, para ampliar los recursos generados por el patrimonio que preserva y administra, así como facultarlo para crear empresas sociales, entre otras atribuciones que fortalezcan el robustecimiento de sus tareas.
4 En relación al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se estima debe ser refundado como un Instituto Nacional de Promoción Cultural, trasladando todas sus atribuciones educativas y de investigación, así como personal, presupuesto e infraestructura a la Secretaría de Educación Pública. La alternativa de crear la Universidad Autónoma de Educación Artística, a efecto de potenciar la formación profesional e investigación artística de México, sigue vigente. Además, el nuevo instituto absorbería las dependencias de ese perfil de la Secretaría de Cultura, como el Festival Internacional Cervantino, el Centro de la Imagen, etc. Un agrupamiento de esta naturaleza potenciaría el derecho a la cultura y la generación de empleo.
5. Es menester que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) se convierta en el ya proyectado Instituto del Audiovisual, atraer a su estructura las políticas dispersas en la Secretaría de Gobernación, adscribirle las cinetecas, dotarle de la capacidad de ser garante sobre las cuotas de pantalla y como en un caso con cierta semejanza al del INAH, brindarle facultades para administrar los impuestos y otras prerrogativas del negocio del cine, como el IVA en el boletaje de los cines privados. Debe concentrar todos los elementos fiscales de la cadena de valor y revertirlos en un fondo de inversión con perfil de banca de desarrollo para fomentar la industria fílmica nacional, las coproducciones con capitales extranjeros, la exportación de películas subtituladas, así como la inversión extranjera en entidades federativas con vocación audiovisual.
6. En tanto empresas paraestatales, el Fondo de Cultura Económica, Impresora y Encuadernadora Progreso y Educal deben fusionarse en un solo ente adscrito al nuevo Sistema, es decir, saliendo de la sectorización de la SEP. Están dadas las condiciones de viabilidad de un corporativo, cuyas funciones serían, además, establecer una relación de colaboración y apoyo con la industria editorial mexicana. La búsqueda de un circulo virtuoso en el cual el mercado pueda gozar de armonía y oportunidades, debe ser el eje de una política pública conectada con el fomento a la lectura; de igual manera con el consumo del libro en todos sus formatos, con las condiciones de producción como de distribución y con las capacidades exportadoras de la industria.
7. La nueva entidad pública debe estimular la autonomía de las instituciones culturales de los estados, así como el fortalecimiento de los recursos públicos destinados a las mismas, mediante la instalación de un fondo de inversión nacional de recursos concursables. Este modelo puede inspirarse en experiencias internacionales para una adecuada integración de aportaciones de acuerdo con el PIB de cada estado en función de las condiciones de cada sector cultural en las distintas entidades federativas. Es importante que cuente con un órgano rector que garantice imparcialidad en la distribución de fondos que fomenten la competitividad y por ende, el desarrollo cultural.
8. El nuevo Sistema, en réplica de lo anterior, deberá alentar entre las instituciones de educación superior públicas y privadas la instalación de un fondo de inversión nacional. Al tener características similares al de las instituciones culturales de los estados, pero respondiendo al papel de las IES, deberá diversificar el alcance de los beneficios entre la comunidad cultural en el territorio nacional.
9. Respecto a la postergada política fiscal para el sector cultural, el Sistema deberá proponer a los poderes Ejecutivo, para efectos de la Miscelánea Fiscal, como al Legislativo, para los cambios que demandan su intervención, los ajustes necesarios para favorecer tanto las actividades productivas, como la modificación, la consolidación y la ampliación de los incentivos fiscales (Eficine, Efiartes y demás mecanismos) al igual que para ampliar los márgenes de deducibilidad de las organizaciones donatarias culturales. En esta perspectiva, se debe buscar que los gobiernos estatales y municipales se vean beneficiados por dichas reformas fiscales para robustecer sus propios medios de recaudación a favor del sector cultural. Complementariamente, resulta indispensable incorporar a los empeños por un desarrollo cultural al Banco de México.
10. De igual forma, es factible que el Sistema proponga al Poder Legislativo llevar a cabo la actualización de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, como del corpus de derecho cultural mexicano a efecto de favorecer un marco jurídico acorde a la realidad nacional e internacional. Complementariamente resulta importante actualizar las leyes pares en los estados y donde no existen, acompañar a los gobiernos para su pronta elaboración.
11. El nuevo Sistema debe ser un ejemplo en la transversalidad de sus acciones, y en el caso de la cooperación cultural internacional, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de sus competencias y atribuciones, promover la creación del postergado Instituto de México, o bien con una figura similar, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido a partir de las experiencias más notables del entorno internacional, tanto para su operación, como para su financiamiento.
12. El Sistema debe estrechar la relación con el INEGI, no sólo para efectos de la ampliación de las capacidades de la Cuenta Satélite de la Cultura, también para incrementar las herramientas de conocimiento sobre el sector cultural, así como la difusión y aprovechamiento del vasto acervo por parte de la sociedad. Ambas instancias, para multiplicar sus objetivos, verán por el destino del Sistema Nacional de Información Cultural, como por la creación de un órgano consultivo que, de manera conjunta, genere políticas y las acciones complementarias para estimular la cultura estadística del país.
1. La posibilidad de contar con un Sistema de Desarrollo Cultural de México permitiría convocar a las empresas mexicanas y de otros países que forman parte o que inciden en el sector cultural del país, a efecto de acordar un programa de trabajo que fomente la productividad del mercado cultural. El desempleo y la falta de oportunidades impide que la creatividad genere riqueza. El esfuerzo debe dirigirse a las unidades económicas con potencial para crecer, al tiempo de brindar oportunidades a emprendimientos novedosos. Urge una política económica para el sector cultural.
2. Se estima conveniente alentar de manera decidida el conocimiento del sector cultural de México entre la sociedad. Por lo que refiere al mercado cultural, es necesario que, desde un conjunto de políticas transversales, se fortalezca una intervención decisiva de numerosos organismos e instituciones públicas como autónomas para alentar su desarrollo. Por lo que atañe a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), su colaboración debe ser más sensible en la orientación del sector cultural, fomentando la armonía entre los agentes económicos y promoviendo las posibilidades que la Cofece ofrece en el marco de sus atribuciones.
3. El Sistema que en este conjunto de tarjetas se perfila deberá asumir entre sus compromisos para el desarrollo, estimular la creación de una Cámara Nacional del Sector Cultural, agremiación que sea interlocutora y mediadora a favor de las políticas, programas y acciones para impulsar tanto el mercado cultural, como las capacidades exportadoras. El que la diversidad sectorial pueda estar representada en bloque, sin menoscabo de las distintas organizaciones existentes, repercutiría en políticas y acciones coordinadas para bien del crecimiento económico de los bienes y servicios culturales.
4. El Sistema que en estas tarjetas se idealiza, también debe proponer al Poder Legislativo, con la participación del sector privado de la cultura en todos sus niveles, las reformas, cambios y adecuaciones para mejorar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas culturales. Se entiende que, de acuerdo con las condiciones que se convengan, parte de esas iniciativas irán armonizadas con la política fiscal para el sector cultural en su conjunto. Se considera central una nueva revisión a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, bajo el convencimiento de que las modificaciones que pudieran lograrse, estimularán ajustes en leyes similares en los estados y municipios de la república.
5. El sector privado en cultura y el Sistema deberán tener una presencia permanente en las instancias de decisión de política económica, de política medioambiental y de política hacendaria. También ser parte actuante en cualquiera de las negociaciones de tratados y convenciones internacionales de comercio para velar por los intereses del sector cultural, con derecho a voz y voto.
6. Se deben favorecer las condiciones para que la banca de desarrollo como la privada generen productos bancarios dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas culturales, como también para profesionales que desean llevar a cabo comercio cultural con bienes y servicios. El apalancamiento mediante el crédito es otra urgencia del sector cultural. Incluso se puede ir más allá: financiamiento para las acciones de gobierno que incidan en el mercado, como la inversión en infraestructura. El consumo cultural es un nicho que demanda, a su vez, otras facilidades que potencien su papel en la economía.
7. Por lo que refiere a los bancos, fondos y organismos internacionales de carácter financiero en los que participa México, se hace necesario incorporar capítulos relacionados con el desarrollo del sector cultural en el orbe, en nuestra nación. Se trata de fomentar la especialización de un cuerpo directivo sensible a estos menesteres, como las capacidades exportadoras de las empresas culturales mexicanas, de acceder a créditos de entidades del exterior para impulsar la infraestructura cultural mediante asociaciones público-privadas y de generar importaciones de capital y de recursos humanos que fortalezcan el mercado interno.
8. A efecto de combatir la piratería de productos y diseños artesanales, de derechos de autor, de reproducción de bienes arqueológicos como el comercio ilícito de dichas piezas, como otras prácticas que perjudican la economía cultural y el patrimonio nacional, se hace indispensable crear la marca México. Es hora de generar una franquicia que permita a los empresarios tanto nacionales como extranjeros forjar una cadena de establecimientos comerciales donde los consumidores de distintos países puedan adquirir productos culturales mexicanos.
9. El Sistema favorecerá la transparencia, la equidad y la competencia en las compras como en las adquisiciones y adjudicaciones que tengan lugar en el ejercicio presupuestal de sus dependencias, instituciones y empresas paraestatales. Por la naturaleza del nuevo organismo, a partir de la valoración de experiencias como la del INE con relación a la aplicación de los fondos destinados a los partidos políticos, establecerá una serie de condiciones para contar con un catálogo nacional de proveedores. La adecuada dispersión del gasto público entre un mayor número de empresas culturales, consolidará la competitividad en la economía del sector.
10. Es factible estimular las asociaciones público-privadas para la instalación de
espacios representativos de México en el exterior. El sistema verá por una labor
conjunta entre las secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía y del Banco
Mexicano de Comercio Exterior, para fomentar entre las empresas mexicanas con
operaciones en distintos países, al igual que con consorcios transnacionales, la
inversión en infraestructura que beneficie la cooperación cultural y comercial
bilateral y multilateral.
1 Un Sistema Nacional de Desarrollo Cultural debe concretar la armonización de la Ley Federal del Trabajo a las condiciones prevalecientes en el sector cultural y dotarle de la clasificación que garantice el respeto a los derechos laborales, económicos, humanos y culturales.
La dislocación entre las características que privan en el mercado laboral y lo que reconocen los marcos legales impiden lograr mejores condiciones de trabajo. Ocurre por igual en los dominios del sindicalismo, de las burocracias, como en las empresas y el trabajador por cuenta propia.
Vaya, no ha sido posible en lustros aceptar una definición de trabajo cultural y de trabajadores de la cultura.
Se ha señalado, con razón que, así como existe un código civil y uno fiscal, es tiempo de levantar un código de derecho cultural.
2. Entre sus tareas, el Sistema también debe buscar someter a revisión el marco legal de las organizaciones no gubernamentales de carácter cultural, a efecto de enriquecer sus capacidades así como facilitar el crecimiento de dichas instancias en los estados y municipios donde su presencia es mínima. Es necesario que la política hacendaria como fiscal cambie los criterios con los cuales determina la viabilidad de las donatarias culturales al igual de aquellas que no lo son pero que resultan benéficas al desarrollo local. Hay que potenciar al ámbito social como parte de la dinámica económica del sector.
3 En sentido de lo anterior, se puede citar como ejemplo una medida que, de adoptarse, brindaría grandes beneficios al desarrollo del sector cultural. Que las donatarias culturales como las organizaciones que no lo son, fueran auditadas cada cuatro años. Los tratamientos fiscales dirigidos al desarrollo cultural son aliento a la productividad, no deben verse como excepciones, privilegios o simples subsidios cruzados; son tan relevantes como los que se observan en otros ámbitos de la economía nacional, como el caso de la industria maquiladora, la construcción y el autotransporte.
4. A su vez, el Sistema deberá ver por los trabajadores de la cultura no asalariados. Se trata de consolidar los procedimientos para su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Fondo de Vivienda del ISSSTE. En ese sentido, debe modificarse el marco jurídico que permita a las dependencias de la Administración Pública Federal, de los estados y municipios, así como a las universidades públicas y privadas como a las organizaciones no gubernamentales, incluir en todo pago por servicios profesionales una previsión de cuota que el trabajador traslade tanto al IMSS como al FOVISSSTE. No es del todo un despropósito: la mayor parte del empleo en el sector cultural es eventual, por lo demás un fenómeno que seguirá en aumento año con año; su abundancia debe verse como un compromiso que es viable atender a efecto de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y, por ende, la calidad de vida de la comunidad cultural.
5. El Sistema puede estimular un acuerdo con las grandes empresas aseguradoras que permita, a los trabajadores de la cultura que así lo decidan, acceder a póliza de seguros de gastos médicos mayores. Independientemente de la afiliación al IMSS, se puede buscar un mecanismo para que el Sistema opere como concentradora de los solicitantes y obtener un mejor tratamiento en el costo de la prima. Se trata de seguir un esquema similar al de empresas que aseguran a sus trabajadores obteniendo por lo mismo diversas ventajas.
6. Se busca ampliar la noción hasta ahora existente de política laboral, de derechos de los trabajadores del sector cultural. En esa perspectiva se plantea otorgar protección básica a la comunidad de no asalariados por ocurrirles un accidente laboral, por pérdida de capacidades para desempeñar su profesión u oficio o bien por la imposibilidad de generar ingresos. Hablamos de algunas situaciones, de muchas, que requieren de establecer un seguro de desempleo. El Sistema que se propone buscará las condiciones para garantizar a atención a estas personas.
7. El Sistema deberá alentar la colaboración de la comunidad cultural y las organizaciones no gubernamentales con empresas de diferentes sectores productivos. Se trata, por un lado, de estimular la circulación comercial de bienes y servicios culturales, al tiempo de ampliar las alianzas con las entidades con calidad de donatarias. Por otro lado, lograr que algunas de esas relaciones se conviertan en beneficios socioeconómicos para los trabajadores a través de convenios, intercambios y descuentos en el consumo.
8. De igual manera, el Sistema podrá propiciar un acuerdo con las autoridades hacendarias y fiscales, con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y con las Afores privadas, para exentar de cualquier tipo de impuesto a quienes decidan retirar la totalidad de sus fondos de ahorro a partir de los 60 años. En la actualidad la ley castiga al ahorrador que no haya cumplido los 65 años convirtiendo en ingreso el dinero que decide retirar a partir de cierto monto, pues varía según lo que la persona tenga en la cuenta.
9. En el caso de los trabajadores de la cultura dedicados a la producción artesanal, el Sistema, en coordinación con el INEGI, deberá consolidar un registro nacional y la inclusión de un Módulo como parte de la Cuenta Satélite de la Cultura. Con ello se buscará estar al día de esta actividad económica de la cultura que es preponderante a nivel nacional, proteger los derechos autorales como industriales de los artesanos, así como proponer a las autoridades hacendarias y fiscales la exención total de impuestos a la comercialización de dichos bienes, salvo en los casos de que se evidencie prácticas desleales o monopólicas, así como para la importación de bienes similares y para la exportación de dichos acervos.
10. Por la situación que priva desde hace décadas en la comunidad de participantes de la danza contemporánea, el nuevo Sistema debe propiciar una declaratoria nacional de protección y estímulo a esta actividad artística, subsidiando en su totalidad el trabajo de los bailarines y coreógrafos mexicanos. Se trata de salvaguardar las libertades creativas, la competitividad, la independencia de los grupos estables y de las personas en su actividad, otorgando las condiciones y los recursos necesarios para consolidar su aporte a la cultura de México.
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