CUERNAVACA. En el año 2012 surgió el Movimiento Cultura 33 (hoy Cultura 33+3), colectivo que se propuso reconstruir vínculos a través de foros de encuentro y mesas de discusión entre los actores culturales de los entonces 33 municipios de Morelos, con el objetivo de incidir en la toma de decisiones para el diseño e instrumentación de políticas culturales públicas en defensa del patrimonio cultural material e inmaterial, como se manifestó en la Declaración de Tepoztlán.
Durante ese tiempo, con la transición del Instituto de Cultura de Morelos a Secretaría de Cultura (SC), se llevó a cabo el Seminario Legislación Cultural y Políticas Públicas en Morelos -espacio de reflexión nutrido con la participación de especialistas, los integrantes del movimiento y otros actores independientes- y se conformó un equipo de trabajo que, acompañado de la entonces Secretaría de Cultura de Morelos, realizaron tres conversatorios y 28 foros municipales de consulta para la redacción del proyecto de ley de cultura que ahora, con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura y el Congreso del Estado, trabaja en un documento de ley que refleje el “sentir cultural” de los morelenses.
El movimiento Cultura 33 reivindica esa riqueza cultural y potencial creativo, patrimonio de los morelenses, pues de acuerdo con estimaciones de investigadores, antropólogos, historiadores, sociólogos, promotores culturales y especialistas en cultura popular, se estima que hay alrededor de quince mil artistas, artesanos y creadores, y más de cinco mil expresiones de patrimonio cultural intangible o inmaterial, entre ellas: carnavales, ferias tradicionales, fiestas patronales, expresiones de música, teatro religioso y danza populares de tradición indígena y afromexicana, rituales, cocina de recolección y tradicional, así como diversos festivales artísticos.
La entidad cuenta con diez zonas de reserva y áreas naturales protegidas de una riqueza natural apreciada durante siglos por propios y extraños, y en donde se desarrolla la vida social, cultural y de producción agrícola de los campesinos morelenses y los trabajadores migrantes de otros estados del país.
Gracias a las luchas campesinas, algunos de estos sitios han sido protegidos desde la primera mitad del siglo XX y otras en fechas más recientes: Sierra de Huautla, Tepalcingo y Tlaquiltenango (1933); Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, Tetela del Volcán (1935); Parque Nacional Lagunas de Zempoala en el municipio de Huitzilac (1936); Parque Nacional El Tepozteco, Tepoztlán (1937); Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, Cuernavaca (1965); Corredor Biológico Chichinautzin en los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Yautepec, y parte de Cuernavaca (1988); Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal , Yecapixtla, Cuautla y Ayala (1993); Sierra Montenegro (Barriga de plata y Cañón de Lobos) en Yautepec Zapata, Jiutepec y Tlaltizapán (2008); Reserva Estatal Las Estacas, Tlaltizapán (2008); El Texcal en Tejalpa, Jiutepec (2010).
En materia de declaratorias, Morelos posee dos declaratorias de patrimonio mundial por la UNESCO: una de ellas refiere a los primeros Monasterios del Siglo XVI en las laderas del Volcán Popocatépetl (1994), ruta que integra doce de los catorce conventos coloniales. La otra es de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco (1999), ciudad prehispánica que fue edificada en la segunda mitad del siglo VII y “es un ejemplo excepcionalmente bien conservado y completo de un asentamiento fortificado del Período Epiclásico de Mesoamérica”, como lo manifiesta la declaratoria.
Como lo mencioné en la primera entrega después de la reforma agraria de 1994, el cambio de uso de suelo en predios adyacentes a los polígonos de todas estas áreas protegidas, los incendios provocados, la deforestación y tala inmoderada siguen constituyendo amenazas graves para la conservación de las zonas de interés cultural. A esto se agrega la falta de planes de ordenamiento territorial y ecológico que garanticen la gestión ética, sostenible y sustentable de los recursos naturales y de las políticas de desarrollo urbano y de protección a esa vasta riqueza patrimonial, pues hasta ahora, Cuautla es la única ciudad que cuenta con una declaratoria federal.
Solo algunos municipios cuentan con normatividad vigente sobre patrimonio cultural tangible: Tlayacapan, que tiene un plan de manejo en función del programa pueblos mágicos, y Yautepec con dos reglamentos, uno de construcción y otro especializado en imagen urbana, la capital del Estado que cuenta con su Reglamento de Imagen Urbana para el Centro de la Ciudad de Cuernavaca, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales, el Reglamento de la Zona de Monumentos denominada Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca y el Reglamento de anuncios para la Ciudad de Cuernavaca. La Declaración del Centro Histórico y Manifiesto del mismo fue por Acuerdo de Cabildo. Sin embargo “Centro Histórico” es más una categoría y no constituye por sí misma una declaratoria, pues la Ley Federal sobre Monumentos establece las Declaratorias de Zonas de Monumentos. Un caso similar ocurrió con el municipio de Jiutepec que, en 2016, a través del periódico oficial publicó la Declaratoria del Patrimonio Histórico, Cultural Material e Inmaterial del Municipio de Jiutepec, Morelos.
En materia de patrimonio material, en el estado de Morelos hay más de mil sitios arqueológicos, más de diez mil bienes muebles, más de cuatro mil monumentos históricos y un acervo documental incalculable hasta ahora sin catalogación completa, a pesar de veinte años de esfuerzos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por ello, resulta imprescindible la coadyuvancia con la federación para la actualización de los inventarios y la incorporación de aquellos inmuebles que no fueron considerados, así como el análisis estadístico de los procesos de pérdida y afectación.
Muchos inmuebles, sobre todo los del patrimonio vernáculo, dejaron de existir antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues los destruyó la negligencia y la omisión de las autoridades ante la falta de acciones preventivas, contingentes y emergentes. En el futuro, la ley de cultura del Estado de Morelos deberá considerar los procesos de emisión de declaratorias en el ámbito municipal y estatal, evitando con ello la amenaza de pérdida y destrucción.
Por su cercanía a la Ciudad de México, como lo he mencionado, el estado posee una vocación educativa, creativa, artística, científica, tecnológica y de innovación, pues alberga y cuenta con dos instituciones de educación artística: el Centro Morelense de las Artes y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de ochenta centros culturales, y cincuenta museos y espacios galerísticos públicos y privados. A esto se suman cuarenta y dos centros e institutos de investigación, tres laboratorios nacionales con más de trescientas líneas de investigación y siete oficinas de transferencia tecnológica certificada, de la más alta calidad, que definen el presente y el futuro del conocimiento desde nuestra entidad para México y el mundo.
A pesar de toda esa riqueza cultural, de su potencia creativa, en la última década del siglo XXI, el sector cultural de Morelos se ha visto asediado por una serie de fenómenos que han obstaculizado su pleno desarrollo. Entre ellos, la inseguridad, la violencia del narcotráfico, la corrupción, el sismo de 2017 que, aunados a una serie de transformaciones institucionales, y actualmente a la pandemia, han implicado efectos políticos y económicos que han modificado las relaciones entre el sector cultural y el gobierno, así como la gestión del patrimonio cultural, como lo veremos en la cuarta y última entrega de esta serie.
