Lo que será una cosmética como asfixiante reestructuración de la Secretaría de Cultura es un misterio que habrá de revelarse en días. A contrapelo, ni una palabra ha fluido, desde los tiempos de la campaña de Claudia Sheinbaum, alrededor del papel del Estado en el desarrollo sostenible del sector cultural. Por si fuera poco, muchos de los compromisos plasmados en “100 pasos para la transformación” han quedado, hasta ahora, en el olvido.
Ante tal escenario regreso a ciertas ideas que, en el sentido de la integración de una política económica para el sector cultural, vienen al caso por entrar en el torbellino del paquete económico del año 2025. Insisto en ellas no solo por su viabilidad; también porque, a diferencia de otras gestiones, los actores políticos involucrados gozan de un poder que sus antecesores no tuvieron para hacerlas realidad. Para ellas, ellos y todos los demás que las aguardan, de no ocurrir, las pérdidas serán reprochadas por los millones de desempleados.
Con o sin una reforma cultural, es propicio instalar un Comité por el Desarrollo Cultural de México. Una suerte de asamblea, de carácter honorario, con representantes de los ámbitos privado y social quienes, al lado de los directivos de las instituciones del gobierno, colegien políticas y decisiones económicas en beneficio del sector cultural. En esa perspectiva resulta conveniente que participen ciertos organismos internacionales, así como países industrializados cuya economía cultural es poderosa.
Dicho órgano estaría en posibilidades de favorecer las condiciones para crear un fondo de inversión para estimular la generación de microempresas, alentar ciertas actividades comerciales y procurar empleo temporal. Otro fondo similar puede constituirse con aportaciones de las instituciones de educación superior públicas y privadas, para promover las cadenas productivas de sus campos de influencia.
El Comité podría apalancar ciertas medidas en apariencia temerarias, pero que en realidad no son de consecuencias graves para las finanzas públicas. Sus efectos benéficos son compensatorios, como abren cadenas de valor en el mercado. Por ejemplo, que el IMCINE (o de ser el caso, el Instituto del Audiovisual que una nueva ley busca crear) establezca un fondo de inversión con perfil de banca de desarrollo, a partir de la recaudación de los impuestos de la industria cinematográfica.
Lo anterior ni es una osadía, como tampoco un hallazgo científico. El gobierno aplica ciertas modalidades en el sector de la construcción, de las maquiladoras o el autotransporte. Se trata de facilitar el uso de impuestos y derechos con carácter revolvente (como lo son, en la ruta, los subsidios cruzados que generan los donativos). Se busca que el dinero retroalimente en directo a la industria audiovisual.
Esto es algo que el INAH ha buscado sin éxito, debido a sus restricciones legales y a la insensibilidad histórica de las autoridades hacendarias. Convertir sus entes de ingresos en empresas sociales, para que el dinero que se recauda se quede en el instituto. Además, para instalar otros mecanismos de fomento financiero para responder con rapidez a las demandas que genera el patrimonio.
La cancha de juego del Comité puede ser concertante con la banca. La gubernamental, a pesar de su escasa solvencia, y con la privada que por modorra no lo hace, conformada con sus fundaciones. Hablamos de impulsar productos financieros dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas culturales. Darle, al fin, carta de naturalización al sector cultural como sujeto de crédito.
Otras posibilidades del Comité están en la agenda ordinaria. Es el caso del Eficine, el Efiartes y las organizaciones donatarias, que requieren ampliar sus márgenes de deducibilidad y disminuir sus trabas fiscales como burocráticas. Otro tanto atañe a medidas dirigidas a los gobiernos estatales y municipales que estimulen captar recursos en apoyo de sus economías creativas.
Una sólida política económica para el sector cultural detonaría el postergado surgimiento de una Cámara Nacional del Sector Cultural. Una organización que medie y defienda los intereses de sus empresarios. Un ser gremial que administre la marca “México” en la cual se concentren productos de capacidad exportadora. Incluso podría generarse una franquicia que promueva el comercio de bienes culturales en puntos estratégicos del mercado global.
Sin política económica, el subsidio ordinario seguirá condenado al fracaso.
Interesados ver
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/galvez-y-sheinbaum-cortes-culturales-11713323.html
https://pasolibre.grecu.mx/generan-donatarias-235-mil-millones-en-2023/
