La llamada ‘ajolotización’ de la Ciudad de México, la creciente mercantilización del patrimonio cultural, la apropiación política de símbolos comunes, son fenómenos culturales que nos empujan a reflexionar sobre la planeación pública, el uso de los recursos colectivos y los mecanismos de participación ciudadana.
Diversas intervenciones recientes sugieren que la dimensión estética de la acción pública no siempre está acompañada de mecanismos amplios de participación ciudadana ni de criterios claros de utilidad social, corriendo el riesgo de distorsionar la relación de la población con su patrimonio y su territorio, algo que no es un quiebre menor.
Dentro de las obligaciones gubernamentales, está la de velar, jerarquizar y asumir un equilibrio entre el gasto público, la estética del espacio público y el uso del patrimonio, en el mejor de los casos hacer de ese gasto una verdadera inversión, que beneficie no solo de manera estética a los visitantes, sino y sobre todo de manera funcional y operativa a quienes habitan todos los días dichos espacios, a fin de que disfruten su territorio, más que padecerlo.
Las prioridades públicas son muchas, y no necesariamente la principal es la imagen por sí misma, mejorar los servicios, la forma en que se habita el territorio, la infraestructura e invertir en la educación de los habitantes dan como resultado una mejora en los entornos, sin embargo, con frecuencia se actúa como si la transformación visual fuera suficiente para producir una mejora sustancial en la vida colectiva. En ese sentido el precio de la estética pública corre el riesgo de ser un gasto infructuoso, y que el gobierno trasmita el mensaje de que la imagen es más importante que la ciudad misma.
Mejorar la imagen sin transformar sustancialmente las verdaderas necesidades de los habitantes, es construir una escenografía urbana que no corresponde a la realidad, peor aún, es construir un entorno donde se profundiza la disonancia entre el espacio y sus habitantes, una grieta entre imagen y realidad, en resumen, una estética pública desvinculada de la experiencia cotidiana.
Embellecer la ciudad es algo necesario, pero, ¿cómo se jerarquiza? ¿cuál es la consecuencia de ese enfoque que descuida a la ciudadanía en la construcción de la estética del espacio público? Es sin duda un tema de presupuesto, pero también de respeto a la legislación vigente y por tanto de gobernanza y derechos, no se cuestionan las acciones de embellecimiento en sí, sino ¿qué mecanismos de participación ciudadana existen para decidir dichas inversiones, qué voces se escuchan para saber que patrimonio se privilegia y cuál se invisibiliza? Un ejemplo es la Casa del Poeta Ramón López Velarde, que por poco desaparece, ante la decisión de cambiar su nombre y vocación.
Los recursos públicos no son infinitos, por ello es que se espera que la administración pública del gobierno sea óptima, sobre todo cuando es un gobierno que ha privilegiado la austeridad por tanto tiempo. Resulta contradictorio que un gobierno que ha hecho de la austeridad uno de sus principales discursos destine recursos significativos a intervenciones de carácter predominantemente estético, en emergencia coyuntural, particularmente en el contexto de los preparativos para el Mundial de 2026.
La cuestión no es si una ciudad debe ser bella o no. Toda comunidad merece espacios dignos y estéticamente cuidados. Las preguntas sobre ¿quién define esa belleza?, ¿bajo qué criterios se financia? y ¿qué necesidades se dejan de atender cuando la imagen se convierte en prioridad?, son realmente el telón de fondo. Una democracia madura no solamente consulta cómo gastar los recursos públicos: también delibera colectivamente sobre los símbolos que la representan y el patrimonio que decide preservar para las generaciones futuras.
La democracia y soberanía también se defiende construyendo puentes que faculten y faciliten a la ciudadanía su participación en las distintas esferas de las decisiones públicas. En ser prudentes y respetuosos en el uso de los símbolos y el patrimonio de todos, como un bien común, no de unos cuantos, por mucho que se encuentren en el poder. ¿Quién gobierna la estética de lo común y con qué finalidad?, ¿quién tiene derecho a decidir la imagen de lo público y qué papel juega la ciudadanía en esa decisión?, son las preguntas que subyacen y que es importante involucrarse en resolver.
