ENSENADA. ¿Cómo se construye la historia en tiempos tan agitados, cuando todo el pasado está sometido a una revisión profunda de sus truculentos quehaceres? ¿Por qué los fiscales tardan tanto en acumular pruebas que allí están, en la memoria de todos los ciudadanos del país, para que los jueces dicten su sentencia inapelable en contra de todos los culpables? ¿Será que allí está el quid de la cuestión? Es decir, el dicho popular, ¿despectivo?, “dinero llama dinero” está operando hoy, en el proceso que se le está llevando a Emilio Lozoya Austin, pero de manera singular: aplicando él al proceso en marcha, la lista de culpables, al incrementarse día a día, pareciera volverse interminable. En algo así como todos tienen cola que les pisen.
Y digo, sólo basta revisar un poco la historia del país, para darnos cuenta cómo desde el siglo XIX con Santa Anna, el disponer fraudulentamente de los bienes de la nación estuvo convertido, desde el gobierno, en uno de los deportes favoritos, al cual sólo Juárez y los liberales pudieron resistirse, pero de allí en adelante gobernar se convirtió en el ejercicio nacional de desfalcar y quedar, por lo común, impune, salvo honrosas excepciones. Y ese, precisamente, es hoy el problema con Lozoya: si el testigo protegido sigue declarando en video y el fiscal continúa indagando será el cuento de nunca acabar, pues la lista de culpables se volverá interminable y en una de esas terminará precisamente en Santa Anna por aquello ya dicho de que dinero llama dinero, y todos, en el gobierno, con Odebrecht y Pemex metieron uña a la Nación.
Pero realmente, al margen de la ironía, una de las cosas serias que hoy está en juego es nuestro sistema de justicia en tres momentos claves: fiscalizar, juzgar y castigar, porque si sólo se va a quedar en el show (y los acuerdos bajo cuerda, que mantienen al acusado en libertad virtual) como hasta ahora (previo a los actos de juzgar y castigar) uno se pregunta hasta dónde, en realidad, se piensa aplicar la ley en su sentido real y efectivo –“la regulación de la potencia de los funcionarios dentro de la comunidad”, como afirman los griegos–, pues se están tardando, ya que el dilema parece hoy centrarse en quién no es culpable, más que en el quién sí lo es y en saber si el Estado tiene la capacidad suficiente para aplicar un castigo que conlleve el resarcir los bienes a la Nación. Si no es así, el juicio de referencia se limitará en mucho a ser un allegro vivace más que un réquiem como debiera ser.
Es mucho, pues, lo que hoy se está jugando al detener y poner en picota a algunos de los muchos funcionarios públicos que, aprovechando sus cargos, saquearon a la Nación. Si hay fallas y sólo fuegos fatuos al respecto, las fallas se seguirán acumulando para el 2021 y el 2024 –si tomamos sólo en cuenta lo electoral–, cuando se cobrarán esas fallas con intereses.
Y si no, al tiempo.
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