En el mes de marzo de este año me enteré que el parador turístico de Hierve el Agua (zona natural protegida) ubicado en el municipio de San Lorenzo Albarradas del estado de Oaxaca, iba a ser cerrado en forma definitiva, ya que los ejidatarios que manejan el lugar tenían serios problemas (disputas agrarias) con comunidades vecinas.
Para mí fue una sorpresa enterarme que este destino turístico era manejado por los mismos ejidatarios, por los habitantes de la zona, en vez de alguna dependencia o entidad pública, ya fuera municipal o estatal, lo cual me pareció excelente.
Al escarbar en la memoria recordé que también algunos sitios importantes para el turismo son manejados por la población, como el caso de las grutas de Cacahuamilpa (Parque Natural) en Guerrero[1], con sus ríos subterráneos Chontalcoatlán y San Jerónimo, o de las grutas de Tolantongo, en Hidalgo, cuyo río delimita la frontera entre dos ejidos, lo cual a veces provoca confusión entre los visitantes.
De los tres casos el mejor armado para atender al turismo nacional y extranjero, en particular el de aventura, es el de Cacahuamilpa, aunque tiene muchas oportunidades de mejora. Este sitio cuenta con acceso por medio de carretera pavimentada y con diversos medios de transporte, además del equipamiento y la variedad de servicios.
El traslado a las otras dos zonas no tiene las características de la primera, pero tampoco es imposible. Sabemos también que en Tolantongo el servicio de hotelería tiene sus deficiencias, las cuales pueden superarse, y podemos mencionar infinidad de situaciones que son susceptibles de prevenir o de mejorar. Lo importante de esos casos, debe de haber muchos más, es que los pobladores son los responsables de administrar los lugares, de invertir en ellos y de recibir sus beneficios. Un adecuado acompañamiento temporal por parte de las dependencias de turismo locales puede lograr mucho más, con el respaldo adecuado.
El caso de las zonas arqueológicas
Ahora bien, ¿se puede hacer algo similar para la administración de las zonas arqueológicas y museos propiedad de Estado en el interior del país? Esto es algo que debe de considerarse dentro de la agenda cultural en los próximos tres años, lo que implica descentralizar, no solo desconcentrar la administración del patrimonio cultural por parte del INAH.
Pensemos en una entidad prestadora de servicios culturales y turísticos (una Asociación Civil, Sociedad Anónima o Cooperativa, por ejemplo) propiedad de los ejidatarios y encargada del manejo de cierta zona. Esta empresa va a tener el control de sus recursos y también la obligación de cumplir con sus compromisos fiscales. El gobierno federal, a través del INAH, podría conceder a esta sociedad la custodia y manejo de una zona arqueológica o de un inmueble que funcione como museo bajo ciertas condiciones en materia de conservación del lugar y las posteriores actividades de excavación (que tendrían que ser avaladas por el mismo instituto).
Esto apenas es el principio. A este proyecto se puede sumar el apoyo temporal de las dependencias turísticas de los tres niveles de gobierno y del INAH para capacitar a los trabajadores; la revisión de los lugares cercanos bajo el programa de Pueblos Mágicos para promover el mejoramiento de los servicios; la participación de la SCT con la finalidad de mejorar los servicios de transporte, y la colaboración de diversas dependencias para orientar a la nueva organización sobre las decisiones en materia de asignación de las ganancias a proyectos que beneficien tanto a la zona arqueológica o museo como a la población en general, a través de servicios de salud, educación técnica y superior, de apoyo a emprendedores y otros que se consideren necesarios.
Con un instrumento de este tipo sería posible involucrar a los habitantes de poblados cercanos en el cuidado del patrimonio, en la regularización del comercio informal situado alrededor de las zonas y en el reforzamiento de la vigilancia para evitar el robo y comercialización de piezas. Se trata de involucrar a la población en estos menesteres, de darles la responsabilidad de cuidar el patrimonio de la nación en el entendido de que ellos son los propietarios originarios.
De esta manera, los recursos obtenidos por la explotación de este patrimonio se volcarían en favor de los habitantes. Su administración estaría a cargo de una junta en la que participen representantes de los pobladores, del INAH, de la SECTUR, del gobierno local y de la Secretaría de la Función Pública federal, quien sería el responsable de la fiscalización. El gobierno federal se beneficiaría sólo por lo que corresponde a la captación de impuestos, que además del IVA se puede incluir el IEPS.
Los gastos del INAH para atender las zonas bajo este esquema se limitarían al pago del salario y viáticos de los representantes ante la junta de administración y para la operación del sistema de captación de información cuantitativa que se genere en las distintas zonas.
Las razones no sobran
Si bien tenemos presente la complejidad del andamiaje jurídico que da sentido a la labor del INAH, de las implicaciones que cualquier modificación impone debido a la necesaria intervención del Congreso, del rol de los centros INAH en los estados y del papel que juegan las organizaciones sindicales, las ideas vertidas buscan que el instituto abandone la posición centralista que ha caracterizado a la administración del patrimonio, por una descentralizada, con autonomía de gestión y acceso a los recursos propios, que además cuente con el apoyo de las localidades, que serán favorecidas con la capacitación de su población. Ello permitirá contar con recursos humanos cada vez mejor preparados en los ámbitos relacionados con la prestación de servicios turísticos y de apoyo a la educación y la investigación, y conscientes de su importante labor, no sólo para su comunidad sino para el país en general.
Me queda claro gran parte de la población no está de acuerdo con lo aquí expuesto, ya que la imagen del INAH como responsable de nuestro patrimonio histórico se coloca por encima de cualquier gobierno o grupos de interés. No pongo en duda la integridad del instituto, pero sabemos que en todo el territorio nacional existen muchas zonas que esperan ser descubiertas, otras que podrían explotarse y otras que han sido objeto de saqueo. Una organización descentralizada podría cambiar las cosas.
Al mismo tiempo la matrícula de profesionales de antropología, historia y arqueología es muy baja, dado el tamaño de la población, y la captación de los egresados de esas carreras es mínima. Es necesario acrecentar las oportunidades de empleo a través de otros organismos públicos o privados, ya que el número de plazas presupuestales para estos menesteres es escasa, y eso se puede lograr a través de un manejo como el que se propone.
Sin caer en las deficiencias de los centros turísticos operados por los pobladores, es posible diseñar una estrategia que nos permita retomar esa experiencia y aprovecharla, no sólo en favor de las localidades, sino también de los visitantes, de los estudiantes y de los profesionales de estas ciencias, sino también de la rama turística.
El tamaño del paquete es muy grande y los beneficios pueden ser muchos si no nos aferramos a estructuras centralistas, inflexibles y poco funcionales.
[1] En 2006 la administración quedó a cargo del gobierno del estado de Guerrero, sin embargo a nivel local es administrado por los representantes de las comunidades de Cacahuamilpa, El Transformador y Crucero de Grutas. Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2006). Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.
