La transición democrática y la alternancia en el poder son el gran telón de fondo sobre el que se despliega en el escenario la pieza coral que reúne 40 textos de igual número de autores en el volumen Sucesos Culturales 1988-2024, bajo la coordinación de Eduardo Cruz Vázquez (Ediciones GRECU, 2026).
18 años de ese telón le pertenecen al PRI, 12 al PAN y 6 -que sumarán otros seis al concluir la tercera década del siglo- a MORENA. Queda claro que los acontecimientos y procesos que le corresponden al sector de la cultura y las artes en el país han ocurrido bajo un clima de disputa democrática y alternancia en el gobierno.
Esta cohabitación -en la Presidencia, en los poderes legislativos y en los gobiernos locales- de algún modo desdibuja la impronta partidista en la manera en la que, desde el poder, se diseñaron e instrumentaron en este largo periodo las políticas culturales que han trenzado, tensado, fortalecido o relajado, los vínculos gubernamentales con las comunidades de creadores, la diversidad de sus agentes culturales y territorios, y el ecosistema de instituciones -públicas y privadas- que los articulan.
Eso permite reconocer decisiones de la mayor relevancia para el sector cultural tomadas en administraciones de distinto sello partidista: si la creación del Conaculta y del extinto FONCA son dos pilares de la arquitectura institucional para la cultura que nacieron en los albores de la presidencia de Carlos Salinas; es en el sexenio de Felipe Calderón cuando la cultura se elevó a la categoría de un derecho constitucional, asentado en el artículo cuarto de la Carga Magna, y cuando en 2009 el presupuesto federal destinado a la cultura alcanzó su máximo histórico de las últimas décadas; o es en el primer gobierno de la oposición de izquierda en la capital mexicana, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, cuando se creó por primera vez una agenda de atención cultural a las periferias urbanas tradicionalmente marginadas, o donde se sentaron las bases para que la Ciudad de México se colocara a la vanguardia internacional de la legislación en favor de la diversidad y la inclusión.
Mientras que en el arranque de la presidencia de Vicente Fox se le dio un impulso notable a la proyección de México en el exterior con las herramientas de la diplomacia cultural, se le dio cause a un nuevo diálogo federalista a través de las Reuniones Nacionales de Cultura, o se diseñó por primera vez un programa de estímulos fiscales a la producción artística (EFICINE); a la administración de Peña Nieto le correspondió elevar el rango del Conaculta a Secretaria de Estado, aprobar la deriva reglamentaria del derecho constitucional a la cultura con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017, o crear desde el INEGI la primera cuenta satélite para el sector cultural, como una herramienta de enorme valor para el diseño de política pública en la materia.
Si en los primeros años de instrumentación del TLC, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se desprotegió a la industria cinematográfica nacional al tiempo que se recuperó la asistencia a salas a través de la inversión privada en nuevas cadenas de multi cinemas, será hasta el primer tercio de la presidencia de Claudia Sheinbaum cuando se reforme -con enorme retraso- la Ley General de Cinematografía, como una medida urgente -si bien parcial y limitada- para proteger y fortalecer a la industria cinematográfica y audiovisual.
Salvo en el sexenio de López Obrador -cancelación de fideicomisos para la cultura, concentración desmesurada del presupuesto en un sólo proyecto, retórica anti intelectual recurrente y obsesiva-, en el espacio temporal que abarca este volumen no es reconocible a simple vista una alteración drástica de la manera en la que el poder político en México ha concebido y administrado a la cultura. En cualquier caso, la cultura misma en este periodo prevalece como algo estructuralmente ligado a la intervención del Estado y los recursos públicos.
Hay también -y este es un aspecto que pasa de largo en el volumen- una continuidad obstinada en la manera en que se ha construido por espacio ya de tres siglos el relato cultural de México y de lo mexicano, como una síntesis de cuatro grandes periodos históricos, un territorio de mestizaje y “encuentro” donde la herencia prehispánica, el barroco novohispano, la modernidad liberal decimonónica, y el acento social de la Revolución Mexicana, conforman un todo en apariencia inteligible, de cierta vocación teleológica.
La manera en que se concibió a México desde el poder político en 1910 con motivo de las fiestas del centenario de la Independencia en el ocaso del porfiriato, y la manera en el que se le presentó en 2010, no es muy distante; como tampoco lo es el discurso histórico e identitario que adereza las narrativas culturales de la “cuarta transformación”, salvo que ésta última arropó con singular enjundia aquello que Gabriel Zaid bautizó como la cultura matriotera: una que imagina el pasado indígena como una arcadia feliz vulneraba por los demonios de la colonización, y que niega, condena, hostiga o se avergüenza de todo aquello que de Europeo, Occidental y Universal también nos conforma.
Una excepción más: si 1994 y la rebelión zapatista pusieron en jaque la visión paternalista y profundamente excluyente del indigenismo que heredamos de los liberales del siglo XIX, los años recientes edulcoraron y exaltaron de tal manera la reivindicación indígena, que hicieron de ella otra forma de la exclusión.
En cualquier caso, el peso del modelo institucional e ideológico del Estado cultural mexicano, al que tanto contribuyó José Vasconcelos y los años del nacionalismo revolucionario, prevalecieron en los andamios de la cultura mexicana y de sus instituciones rectoras, sin que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni MORENA, ni Movimiento Ciudadano -todos ellos con acceso real al poder, al presupuesto y a las decisiones- hayan hecho una operación mayor para trastocarlo de raíz, o al menos cuestionarlo.
El volumen de marras apuesta por la diversidad de voces, estilos, experiencias, formatos y saberes para emprender la revisión. Los hay de índole académica o de aliento propiamente ensayístico; los hay también de acento anecdótico y testimonial; otros acuden a formatos más tradicionales del periodismo, como el reportaje y la entrevista, e incluso aquellos que cierran el volumen anteponen al temperamento crítico los acordes del discurso oficial y la propaganda de actualidad.
Al coro variopinto lo conforman en su mayoría ex funcionarios y gestores culturales profesionales, que narran o analizan -hasta donde la subjetividad se los permite- sus experiencias al frente de cargos diversos en la función pública, desde los cuales instrumentaron programas y proyectos de alcance nacional, regional, local, o internacional; son menos los que abordan el tema elegido desde la distancia metodológica del conocimiento académico; y los hay también quienes acuden a diversas formas del periodismo de investigación y la crónica para apuntalar sus argumentos.
El resultado es alentador pero desigual: crítico -o didáctico- a ratos; autocomplaciente en algunas de sus páginas; los hay también quienes ensayan los estertores de la denuncia y la indignación, y que adjuntan datos, fuentes y veracidad documental a su alegato. Se concentra principalmente en temas de alcance nacional como extensión de nuestro centralismo atávico, si bien hay páginas que ponen la lupa en lo local: Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Tijuana, y tres o cuatro textos que atraviesan la frontera y se asoman a la cartografía internacional. Se extraña en todo caso un mayor cuidado editorial y una selección más depurada de los textos. Es notoria, por ejemplo, la ausencia de un mínimo pie de página que informe sobre el perfil profesional de los autores.
Con todo y su encomiable esfuerzo, el libro no alcanza aún el rango que le permita ocupar un lugar en la historiografía del periodo al que enfila sus baterías. Un coro de altibajos en cuyas cumbres podemos encontrar, para beneficio de los lectores:
El lúcido y bien atemperado texto de Eduardo Nivón -el académico de mayor peso en el volumen- sobre la política cultural de Carlos Salinas; el de Eduardo Vázquez Martín que hace una lectura del cruce de siglos y nos recuerda que: “[las] experiencia del fin de siglo fueron bastante refractarias a la imperiosa necesidad de crear las condiciones económicas, fiscales y normativas para el florecimiento de una economía cultural no dependiente de las instituciones públicas, sustentables y prósperas enraizadas en las comunidades e imbricadas en un universo de públicos mucho más diversos y participativos”; el de Renata Chapa, que teje un ensayo sorprendente al exponer a dos pistas una paradoja desgarradora: 2011, el año que Mexico logró la inscripción del Mariachi en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO, es el mismo año en el que un Mariachi en la comarca lagunera sobrevive a la violencia de la región y a la falta de presupuesto, como parte de la tan castigada economía municipal para la cultura; Fernando Gómez Pintel elige el camino didáctico para explicarnos con probidad la importancia de la Cuenta Satélite de Cultura del INEGI; de la misma manera que Raúl Avila expone con claridad los entuertos que llevaron a contar con una Ley General de Cultura y Derechos Culturales en 2017, rasurada y fallida; mientras que Sandra Ontiveros Melgar le toma el pulso a la que se percibe como la única aportación innovadora de las políticas culturales del gobierno actual: los PILARES y las UTOPIAS, con sus aciertos y sus limitaciones; y Adriana Malvido, con el rigor periodístico que la distingue, aborda el inquietante caso de las colecciones de arte en fuga, un asunto no menor a la hora de pensar en la ecuación memoria, patrimonio, identidad y responsabilidad pública.
Eduardo Cruz Vázquez y el GRECU se han distinguido por la perseverancia y la disposición para estimular la reflexión y el diálogo sobre nuestros entuertos culturales. Lo han hecho a pesar del desinterés y la sordera de las autoridades. Este libro, un esfuerzo mayor, así lo demuestra.
*Reseña publicada en la sección cultural del periódico Milenio, el sábado 3 de julio de 2026.
