Las miradas sobre la subasta

El pasado miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo en París la subasta de 120 piezas de arte precolombino, de las que una gran mayoría corresponde al patrimonio cultural de México. La subasta apenas fue dada a conocer unos días antes, cuando la casa Millon presentó el catálogo por internet, lo que daba poco tiempo a las instituciones mexicanas para tratar de impedir el hecho. La complicación mayor fue que se trató de un negocio entre particulares en el que hubiera sido necesaria la intervención de las autoridades francesas para suspender la venta, de modo que la vía diplomática fue tan exigua que se redujo prácticamente a la presentación de exhortos a la casa de subastas, la que dijo, satisfecha del resultado del concurso, que este “había sido atacado agresivamente como ninguna otra venta hasta ahora”.

En efecto, pese a las limitaciones y estrecheces institucionales por las que atraviesan los organismos defensores del patrimonio, considero que estos, me refiero al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se manejaron adecuadamente para tratar de frenar la puja. Su fracaso, en todo caso, creo que debemos adjudicarlo al poco tiempo y a la falta de una decidida cooperación del gobierno francés.

Ahora bien, es llamativa la atención que consiguió este suceso. Un noticiero matutino atendió por internet la progresión de la subasta, que avanzó con rapidez. Los comentarios que los periodistas hacían iban de la constatación del éxito de la puja al señalamiento del fracaso del gobierno mexicano para impedir su realización.

¿Cómo debemos juzgar estos hechos? Tanto la subasta en sí misma como el resultado de las gestiones mexicanas nos muestran que es indispensable que exista un mayor compromiso de las instituciones internacionales y de los gobiernos para atender estas situaciones. El coleccionismo privado no es ilegal, pero se alimenta de acciones ilegales de saqueo y compraventa de objetos, o del tráfico de bienes patrimoniales que puede montarse sobre redes del crimen organizado o el terrorismo, como sucede con el patrimonio de países de Medio Oriente. Frenar la realización de subastas de este tipo no es entonces un problema menor, ya que su efecto menos grave es el aliento del tráfico ilegal de bienes culturales, pero puede alcanzar dimensiones mucho más grandes y peligrosas.

Visto en términos de la percepción interna de nuestra política y nuestras instituciones culturales es llamativo el uso de hechos como este en diversos sentidos. Dos me parecen los más relevantes. El primero es la crítica a nuestras autoridades culturales por su ineficiencia o su incapacidad. Esta actitud desde luego se sostiene menos en el conocimiento de la diplomacia cultural que en un prejuicio ideológico sobre el gobierno en general o sobre el actual gobierno en particular, actitudes muy difíciles de combatir. Aunque yo en lo personal piense que la actuación de las autoridades culturales fue adecuada, no me parece que lo sucedido sea irrelevante y por ello debiera haber un informe cuidadoso, crítico y, sobre todo, propositivo sobre este suceso que no es único, pero que adquirió una gran altura mediática.

Otra actitud a observar es que sucesos como este avivan un cierto sentimiento nacionalista que se puede materializar de diversas formas: una visión fatalista sobre la capacidad del estado mexicano para defender el patrimonio, una vuelta a la idea de las fuerzas imperiales o hegemónicas para impulsar el saqueo de todos nuestros recursos, incluidos los culturales, o la idea de una pérdida irreparable de nuestra identidad nacional. Y no falta que se apunte alguien dispuesto a apuntalar alguna de estas opciones.

Con todo, al menos en lo que he podido leer en la prensa, no ha habido actitudes desgarradoras frente a este suceso sin duda molesto. Nuestra identidad nacional sigue intacta con o sin subasta. El patrimonio cultural es una riqueza que sirve para pensarnos a nosotros mismos, pero no nos hace más o menos dignos u originales el tenerlo expuesto en nuestros museos. Defenderlo, exigirlo, es una actitud propia de un estado que se reclama soberano y cumplidor de la ley, pero de ello no depende la fortaleza de la nación ni la confianza en las instituciones que hemos construido.

nivon.bolan@gmail.com

22 de septiembre de 2019.