Ley de Cine en Nuevo León;
niegan diálogo, buscan albazo

En el siglo XX, el estado de Nuevo León tuvo lo suyo en la industria cinematográfica nacional. Aquí algunas vistas a largometrajes que forman parte de dicho historial. El escenario del siglo XXI para el desarrollo del cine en la entidad demanda una ley en la que todos los involucrados participen y se sientan representados. (Collage: Producciones Henaine/Warner Bros/Huma Films-Kabuto Films).

MONTERREY. Está por votarse el dictamen de la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Nuevo León, el cual fusiona dos iniciativas de ley fechadas el 14 de agosto de 2019. Los promoventes son Mauro Guerra Villarreal, presidente del PAN en Nuevo León, Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), Miguel Ángel Cantú González, director de la Corporación para el Desarrollo Turístico (CODETUR), Gabriel Guzmán, vicepresidente de un grupo de empresarios del sector, denominado MIMEC Monterrey Interactive Media & Entertainment Clúster, entre otros. Cabe señalar que en el acta de Consejo de CONARTE fechada el día del 21 agosto de 2019 (que es de carácter público) su presidente no informó al pleno del Consejo ni al gremio de cine su apoyo a esta iniciativa.

El 21 de mayo de 2020, veintiocho integrantes de la comunidad cinematográfica, así como diversidad de gestores culturales, entre los que se incluyen Leticia Vargas (Cineasta), Leticia Guadalupe Hernández Herrera (Productora de Cine), Aurora Mayela Terrazas Guerrero (Cineasta), y Jorge Fernando Moreno Rangel (Cineasta), entre otros, expresaron por escrito un pronunciamiento en el que rechazaban el dictamen de la ley por considerarla regresiva, antidemocrática y excluyente. Reiteraron la solictud de organizar mesas de trabajo las cuales ya habían solicitado desde 2019. La respuesta que obtuvieron fue la noticia de que la votación del dictamen se realizará en el presente mes de septiembre.

Sumado a lo anterior, tenemos el agravante de que los ciudadanos del gremio de cine y los interesados del sector podrán asistir a la votación del dictamen a efecto de impugnarla ¡sí! ¡en plena contingencia sanitaria! ¡todo un albazo en el centro de una pandemia! Así las cosas, los legisladores no la podrán bajar del pleno porque ya se hizo el dictamen y se tiene que votar. Si los ciudadanos de la comunidad de cine la rechazan, como quiera los legisladores la van a sacar adelante, porque los dos partidos mayoritarios, el PAN y el PRI, están apoyando la iniciativa, y los votos que puedan los ciudadanos conseguir en contra, lamentablemente, no serán suficientes para lograr que los diputados la rechacen.

Entre los protagonistas de la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Nuevo León, que busca aprobarse este mes, se encuentran (de izquierda a derecha) María Guadalupe Rodríguez Martínez, diputada del PT y quien preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso local; Leticia Vargas López, cineasta, académica y promotora cinematográfica y Luis Armando Torres, diputado de Morena. (Fotografías, cortesía de Fernando Galaviz Yeverino).

En una apresurada junta extraordinaria de integrantes del padrón de cine de CONARTE el día 4 de junio de 2020, la Vocal de la disciplina de cine y video del organismo, Lesslye Yin Ramos, explicó lo referente a la iniciativa de ley de cine (¡apenas!) pero incluyendo adiciones. A los pocos días siguientes, coordinó una comisión para una mesa de trabajo para analizar un nuevo proyecto de reformas a dicha ley, pero al parecer, sólo se dio un repaso a un borrador previamente elaborado a puerta cerrada. Como la comunidad artística de Nuevo León sabe, CONARTE en esta administración, se ha distinguido por privilegiar estructuras de decisión vertical y es claro que afectará la autonomía del nuevo organismo cinematográfico.

Repasadas las formas, ahora atendamos el fondo. Si bien es muy importante una ley de cine para el estado de Nuevo León ¿por qué es conveniente para los ciudadanos que este dictamen de ley que promueve el clúster empresarial, CONARTE y CODETUR no se apruebe? ¿Será “secuestrado” el cine de Nuevo León? ¿Por qué esta iniciativa de ley no es viable? Sus principales problemas son los siguientes:

1 Es una ley regresiva porque es antidemocrática, concentra todos los apoyos del cine en una estructura discrecional, el Comité Técnico, denominado COFILMNL, donde varias de las posiciones serían ocupadas por MIMEC Monterrey Interactive Media & Entertainment Clúster. Lo anterior pavimentaría el camino para privatizar el ejercicio público de los recursos del sector cinematográfico, algo verdaderamente aberrante, puesto que no puede haber una ley en la que coexista el tráfico de influencias, esa iniciativa lo permite, el suelo no será parejo, pretende crear un organismo cuyas decisiones serán discrecionales e inapelables, y a la vez manejarán todos los recursos públicos para el cine en Nuevo León. Privatización de los dineros públicos a favor de un grupo y cerrando así la posibilidad de desarrollo del resto. Se debe evitar toda posibilidad de que intereses empresariales privados utilicen su influencia, para hacer sus negocios de alta inversión con dinero público.

Intervención digital y composición del Cerro de la Silla, obra del propio Fernando Galaviz Yeverino, realizada especialmente para su artículo.

2 En ninguna parte de la ley existen mecanismos horizontales de participación que permitan a los ciudadanos intervenir y ser representados en la toma de decisiones y que asegure el acceso equitativo a los recursos públicos para la promoción, el fomento y el desarrollo del cine en el estado. La iniciativa contempla violaciones a los organismos ya existentes de participación de la comunidad cinematográfica y al menos en el texto, no se contempla que se tomarán en cuenta. De nuevo, se está pretendiendo dejar sin materia al gremio de cine.

3 El clúster, es decir, este grupo de entes empresariales, desmantelarían y borrarían los logros de muchos años del gremio de cine en Nuevo León, como el fideicomiso PROMOCINE, creado desde 2003 con mucho éxito. Miembros del clúster han manifestado que no correría peligro dicho fideicomiso, que se complementaría, pero en los hechos, a pesar de que CONARTE incrementó el 24 por ciento los apoyos en Convocatorias de 2019, donde se incluyó el Concurso de Producción Cinematográfica del mencionado fideicomiso, misteriosamente no se abrió la convocatoria en ese año, ni en lo que va del 2020, dando pie a suspicacias, tal vez para allanar el camino para debilitar PROMOCINE, y dar paso a algo nuevo que se estaría tramando.

4 Estimo que la finalidad de la producción de una película debe ser contar una historia, no la promoción turística. La institución de turismo estatal puede tener su oficina o departamento de filmaciones, como hay en otros estados, la cual se enfoca a la promoción de los lugares turísticos propicios para el cine, pero no tiene por qué producir ni controlar los estímulos de la producción cinematográfica. De aprobarse esta iniciativa peligran la democratización de los apoyos, no estarían abiertos a la comunidad, la institución de turismo favorecería a empresas privadas de buen capital. Además, la comisión de cine que propone esta ley, sería una especie de “arrimado” con el órgano de turismo en el estado, atentando aún más contra la disciplina artística.

5 Lo que busca aprobarse no acotaría poder al Ejecutivo Estatal. Buena parte de los consejeros de cine los nombraría el Gobernador, y es claro que designaría también al titular de dicha institución cinematográfica. Si bien el Gobernador puede presidir eventos del organismo de cine, como las premiaciones, no es conveniente que esté presente en cada junta ordinaria de la misma, ya que afectaría la autonomía del organismo cinematográfico.

La película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, es la más reciente producción en la que Nuevo León es protagonista. (Fotografía: Panorama Global/PPW Films).

La iniciativa se excede en una estructura vertical de decisiones, cuando lo necesario es la responsabilidad horizontal. Tiene muy mala técnica legislativa, dejando espacio para vacíos legales inquietantes. Victor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas e integrante del Grecu, en un análisis de las iniciativas, ha señalado que existe confusión de obligaciones entre los textos. No hay la debida transversalidad con otras leyes preexistentes. Se excluye la animación. No hay observadores ciudadanos.

Por si fuera poco, la institución de cine que plantea dicha ley se le asigna muchas atribuciones, y el que mucho abarca poco aprieta, recordemos que los recursos presupuestales son limitados. ¿Cuál será el costo anual de esta nueva burocracia? ¿Cuánto se invertirá en su sede y en su infraestructura tecnológica?

Aunque la diputada del PT, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado Nuevo León, ha mencionado que debería este dictamen votarse por unanimidad, el diputado de Morena, Luis Armando Torres, señala que no debe aprobarse este dictamen “Nosotros tenemos el poder y la posibilidad de hacerlo (convocar a las mesas de debate y discusión solicitadas) porque somos diputados, pero los ciudadanos, ustedes no me dejarán mentir, están en desventaja, y no siempre sus iniciativas se les acepta, al contrario, se les desecha, se les quita”.

Espero, en bien del desarrollo del séptimo arte de Nuevo León, que los legisladores tengan en este asunto, como única bancada, los intereses horizontales de los ciudadanos, y no de un grupo vertical, institucional y empresarial.

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