Regreso al pasado presente. Hacia finales de 2015, a solicitud de la Secretaría de Cultura de nuestra capital mexicana, revisé la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (Lemedife —el acrónimo es mío—). El propósito fue tratar de encontrar algunas alternativas para las empresas culturales, que también se identifican, en ciertos casos, como espacios independientes o alternativos. La necesidad de ajustar dicho marco normativo a la realidad del mercado cultural venía de tiempo atrás. Conforme los cambios en la economía se sucedieron desde el gobierno de Miguel de la Madrid, las reglas de operación de los distintos giros comerciales en la capital del país también se modificaron. Sin embargo, entre numerosas razones, la falta de una arquitectura sectorial y, por ende, de reconocimiento a un conjunto de unidades económicas dedicadas a los bienes, servicios y/o productos culturales, hizo que estos negocios fueran absorbidos por leyes, clasificaciones y reglamentos ajenos a sus especificidades.
Retomo aquellos apuntes para intentar subirme al tren de la iniciativa de Ley de Espacios Culturales Independientes, que en este Paso Libre trató nuestra colega Patricia Chavero en su texto del 8 de septiembre. Tal proyecto es resultado de un intenso trabajo entre la Comisión de Derechos Culturales de la Ciudad de México, liderada por la diputada por Morena Gabriela Osorio, e integrantes de diversos colectivos que forman parte del mercado cultural capitalino, entre otros interesados. Lo hago convencido de lo genuino del empeño (más allá de la obligación que les fue impuesta por el nuevo estatus jurídico de la ciudad capital), pero colocado en una acera contraria, la que estima innecesaria esa ley, en virtud de que lo procedente es reformar la actual Lemedife. De hecho, se encuentra pendiente su adecuación al nuevo régimen de la Ciudad de México. Su obligada puesta al día es la mejor coyuntura para incorporar la actividad genérica de empresa, giro o establecimiento cultural. Una enorme labor legislativa que implica además ajustar otros marcos legales locales, como la Ley para el Desarrollo Económico, y federales, como la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Es muchísimo lo que nos debe la primera legislatura de nuestra ciudad y van a paso de tortuga. ¿La culpa es de los neoliberales López Obrador y Ebrard? La Ley de Establecimientos Mercantiles tiene una larga historia. Sus primeras expresiones fueron concebidas sin la existencia del fenómeno que hoy en día representa el sector cultural, la economía cultural, la economía creativa, las empresas culturales, las industrias creativas y las industrias culturales, entre otras denominaciones en refriega permanente. Es más, pese a la cercanía de dos momentos fundamentales de su adecuación a los tiempos del siglo XXI que corren —en 2002 y en 2011, siendo jefes de Gobierno López Obrador y Ebrard Casaubón—, la Lemedife ignoró la importancia de caracterizar los giros culturales que coexistían en el Distrito Federal, y ahora en la Ciudad de México, del resto del aparato comercial. Hablamos de que en esos años había condiciones para segmentar las actividades económicas vinculadas a la cultura, a efecto de crear normativas y reglamentos apropiados, haciendo más equitativo el juego en el mercado. Al respecto, se encuentran en el registro dos intentonas en ese sentido en la entonces Asamblea Legislativa.
En 2010, a cargo de Maricela Contreras Julián, y en 2013, por conducto de Alejandro Piña Medina, ambos diputados por el Partido de la Revolución Democrática. Estamos convencidos de que solo un amplio conocimiento del comportamiento del sector y de la economía cultural, tanto a nivel nacional como local, permitirá vislumbrar posibles salidas a la problemática que genera el estado actual de la Lemedife. Por un lado, se encuentra el camino de una iniciativa que reformule completamente la ley para incluir las particularidades de las empresas culturales, que es la acepción con posibilidades de inclusión en el complicado engranaje legal y estadístico tanto local como del país. Por otro lado, se tiene la posibilidad de reformular directamente el reglamento de la citada ley y aliviar de alguna forma las limitaciones con que operan los establecimientos culturales.
Otra salida es instrumentar una serie de facultades a la Secretaría de Cultura, a efecto de otorgar distintivos o certificaciones a los negocios culturales con la finalidad de que encuentren beneficios, al tiempo de ser singularizados del conjunto de los comercios capitalinos. Damos por sentado que cualquier diagnóstico y decisión pasa ineludiblemente por una tarea colaborativa con las secretarías de Desarrollo Económico local y federal, el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Hay otra línea de atención que es estructuralmente crucial en este empeño por modificar la Lemedife.
Se trata de las políticas de cambio de uso de suelo. Incursionar en este ámbito y acordar que la Secretaría de Cultura tenga derecho a emitir voz y voto en esas decisiones, sin duda aceleraría una de las ambiciones del gobierno de Claudia Sheinbaum: que la Ciudad de México alcance la categoría permanente de Ciudad Creativa. Es vital que la llamada “factibilidad cultural” —ya prevista a nivel federal en la Ley de Planeación— se convierta en realidad. Introducir cambios a la Lemedife sin intervención en las autorizaciones de uso de suelo, a efecto de ver por los intereses del sector cultural, dejaría trunco el esfuerzo.
Conjuros para el cuento de hadas
Entre las posibilidades de reformas se encuentra crear la categoría de Giro de Impacto Cultural, complementaria al actual catálogo y que a la vez permitiría desagregar actividades culturales existentes en las otras categorías, a saber, Giro de Impacto Vecinal, Giro de Impacto Zonal y Giro de Bajo Impacto. En tal perspectiva, convendría mover ciertas empresas culturales del Giro de Impacto Vecinal al de Bajo Impacto, integrando para ello una clasificación adecuada. En otra vía se puede proponer el uso de las facultades del jefe de Gobierno, previstas en la misma Lemedife, y de forma paralela, con las atribuciones de la Ley para el Desarrollo Económico (vigente y por modificar), para que la Secretaría de Cultura asuma la responsabilidad de certificar o expedir un distintivo a los giros o empresas culturales.
Mediante una serie de requisitos y consideraciones, dichas unidades económicas concursarían para obtener el distintivo, el cual les permitiría acceder a una serie de beneficios que compensarían los que no facilita la Lemedife y la estructura tributaria local. Ese paquete de estímulos se acordaría entre el gobierno local, el federal y las alcaldías. Tal “sello” sería aplicable sobre todo a nuevos negocios. Su entrega favorecería una reordenación del ecosistema sectorial y del mercado netamente cultural, estimularía la formalidad y la recaudación, tanto como sería un incentivo para la regularización de no pocos establecimientos que se las ingenian para burlar normas. Y sobre todo, conduciría a distinguir la ciudad creativa del resto de la actividad comercial, con claridad en sus cifras y datos de aportación a la economía.
Otra posibilidad es sentar las bases para catalogar empresas culturales con valor patrimonial. Negocios que por su tiempo de operación, liderazgo, innovación, legado simbólico y solvencia económica, se constituyen en bienes culturales cuya preservación es responsabilidad del gobierno.
Más allá de lo que se piense de estas notas actualizadas, dos escenarios son contundentes, por no decir irrefutables: la Ley de Establecimientos Mercantiles no podrá ser cercenada para crear una ley paralela. Y de aprobarse una Ley de Espacios Culturales Independientes, será materia de desacuerdo y controversia legal por parte de los dueños de la poderosa vida económica de la Ciudad de México, además de que los coyotes y los sapos prefieren su diario banquete sin príncipes ni princesas.
