Los retos del sector cultural en la 4T

Las Jornadas de diálogo: Programa Sectorial de Cultura. Planeación y presupuesto para el desarrollo fueron organizadas los días 23 y 24 de julio por el Grecu, Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura,  y la Coordinación General de Difusión de la UAM.

Paso libre ofrece a sus lectores un resumen de los contenidos más relevantes surgidos del encuentro el martes 23 de julio. En su sesión matutina, el tema fue: Del neoliberalismo a la 4T: La planeación en el desarrollo cultural. Participaron Ishtar Cardona, gestora cultural; Carlos Tejada, de Unesco-México; María Elena Matadamas, periodista cultural; Eduardo Nivón, académico de la UAM; José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura del gobierno de la CDMX y, como moderador, Eduardo Cruz Vázquez, coordinador del Grecu.

El objetivo de la mesa fue exponer miradas sobre el pasado y presente en materia de política cultural,  en cinco sexenios o 31 años hasta la fecha, desde la creación por decreto presidencial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta, 1988-2015) en la administración de Carlos Salinas de Gortari, hasta la presente Secretaría de Cultura federal, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la línea de tiempo: tres presidentes priístas, dos panistas y uno morenista; cinco presidentes del CNCA —Víctor Flores Olea, Rafael Tovar y de Teresa, Sari Bermúdez, Sergio Vela y Consuelo Sáizar— y tres titulares de la SC: Tovar y de Teresa, María Cristina García Cepeda y Alejandra Frausto.

En su recuento, Ishtar Cardona destacó las condiciones permanentes de crisis, precariedad y falta de sustento estructural que ha enfrentado el sector  —sus trabajadores, artistas, gestores e instituciones— desde la creación del Conaculta y con la actual SC. Consideró que, a pesar de la alusión reiterada cada sexenio de la función de la cultura para fortalecer el tejido social en México, hoy “no nos termina de quedar claro por dónde va la línea de las políticas culturales” en el país.  Llamó a discutir de forma colectiva no solo “los deberes” del Estado en esta materia sino también la responsabilidad de la iniciativa privada frente a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (2017). Acentuó la importancia de discutir sobre una Ley de Mecenazgo.

María Elena Matadamas hizo hincapié en la práctica histórica de las instituciones culturales de una “escasa rendición de cuentas” y poca transparencia en el uso de los recursos financieros. Lamentó que, tras décadas, permanezcan sin atención varias demandas en el sector: la seguridad social para los artistas, el bienestar social y económico de los trabajadores de la cultura, una política efectiva de formación de públicos y la vinculación de educación con cultura. Conminó a que, en la revisión que la 4T hace del sector en la actualidad, se reconozcan las acciones de la sociedad civil organizada que muchas veces “han rebasado la acción del Estado” en términos culturales. Deploró la práctica de programas surgidos de “los gustos personales” de los administradores a cargo, con el resultado de que “no hemos logrado hacer una política cultural de Estado sino apenas de gobierno”, que ha impedido que la cultura logre ser el motor de desarrollo económico y social en México.

Como funcionario público, José Alfonso Suárez del Real habló del “matiz profundo” de la 4T respecto de sus antecesores neoliberales. Queremos “incidir en considerar al individuo como sujeto de ejercicio de derechos culturales y no como mero consumidor de productos culturales” por lo que a él, dijo, le toca “garantizar derechos culturales y no solo administrar eventos”. Y citó al historiador brasileño Célio Turino: “Los políticos no entienden que la cultura es un derecho; entienden que la cultura es diversión, es evento y es negocio”. Explicó que esa diferencia de enfoque hace que, por ejemplo, “no exista una política fiscal para todo aquel, privado o público, que garantice los derechos culturales” de los ciudadanos. Seguiremos “remando con la rémora” del neoliberalismo, concluyó, mientras no pongamos a la cultura en el centro de la política del Estado y no se entienda que permite revertir la violencia.

Eduardo Nivón cuestionó el relato presidencial actual, “ingenuo e infantilizado”, sobre el neoliberalismo “malo”, mientras lo urgente sería hacer una revisión a fondo de la restructuración del Estado que la 4T planea hacer. Se mostró pesimista sobre los posibles alcances del plan de cultura del gobierno actual, en tanto la falta de recursos persiste, en tanto no hay dinero ni se dan cifras en el Plan Nacional de Desarrollo. La innovación más grande a futuro, reiteró, es la manufactura misma del programa; es usar el programa en términos agitativos. “Pero para todo eso se necesita dinero”. Sin recursos, no se puede esperar mucho, cerró.

Cuatro párrafos del PND

La periodista Judith Amador,  el cineasta Víctor Ugalde, el consultor Carlos Villaseñor, el diputado Sergio Mayer, el funcionario de la SC Pablo Raphael, y la académica de la UAM Ana Rosas Mantecón, participaron en la segunda sesión de las jornadas. (Foto: Angélica Abelleyra)

La sesión vespertina estuvo integrada por Judith Amador, periodista cultural; Ana Rosas Mantecón, académica de la UAM; el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados; Pablo Raphael de la Madrid, director de Promoción y Festivales de la SC; Víctor Ugalde, cineasta, y Carlos Villaseñor, consultor y analista de la Unesco. El editor Francisco Moreno fue el moderador del panel.

Ana Rosas Mantecón calificó la coyuntura actual del Programa Sectorial de Cultura como un momento clave para apostar por el diseño de una política pública de información, “no a partir de corazonadas y prejuicios” sino de datos que permitan elaborar métricas adecuadas, cruces de información y el uso de datos públicos para el bien común y para nutrir a universidades, observatorios y a los distintos niveles de gobierno. La disponibilidad de datos para el sector cultural, añadió, ayudará a “establecer políticas basadas en la evidencia” y “romper el monólogo de las instituciones” que no tienden puentes con la sociedad. Indicó que si bien existen encuestas, atlas y un Sistema de Información Cultural (SIC), “sabemos poco sobre las dinámicas de consumo y participación” social en el sector, sobre todo con los nuevos públicos produsuarios, es decir, sujetos que comunican y son agentes activos y creativos que usan más que infraestructura física —oferta y acceso situado en museos, libros en papel—, por estar inmersos en la virtualidad, banda ancha e Internet.

Carlos Villaseñor enfatizó la pérdida de una gran oportunidad al plantear el diseño del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019: “No solo se redujo el presupuesto de la SC sino que se permitió la reconcentración y la discrecionalidad de los recursos” hacia la misma secretaría. Criticó que no se convocara a la sociedad y a los especialistas a participar en “los cuatro párrafos” del PND relativos a la cultura (Objetivo 2.9). Recalcó que el Plan Sectorial de Cultura debe enfatizar los derechos culturales de los mexicanos como “una obligación de los funcionarios públicos”. Por último, lamentó la “errática” política de comunicación de la 4T: “se presentan propuestas inacabadas y eso deja mucho que desear” ante la obligación gubernamental de transparentar la información hacia la sociedad.

El diputado Sergio Mayer planteó su mayor expectativa frente al Plan Sectorial de Cultura: incentivar la cultura comunitaria en 729 municipios, los más vulnerables en el país, sin olvidar el resto de las expresiones culturales y creativas. Emitió datos ya conocidos del sector: mientras la Unesco recomienda una asignación presupuestaria en cultura de, al menos, el 1 por ciento del PIB, en México hubo en 2019 una asignación de apenas .05 por ciento, según el Inegi, cuando en 2012 fue de .10 por ciento. La disminución drástica se dio a pesar de las cifras que demuestran la generación de riqueza de las industrias creativas y culturales: 662 mil millones de pesos que significan el 3.5 por ciento del PIB. “Me duele la cultura, me duele México”, resumió, al indicar que desde la Cámara de Diputados apuntarán hacia modificaciones de marcos jurídicos sobre protección del patrimonio cultural, el acceso y protección de los derechos culturales, y la consolidación de una Ley de Industrias Creativas y Expresiones Culturales, con un apartado sobre mecenazgo. Mayer admitió que la SC está “en pañales” por su nacimiento en 2015 y una Ley de Derechos Culturales con apenas dos años de vida, así que “hay muchas cosas por trabajar, mover, modificar”. En medio de su charla, a Mayer se le trabó la lengua al tratar de decir “moderador”, por lo que se buleó a sí mismo con el augurio: “esa va a ser la nota”.

Víctor Ugalde, ubicándose como pro AMLO y morenista, lanzó su primera gran decepción de la 4T: a 240 días de gobierno, el capítulo sobre cultura en el PND es “la suma de las conferencias mañaneras, mal relacionadas”. Un documento en el que no se plantean preguntas básicas como: ¿dónde estamos, de qué partimos? Cuestionó la eficiencia de los indicadores del Inegi en la materia y  reprobó tanto “la regresividad en los presupuestos” como la falta de transparencia y la desaparición de la información pública respecto del sector cinematográfico. Bromeó, parafraseando a López Obrador: “Yo tengo otros datos… pero desfavorables”, con subejercicios en Eficine y cuatro recortes que afectan la actividad cotidiana de los cineastas, guionistas y actores.

En representación de la SC, Pablo Raphael abordó el diseño del plan sectorial de cultura, apenas en etapa de diagnóstico, y el interés de la secretaría en la generación de más indicadores que ayuden, por ejemplo, en la reflexión sobre el impacto de la cultura en la disminución de la violencia y la deserción escolar. El funcionario enlistó los ejes que marcan la labor de la institución: cultura para la paz (y recomposición del tejido social); cultura para el bienestar (con un modelo económico que impulse el desarrollo),  y democratización de la cultura (no solo que las manifestaciones lleguen a todo el país sino que, en cada municipio, esos agentes culturales encuentren mecanismos de salida a sus creaciones, proyectos, emprendimientos). Enunció además la importancia de un proyecto de Ley de Mecenazgo que regule la relación público-privada. Asimismo, presentó someramente el Proyecto Senda, integrado por Circuitos Culturales que buscarán la óptima circulación de la oferta cultural en el país. Habló en especial de un programa emergente para atender los derechos culturales de migrantes, en 32 circuitos estatales en cinco regiones del país.

La periodista Judith Amador discrepó con el diputado Mayer sobre la condición novata de la SC. “No estamos en pañales en términos de políticas culturales, existen desde hace 30 años y creo que poco va a cambiar” en el futuro, refutó. Para concluir, conminó a que el gobierno federal se comprometa a informar sobre la política cultural en las comunidades indígenas y culturas comunitarias, y el impacto que tendrán sobre estas culturas algunos proyectos de la 4T, como el Tren Maya.

27 de julio de 2019.