Tomás Ejea, profesor e investigador de la UAM; Gabriel Río de la Loza, gestor cultural; Héctor Garay, promotor cultural, y Arturo Saucedo, promotor cultural y especialista en políticas culturales, participaron en la primera sesión del segundo día de las Jornadas. El moderador fue el coordinador del Grecu, Eduardo Cruz Vázquez. (Fotos: Silvia Isabel Gámez)

Peligros y oportunidades para la cultura

Tomás Ejea, profesor e investigador de la UAM; Gabriel Río de la Loza, gestor cultural; Héctor Garay, promotor cultural, y Arturo Saucedo, promotor cultural y especialista en políticas culturales, participaron en la primera sesión del segundo día de las Jornadas. El moderador fue el coordinador del Grecu, Eduardo Cruz Vázquez. (Fotos: Silvia Isabel Gámez)

Peligros y oportunidades para la cultura

El segundo día de las Jornadas de diálogo: Programa Sectorial de Cultura. Planeación y presupuesto para el desarrollo inició con el tema La planeación nacional: Temas y agentes sectoriales. Cuatro especialistas analizaron el sector y propusieron tareas para el gobierno de la 4T, moderados por el coordinador del Grecu, Eduardo Cruz Vázquez.

El sociólogo Tomás Ejea, investigador y profesor en la UAM-Azcapotzalco, recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la cultura se ubica en el Eje de Bienestar, una visión que no difiere de lo que ha sido “siempre” el planteamiento ideológico del Presidente Andrés Manuel López Obrador: “La cultura como un instrumento para lograr la paz y el desarrollo social”.

Una visión, también, en la que las bellas artes pasan a un segundo lugar. “El PND actual me parece muy claro, nos guste o no”.

Puesto que uno de los principales problemas en México es el económico, el gobierno necesita generar un mercado interno, precisó el investigador, y es por eso que algunos programas reciben un mayor presupuesto. Puso como ejemplo Jóvenes construyendo el futuro, al que se destinaron 44 mil millones de pesos. En comparación, a la Secretaría de Cultura se le asignaron 12 mil 900 millones de pesos.

Consideró necesario un plan sectorial de cultura que precise cómo contribuirán las políticas del sector al bienestar social. “Se necesitan también diagnósticos para saber dónde hay corrupción, y decidir qué eliminar o mantener en las instituciones”.

La ciudadanía votó por un proyecto socialdemócrata, indicó, y eso se refleja en el PND.

Ejea apostó por la separación de poderes: un Ejecutivo que actúe conforme a los lineamientos establecidos; un Poder Judicial que reencauce o asegure su cumplimiento, y un Legislativo que establezca las normas. “Los contrapesos deben ser las instituciones del gobierno”.

El promotor cultural Héctor Garay consideró necesaria la vinculación de los creadores con las instituciones culturales para que su participación, sus propuestas y peticiones, se reflejen en las políticas del sector. Sugirió crear un Consejo Nacional de Artes, con representatividad en la SC.

Lamentó que no se hayan creado contrapesos en el ámbito cultural, como comités de vigilancia. “Los contrapesos en esta democracia no tienen cabida por una visión hegemónica”, advirtió.

El gran debate pendiente para Garay se relaciona con el arte y la sociedad, sus vínculos y valores. “Lo que está sobre la mesa es la definición de artista. Cualquiera tiene derecho a disfrutar y practicar el arte, pero ¿todos son artistas”.

Gabriel Río de la Loza, gestor cultural, indicó que el PND, lo mismo que el Plan Sectorial de Cultura, surgen tras definir problemáticas, no necesidades.  

Consideró que hace falta generar nuevas estructuras que conjunten las visiones antropológica social y económica de la cultura. “No puede seguir siendo un sector precario”, subrayó.

Río de la Loza advirtió que el PND podría no coincidir con los planes de gobierno estatales. De ahí la importancia de que la Federación cumpla “su parte” con las entidades, y estas a su vez con la ciudadanía.

Puso como ejemplo la transformación del Instituto Quintanarroense de Cultura en Secretaría de Educación y Cultura durante el gobierno de Roberto Borge, y cómo tras su salida, en 2017, la nueva administración regresó a la anterior figura jurídica al convertirlo en el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

“No le dieron oportunidad de consolidarse. Existe un sentimiento de orfandad en la comunidad (artística) de Quintana Roo por esta decisión”.

El promotor cultural Arturo Saucedo, especialista en políticas culturales, advirtió sobre la discrecionalidad de decisiones que, tomadas desde el gobierno, afectan al marco legislativo.

“Que la Fundación Esperanza Azteca lleve la formación artística (por disposición de la SEP) es una decisión política que ataca a las instituciones en su fundamento”, señaló, debido a que la SC cuenta con un Sistema Nacional de Fomento Musical encargado de esa tarea.

Saucedo consideró necesario persistir en la “construcción institucional”, en establecer una política de Estado independiente de los partidos políticos.

Para el promotor cultural, la discrecionalidad alude a “los intereses más mezquinos que no siempre son manifiestos”, y advirtió que, cuanto más aumenta, mayor es la corrupción.

“El gran problema es la falta de instrumentos mediante los cuales se pueda remover a funcionarios”, dijo Saucedo. “Todas las instituciones debieran estar constituidas con mecanismos de evaluación permanente”.

Lamentó que los proyectos independientes no parezcan tener cabida en la actual visión de la cultura. “Quitar la palabra independiente y dejárselo todo al Estado, a Alejandra Frausto (titular de la SC) y Paco Ignacio Taibo (director del FCE), me parece un despropósito y un atentado a la cultura del país”. Y agregó: “Quienes han acabado con la producción independiente son los estados totalitarios”.

Una de las formas en que se expresa la discrecionalidad, dijo Saucedo, es que siempre habrá recursos fuera de la ley, y en otros casos, aunque la ley establezca proporcionarlos, no los habrá.

“Llegaremos al vasconcelismo”, vaticinó, recordando que este proyecto surgió en un México devastado, al término de la Revolución. “Dejarán al país desmantelado para que el vasconcelismo tenga sentido”.

Por una política de banda ancha

El comunicador Alejandro Ordorica, la periodista Elvira García, y los economistas Ernesto Piedras, Alejandro Rosas Guerrero y Marissa Reyes, cerraron las jornadas. La sesión fue moderada por la gestora cultural Marcela Flores.

La mesa que cerró las Jornadas de diálogo se tituló El sector cultural: economía, empresas e industrias, y fue moderada por la gestora cultural Marcela Flores.

El director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Alejandro Rosas Guerrero, reconoció que la actividad cultural no representa una rentabilidad inmediata. “Es difícil disociar bienes culturales de actividad productiva”.

Consideró necesarios estudios sobre qué políticas públicas funcionan en el sector cultural: “No veo que haya suficientes análisis”. Cuando no existen, advirtió, es más difícil determinar la efectividad de las políticas.

Rosas se refirió también a la necesidad de pensar en nuevos esquemas y propuestas para lograr apoyos federales, más allá de la obtención de becas.

El economista Ernesto Piedras recordó que en agosto se cumplirán 15 años de la publicación de su estudio pionero ¿Cuánto vale la cultura?. Al cabo de este tiempo, dijo, siente que aún no ha permeado el mensaje de ver en los creadores un agente económico, aunque la cultura genera 1.3 millones de empleos directos e indirectos, y aporta el 7.4 por ciento del PIB.

“Debemos dejar de hablar de la cultura en singular”, señaló. “Hay una cultura que tiene viabilidad económica, rentabilidad. Pero la identitaria, referida a las tradiciones, sigue requiriendo apoyos. Hay que trabajar en la diferenciación”.

Enlistó también una serie de tareas pendientes: la transversalidad de la SC con otras secretarías, elaborar estadísticas más detalladas del sector, y construir una política cultural integral que resuelva carencias como la falta de seguridad social para los creadores.

“Los números pueden ayudar, exhibir el valor que tenemos. Son un detonador de codicia válido. Hay que generar argumentos desde el campo económico”.

Piedras subrayó que la creatividad se ha convertido en uno de los factores de desarrollo más importantes para un país. La riqueza ya no depende exclusivamente de recursos no renovables como el petróleo.

“Si somos una potencia económica creativa, vamos por ese recurso renovable”.

Consideró caduco el término de “industrias culturales”, que comienza a ser sustituido por el de “industrias creativas”, y urgió a orientarse al ámbito digital. “Si no, la política cultural será de tecnicolor y la queremos de banda ancha”.

La economista Marissa Reyes, coordinadora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), dijo que existen cifras a nivel macro que necesitan ser sustentadas en datos micro. “Necesitamos clasificaciones”, afirmó. “Los diagnósticos servirán para trazar una ruta de hacia dónde queremos ir”.

Propuso también hacer una evaluación de la eficiencia de las instituciones a partir de la economía.

El comunicador y escritor Alejandro Ordorica señaló que no observa una articulación de la SC con secretarías como las de Hacienda y Turismo ni con las instituciones de cultura en los estados; tampoco una política enfocada a los empresarios culturales.

“Debemos pasar de la retórica a la acción, con políticas públicas factibles y realistas”, urgió.

Consideró que la idea de la gratuidad en la cultura es irreal. “No existe, aunque se quisiera practicar. El INBAL, aun sin cobrar, se mantiene de los impuestos”.

Hace falta, dijo, que crezca la participación y la organización social, pues hay mucha dispersión y polarización en el sector cultural.

Ordorica señaló la necesidad de que existan movimientos organizados de creadores para llevar temas a la agenda de los legisladores; pidió también que los sindicatos apoyen a la cultura, puesto que cuentan con recursos, y que el Estado exija a las grandes empresas donar un porcentaje de sus ganancias a la cultura.

La periodista Elvira García lamentó que el artista continúe siendo un “ente aislado”, desvinculado de los gestores culturales.

“¿Por qué no promover desde el Estado que los artistas tengan incentivos fiscales para desarrollar su trabajo en sus comunidades?”, planteó, y puso el ejemplo de Francisco Toledo en Oaxaca.

Cuestionó también decisiones como no cobrar la entrada al Complejo Cultural Los Pinos. “El Estado tiene que hacer redituables los bienes culturales. Es la forma de recuperar algo de lo que se invierte en cultura”.

27 de julio de 2019.

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