diciembre 7, 2022

Ilustración: Paso Libre

¿Mano negra contra el cine mexicano?

Ilustración: Paso Libre
La polémica desatada por la iniciativa presentada por el senador Martí Batres a petición de los actores de doblaje de la Asociación Nacional de Actores (Anda), en realidad es un asunto viejo en cuyo fondo está el control del mercado del cine y del audiovisual mexicano. Los grandes estudios agrupados en la Motion Picture Association (MPA) versus los productores del cine nacional. Durante más de 50 años prevaleció nuestro cine, dominando casi el 50 por ciento del mercado y manteniendo a raya, con un máximo del 30 por ciento, a los estadounidenses. La situación cambió de tajo a partir de 1994, gracias al apoyo del presidente Carlos Salinas de Gortari y de su equipo de neoliberales a los estadounidenses, que se apoderaron del 88 por ciento de nuestro mercado en tan solo 10 años [1]. Ahora buscan el control total, lo que equivaldría a la extinción de nuestra expresión artística cinematográfica por competencia ruinosa y por la nula circulación del imaginario del resto del mundo por incosteabilidad a mediano plazo [2]. Como resultado de lo anterior habría una mayor colonización mental de los mexicanos, que se educarían informalmente con la visión unipolar estadounidense, y a largo plazo nos llevaría a la pérdida total de nuestra soberanía política e ideológica.
En este nuevo embate, el pretexto para imponer las cintas dobladas en las salas de cine es incluir a los débiles visuales y a los analfabetas (otra vez) [3]. Lo nuevo es que la iniciativa del senador viola múltiples artículos de las leyes federales de Cinematografía (LFC) y del Derecho de Autor (LFDA) bajo el pretexto de “proteger y garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores de la industria del doblaje mexicano, de manera independiente de la pertenencia de estos a sindicato alguno”. Además quiere “estandarizar salarios dignos y justos para todos los involucrados en la realización del doblaje mexicano, que no dependan de la pertenencia de estos a sindicato alguno y que sean además proporcionales a la comercialización de cada producto audiovisual doblado, tomando en cuenta la existencia de diferentes formatos para la exhibición del doblaje, de modo que no se sobreexplote el trabajo sin una justa compensación económica, que sea equivalente al uso del doblaje en los distintos formatos de exhibición del doblaje mexicano que son: doblaje para theatricals (exhibición en cines); doblaje para formatos caseros (DVD, Blu-ray y copias digitales), conocidos y por conocerse; doblaje para plataformas digitales (Netflix, Blim, Amazon Prime, etc.), conocidas y por conocerse; doblaje para televisión; doblaje para transporte nacional de pasajeros (material exhibido en autobuses y aviones); doblaje para transporte internacional de pasajeros (material exhibido en autobuses, aviones y barcos); y doblaje para exhibición en todos los medios de comunicación, tecnologías y formatos tangibles”.

Resulta irónico y contradictorio que un senador de “izquierda” impulse la iniciativa de un sindicato que va en contra de sí mismo y de la expresión fílmica nacional. ¿Quién la redactó y qué se pretende realmente? ¿Por qué la iniciativa de reforma apoya a las empresas para que se pueda trabajar sin sindicatos cuando fue la Anda el organismo que la propuso? ¿Quién quiere afectar a los actores que filman en el país al reducirse los espacios para nuestro cine? ¿Serán las empresas de doblaje?

En la exposición de motivos y en los medios utilizados por los actores de doblaje para difundir la iniciativa se quejan de una supuesta “competencia desleal” de las empresas extranjeras y de las empresas nacionales fantasma, que no cumplen con salarios dignos ni buenas prestaciones y que además despojan a los intérpretes de sus derechos. A lo que se agregan las malas condiciones laborales por trabajar en instalaciones inadecuadas, tal y como lo denunció Batres.

Para solucionar los bajos salarios y el despojo de los derechos laborales no se necesita cambiar la ley del Trabajo y menos aún la de Derechos de Autor. Basta que el actual consejo directivo de la Anda exija el cumplimiento de las leyes vigentes. A las empresas nacionales fantasma hay que acercarse para afiliarlas a la Anda y a partir de ahí exigir la firma de un contrato colectivo con los actores en el que se establezcan buenos salarios y las debidas prestaciones. Además, se podrían demandar mejores condiciones de trabajo en las instalaciones donde se grabe y asegurarse de que no renuncien a su derecho de regalía establecido en la LFDA.

Esto último resulta fundamental para que la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) pueda cobrar a los usuarios finales, tal y como lo marca la ley actual, el pequeño derecho de intérprete en salas de cine, doblaje, DVD, Blu-Ray y copias digitales, plataformas digitales, televisión abierta y restringida, autobuses y aviones, y un larguísimo etcétera. Por eso no resulta contradictorio que la Andi se oponga a la propuesta de reforma de la Anda, ya que 2019 fue uno de los mejores años en materia de recaudación para los intérpretes de doblaje. El derecho de regalía incluye todo lo que se pide en la propuesta de reforma impulsada por la Anda, simplemente se debe incrementar la cobranza en los medios que actualmente no pagan, como son las plataformas.

Si se llegara a reformar el artículo 116 de la LFDA, como se pretende, para incluir los términos actor o actriz o directora de doblaje, se suspendería la cobranza actual y se debería reiniciar la exigencia de este derecho mediante juicios y amparos en procesos que podrían durar lustros, lo que representaría un grave retroceso para la Andi y los intérpretes que actualmente están cobrando este derecho de regalía.

Los promotores de esta iniciativa se quejan de que cada día llegan más producciones dobladas de otros países latinoamericanos cuya calidad es mala y se ofrecen a precios más bajos, por lo que tienen menos trabajo; sin embargo, en la exposición de motivos se afirma que el doblaje mexicano cubre actualmente el 70 por ciento del total del mercado en español. Además, de acuerdo con los datos de Charles Barthe, presidente del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (Cemid), México ocupa el primer lugar en la exportación de contenidos creativos para toda América Latina. En ese sentido, la industria del doblaje resulta una de las más fructíferas, ya que el 70 por ciento del doblaje en español se realiza en México, con un valor aproximado de 66 millones de dólares. En 2018, 304 películas fueron dobladas en el país de un total de 395, representando el 80 por ciento de las cintas extranjeras exhibidas en los cines. El crecimiento del doblaje se mantendrá a la alza en los próximos años debido a la necesidad de este tipo de materiales por parte de las plataformas y de la televisión en todas sus modalidades, donde el consumidor puede decidir libremente si le gusta ver las producciones dobladas o subtituladas sin afectar los derechos de terceros. ¿Cuál crisis?

Sobre la calidad del doblaje, aunque sea difícil mantener esa aseveración ya que todo doblaje traiciona la versión original, podría solucionarse recurriendo a la Secretaría de Economía para establecer una norma oficial mexicana que todas las empresas deberán cumplir.

A manera de conclusión

La pretensión de una reforma por parte de los intérpretes de doblaje de la Anda parece una maniobra disfrazada en beneficio de las empresas estadounidenses y del doblaje para ampliar sus mercados. Esta iniciativa enfrenta a los actores de doblaje con los derechos de los actores de rodaje del cine mexicano, ya que pone en riesgo de quiebra a las empresas productoras nacionales al reducírseles el número de pantallas y fechas para su estreno y corrida subsecuente.

Urge que se cumpla la promesa de establecer una mesa pública para analizar a detalle las consecuencias negativas de la propuesta de Batres. Se requiere la participación de todos, ya que ahora se suma una nueva propuesta presentada por tres senadores del Partido del Trabajo. Quizá habría que aceptar la invitación hecha por el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, para que se discuta en la mesa de trabajo para la reforma de la Ley de la Industria Cinematográfica que se realiza desde hace año y medio en la Cámara baja. Ahí será importante escuchar cuál es la posición de las secretarías de Educación Pública y de Cultura, así como conocer las posturas de las comisiones de Cultura, Trabajo y Estudios Legislativos del Senado, encabezadas, en ese orden, por Susana Harp, Napoleón Gómez Urrutia y Manuel Añorve.

Quizá ahí rectifiquen sus posturas iniciales tanto la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas como el Instituto Mexicano de Cinematografía, que ya habían aceptado que se doblaran el 30 y el 50 por ciento, respectivamente, de las copias que se exhiban en las salas. Un despropósito que va en contra de las obligaciones establecidas en las leyes y de los estatutos de ambas instituciones, que deben luchar tanto por el cine mexicano como por el respeto de las obras en su versión original.

NOTAS:

[1] TLCAN/Cultura. ¿Lubricante o engrudo? Apuntes a 20 años. UAM/Universidad de Nuevo León, 2015.

[2] Alfonso López, director de Alfhaville Cinema.

[3] En las discusiones en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Cine en 1998, los representantes de doblaje sostuvieron que permitiría la incorporación al consumo de cine de los ciegos y los analfabetos. Nada de esto sucedió.

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