Se publicó en la página de la CONAMER (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria) un anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura que reforma el anterior de 2016. El documento propone algunos cambios en la estructura de la secretaría y añade muchas precisiones a las funciones. No es una cuestión menor porque el documento define en gran medida lo que se hace en el día a día de la institución. En este texto señalo algunas cuestiones que me parecen relevantes de estos cambios.
Es de suponer que la propuesta de nuevo reglamento ha sido elaboraba por la oficina jurídica de la Secretaría Cultura y que luego fue revisada y aprobada por el jurídico de la presidencia. Ignoro qué ideas guiaron la elaboración de esta reforma, aunque lo más relevante debe haber sido la experiencia sobre el funcionamiento de la secretaría e ideas sobre su adecuación para el cumplimiento de las responsabilidades marcadas por la ley. Creo que, en general, hay que dar el beneficio de la duda a la experiencia de quienes han estado al frente de la gestión de la secretaría para mejorar lo que se considere adecuado. Sin embargo, se pueden hacer algunas observaciones muy puntuales de lo que puede resultar problemático.
Algunos cambios se derivan de las políticas públicas federales que impactan los organismos sectoriales. Otros son resultado de las políticas decididas por la Secretaría de Cultura y de los problemas de gestión internos.
La actual administración federal impulsó algunas políticas que, “desde fuera de la secretaría”, afectaron de alguna manera su funcionamiento de la Secretaría de Cultura.
-Están en primer lugar las que tienen que ver con la austeridad y la lucha contra la corrupción. Esto último está muy presente en el nuevo reglamento y se le añaden una lista de principios éticos como punto de partida de la nueva reglamentación y de lo que debe regir a los organismos desconcentrados de la misma.
-Otro aspecto “externo” tiene que ver con algunas políticas, que en afán de orden o de no interferencia de actividades, conducen a que se eliminen algunas de las atribuciones de la Secretaría de Cultura en el actual reglamento. Es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la oficina de asuntos internacionales que en el anteproyecto desaparece, para crear un híbrido con la economía cultural, algo que durante el sexenio ocurrió en la práctica. En lo que toca a publicaciones para terminar de formalizar su paso al Fondo de Cultura Económica. En lo que toca a publicaciones la situación es más compleja porque no me imagino un organismo de cultura que no tenga una política sobre esta forma tan relevante de difusión de la misma.
-Finalmente, otro asunto de política pública federal que afecta a la secretaría es la definición de funciones de la persona titular de la misma. Me preocupa, en particular, la supresión de la función XVI (artículo 5) establecida en el reglamento de 2016: “XIV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Cultura”. Esta es una función que considero básica de cualquier responsable de un organismo público. No me imagino que en la secretaría de salud o de educación pública se excluyera a su titular de la decisión sobre esta materia.
Por otra parte, hay en el reglamento un espíritu de precisión de las funciones que da lugar a una profusión de éstas. Casi todas las entidades de la secretaría aumentan su número de atribuciones. En algunos casos de forma muy notable.
Hay dos coordinaciones que desparecen sin que, por el momento, quede clara su nueva situación. Una es la de la Fonoteca Nacional que es suprimida como coordinación, aunque la fonoteca en sí misma no lo hace, sino que es reubicada en la Dirección General de Bibliotecas y Acervos. El otro caso es la Dirección General del Centro Nacional de las Artes que ya no está presente en el nuevo reglamento y de la que no hay referencia de dónde quedará ubicada.
Dado lo que sucedió durante este sexenio a partir de la política de austeridad que, en la práctica, suprimió la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, se hubiera podido esperar que en el nuevo reglamento esta eliminación fuera definitiva, pero no ocurre así. En cambio, se reinstala como Subsecretaría de Diversidad y Patrimonio Cultural.
Son relevantes algunas transformaciones notables en la organización y tareas de la dependencia cultural en el anteproyecto que se ha dado a conocer. Señalo tres:
La primera es el conjunto de unidades administrativas que la componen.
-En el reglamento vigente son dieciséis además de cinco órganos desconcentrados: Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; Instituto Nacional del Derecho de Autor y Radio Educación.
-En el anteproyecto a discusión hay catorce unidades administrativas (con tres cambios importantes: la Oficialía Mayor se transforma en lo que funcionó en la práctica, la Unidad de Administración y Finanzas; se crean dos direcciones (de Cooperación y Economía Cultural y del Sistema de Estímulos a la Creación y Apoyo a Proyectos Culturales) y se suprimen cuatro (de Asuntos Internacionales; de Publicaciones; del Centro Nacional de las Artes y de la Fonoteca Nacional).
Aparecen en la lista organismos que ya estaban sectorizados en la Secretaría de Cultura pero que no estaban oficialmente en el reglamento:
- Organismos Públicos Descentralizados: Instituto Mexicano de Cinematografía e Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
- Empresas de Participación Estatal Mayoritaria: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.; Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.; Estudios Churubusco Azteca, S.A. y Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22).
- Fideicomisos Públicos: Fideicomiso para la Cineteca Nacional y Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y
- Fideicomisos de participación tripartita: Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional y el Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso).
- Es de notar que se añade una nueva empresa de participación estatal mayoritaria que es Chapultepec Naturaleza y Cultura, S. A. de C.V.
-Un aspecto notable que se integra al proyecto de reglamento es lo que tiene que ver con la política central de este sexenio que es cultura comunitaria. En diversos artículos se habla de la responsabilidad de las unidades administrativas en esta materia.
-Finalmente, un cambio sumamente notable es la ya indicada transformación de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura en Subsecretaría de Diversidad y Patrimonio Cultural. Este es un ajuste además riesgoso en términos administrativos porque traspasa o centraliza tareas que ya hacen el INAH y el INBAL en las materias. Por ejemplo, el nuevo reglamento establece (artículo 9) que la subsecretaría implementará “los mecanismos que promuevan, diseñen, coordinen y supervisen la Identificación, protección y recuperación del patrimonio cultural del Estado mexicano que se encuentre en el territorio nacional y extranjero y que haya sido ilícitamente sustraído para que retorne a su lugar de origen”; que promoverá “los dispositivos para la identificación, protección y recuperación del patrimonio cultural de la Nación que se encuentre en el territorio nacional y extranjero y que haya sido ilícitamente sustraído y que retorne a su lugar de origen” y que articulará “los esfuerzos para la presentación de propuestas de declaratorias de patrimonio mundial ante los diversos organismos internacionales”.
Yo no tengo ninguna duda de que la política o las políticas sobre patrimonio deben actualizarse. Incluso que la forma institucional en que se llevan a cabo deba transformarse, pero creo que esto debe partir de una discusión integral que fortalezca lo existente y mejore lo que falla en esta materia. En cambio, pienso que esta subsecretaría puede generar interferencias que estorben al buen funcionamiento de lo que ya hay sin atender sustancialmente lo que exige esta importante área de la política cultural.
