Hay un dicho en administración pública de muchas verdades, dice: las políticas públicas se hacen con presupuesto. Si observamos la manera en que se arman los paquetes anuales y la asignación de presupuestos específicos se pueden revelar los intereses y prioridades de un gobierno y arrojan luz a estrategias de gestión o sirven para contrastar discursos relativos, especialmente cuando se enmarcan como centros de la transformación social.
Las dudas generadas por la administración del Poder de la Cultura comenzaron justamente con la asignación de un presupuesto inercial que incluye un mega proyecto con un gasto programado de mil 668 millones de pesos (mdp) contrastando con otros ejes ya establecidos. Prioridades e inercias son una contradicción subyacente a la crisis cultural del país y posicionan al sector como una sombra económica.
La contradicción es una parábola de puesta de valor, el sector cultural aporta al PIB el 3.2 por ciento según la actualización a 2018, pero el gasto público en cultura es 0.2%, en una sorprendente proporción de dieciséis a uno, según los datos de la Cuenta Satélite de Cultura que elabora el INEGI. Se plantean cuestiones de retribución en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas culturales.
Retomando el caso más emblemático de este momento, el recorte del presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), podríamos ver que así como existe esa contradicción, también hay problemas de fondo: un déficit de hasta mil 200 mdp y una serie de dilemas que impactan directamente la imagen institucional y del patrimonio cultural.
Luz y sombra
El INAH fue creado por iniciativa presidencial hace 81 años y ha tenido un papel relevante en la construcción del imaginario colectivo cultural del país. Destacada instancia académica y de grandes hallazgos arqueológicos –aunque en realidad sus funciones trascienden la arqueología– representa la responsabilidad que tiene el Estado con la investigación de su propia identidad.
Su influencia social relacionada con el desarrollo turístico a gran escala a partir de los años 50 del siglo XX nos remite a su condición redituable por medio de museos y zonas arqueológicas. El problema comienza con el manejo discordante de sus estatutos, se cuenta con una personalidad jurídica con capacidad de adquisición y administración de sus propios bienes incluyendo ingresos, fondos y aportaciones pero no se retroalimenta adecuadamente.
Lo señalado por Julio César Olivé en 1972 tendría que resonar en la actualidad: “En tanto que el INAH tiene toda su administración presupuestal totalmente trabada por las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, no hay flexibilidad no solo en el pago al personal profesional y técnico, sino tampoco hay ninguna posibilidad para resolver ágilmente todos los problemas que presenta la conservación y el estudio del patrimonio cultural de la nación”[1].
El camino de la traba presupuestal implica un trazo de dependencia que puntean su directriz, la Secretaría de Cultura y su Dirección General de Administración marcan el paso. La disminución de 739,9 mdp al INAH en efecto es un recorte brutal que implica aspectos negativos más allá de la superficial inoperatividad. Agudiza una crisis precedente a la actual administración.
Si bien la asignación presupuestal es importante, la manera en que se ejerce lo es todavía más. Se arrastra un déficit y deudas por aumentos líquidos de un gasto que no alcanza para cumplir las metas y objetivos. Se habla de un presupuesto anual ideal de 5,000 mdp para el cumplimiento total de los compromisos, pero ¿cómo le ha ido con lo ya existente?
El panorama es complicado al ver los reportes de transparencia de la Secretaría de Hacienda –Modelo Sintético de Desempeño Ejercicio fiscal 2018 de la Subsecretaría de Egresos– que evidencian un cumplimiento de metas alto con un rendimiento de baja calidad, es preocupante además la inexistente base de indicadores que midan los resultados y variables.
La ficha de desempeño 2017-2018 del CONEVAL tampoco es alentadora, pues valora moderadamente los resultados e indica que “No se cuenta con evaluaciones de impacto que muestren los efectos atribuibles al programa”. Además son tangibles las raíces del problema al reportar que “La insuficiencia de recursos humanos, financieros y materiales, no permiten proporcionar una adecuada protección y conservación del vasto patrimonio cultural de la nación” lo que es una llamada de atención para el diseño de los esquemas de trabajo. Quizá también sea paradigmático que a pesar del enfoque humanista del instituto se considere que sus programas no tienen alcance social al apreciar que “no fue relevante para la disminución de esta carencia social”.
Medir y generar indicadores fiables de investigación científica y producción académica siempre será un debate imposible si no comenzamos a sistematizar nuestros esfuerzos, necesidad histórica referida en varios diagnósticos, incluyendo el reciente realizado por la UNAM. Podríamos poner sobre la mesa otros obstáculos como la corrupción y la corrupción intelectual[2].
En defensa del INAH
Lo que queda claro es que el instituto queda de lado en prioridades del Estado ¿qué tan mala señal es?, debemos evaluar con lupa lo que presenta la Secretaría de Cultura y su accionar para saberlo, ¿estamos listos para esbozar una necesaria reforma cultural?
Bosquejemos cuál debe ser el camino para contrarrestar este entredicho. Primero, el patrimonio y la cultura trasciende lo institucional en todos los sentidos, las tareas y quehaceres se nos salen de las manos y los problemas se empolvan sin soluciones nuevas[3].
Segundo, pedir que se recupere y aumente el presupuesto solo es parte de la solución. Seguir, supervisar y repuntar la eficiencia de ese presupuesto es una meta que se debería perseguir en aras del peligro de su desmantelamiento y desaparición, poniendo énfasis en el impacto social.
Tercero, como protectores del patrimonio nos conviene salir ya de nuestro aislamiento académico[4] y emprender una estrategia efectiva que aliente a conocer el oficio antropológico más allá de una institución y sus funciones, tomando como centro los resultados concretos y pensar en los futuros posibles de la práctica profesional como generadora de soluciones reales al contexto reciente del país.
[1] Cottom, B. (2016). Debates por la cultura. Las consultas públicas que precedieron a la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en la Cámara de Diputados, 1972. México: Secretaria de Cultura/INAH/Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo/Porrúa.
[2] Matos Moctezuma, E. (2017). Todos hacemos el patrimonio. En E. Cruz Vázquez (Ed.), ¡Es la reforma cultural, presidente! Propuestas para el sexenio 2018-2024 (págs. 47-51). México: Editarte.
[3] Nalda, E. (2004). Patrimonio arqueológico. Problemas antiguos, soluciones nuevas. En L. Arizpe (Ed.), Los retos culturales en México (págs. 307-317). México: Porrúa/H. Cámara de Diputados LIX Legislatura/UNAM.
[4] Ledesma Bouchan, P. (2018). Resultados de tres estudios de visitantes en Tlatelolco. En M. Gándara Vázquez, & M. A. Jiménez Izarraraz (Edits.), Interpretación del patrimonio cultural. Pasos hacia una divulgación significativa (págs. 295-307). México: Secretaría de Cultura/INAH.
