El pasado viernes 20 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un “Decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República”. La Presidencia de la República eliminó por este acto la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, ambas establecidas en diciembre de 2019.
Entre otras de las atribuciones de la Coordinación se encontraban el “desarrollar y fomentar el derecho a la memoria”, “Impulsar acciones para la preservación, conservación, restauración y protección del patrimonio resguardado por entes nacionales y regionales, públicos y privados” y “Coordinar acciones y, en su caso, suscribir convenios de colaboración con órganos constitucionales autónomos, gobiernos de las entidades federativas y municipios, poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, instituciones privadas, públicas, nacionales e internacionales y con la sociedad en general, cuya finalidad sea la de impulsar el ejercicio del derecho a la memoria”.
La Coordinación contó con un Consejo Consultivo Honorario presidido por la Dra.Beatriz Gutiérrez Müeller en el que participaban importantes figuras de la cultura y las artes: Elena Poniatowska, María Isabel Grañén Porrúa, Horacio Franco, Carlos Pellicer López, Eduardo Matos Moctezuma, Cristina Barros Valero, Luis Humberto Barjau Martínez, Margarita Valdés González-Salas, Minerva Margarita Villarreal Rodríguez y Miguel León Portilla. Su último coordinador, Eduardo Villegas, fue designado en agosto pasado embajador de México en Rusia y desde entonces estuvo acéfala, aunque esto no impidió que se la dotara de presupuesto para este año de 2023.
La Coordinación tuvo una presencia muy discreta, al menos en lo que toca a la opinión pública pues, como se indica en su nombre y funciones, sus tareas eran sólo de coordinación de actividades establecidas en los ordenamientos de otros organismos.
Surgen algunas preguntas sobre la desaparición de este organismo. La más obvia es sobre cómo se va a dar continuidad a las tareas que tenía asignadas y que derivaron en planes de trabajo, convenios y proyectos de diverso alcance. La respuesta a esto se dio en una nota de prensa en la que se dijo que la Coordinación se integrará como una “Oficina para la memoria histórica de México” del Archivo General de la Nación.
Aunque la nota dice que las funciones que realizaba la Coordinación se mantendrán en la nueva Oficina no parece ser un cambio que pueda dar realce a las actividades que realizará y sí, en cambio, implica una subordinación a una institución a la que antes coordinaba junto con otras dependencias. Supongo que los 23 millones de pesos otorgados al organismo para su operación de este año tendrán un destino relacionado con las tareas que cumplía en esta nueva estructura.
Podría suponerse que, luego de tres años, las tareas de este organismo, así como las de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, fueron evaluadas como innecesarias, prescindibles o reubicables debido a que sus responsabilidades bien eran poco precisas u otros organismos daban cumplimiento a lo que se esperaba de ellos.
Caben dos reflexiones sobre la desaparición de la Coordinación de la Memoria Histórica. La primera es que el titular del Poder Ejecutivo cumple a cabalidad con las atribuciones asignadas en el decreto de creación. Quiero decir que no es porque los objetivos de la Coordinación no sean relevantes para el Presidente de la República, sino que él se basta para llenar el vacío de queda.
La historia, más que la cultura, es de gran interés para el mandatario como lo deja ver con gran frecuencia en sus conferencias de prensa de las mañanas. La “recuperación de la memoria” parece no tener mejor responsable que Andrés Manuel López Obrador de modo que la desaparición de la Coordinación no equivale a la extinción de una necesidad sino, al contrario, a su consagración definitiva en las tareas del residente de Palacio Nacional.
Otra reflexión que podría hacerse más allá de este caso concreto es si los organismos de coordinación son administrativamente irrelevantes e innecesarios como podría concluirse de esta experiencia. En mi opinión, muchas de las tareas de la administración pública se diseñaron para responder a necesidades precisas que luego de un tiempo se vió conveniente reestructurar en torno a políticas de mayor alcance.
En materia de cultura esto ha sido una práctica común en muchos países. Bibliotecas, academias, programas y tantos más instrumentos de acción pública se crearon en forma aislada y luego, cuando fue conveniente ordenar sus objetivos en torno a una política cultural se incorporaron a una secretaría o instituto o se coordinaron con otros organismos para dar mayor efectividad a sus actividades.
Así se creó en 1958 una Subsecretaría de Cultura en la Secretaría de Educación Pública que, con diversos nombres, sobrevivió casi 30 años y el mismo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que funcionó de 1988 a 2015. Crear organismos de coordinación no es un error si sirven también para modernizar la administración y las mismas políticas públicas.
Por el contrario, cuando la formación de instituciones de integración o coordinación no ocurre alrededor de un proyecto claro, estos organismos pierden efectividad. Ha sido este el caso de la Secretaria de Cultura federal que fue una oportunidad perdida para la puesta al día de la política cultural y lo mismo se puede decir de la Coordinación de la Memoria Histórica que careció de objetivos precisos más allá de una idea muy general y abstracta de “recuperación” y coordinación” de esfuerzos en favor de la memoria y el patrimonio.
de la historia de México. (Imagen tomada de programadestinosmexico.com).
