MONTERREY. Erin Brockovich enseñó que el espíritu de lucha puede hacernos triunfar en un sector, aunque no tengamos un diploma o doctorado en dicha área. Su gran hazaña fue llevada al cine. En el presente artículo, doy seguimiento y actualización al caso del proyecto de Ley de Cine de Nuevo León, ahora como protagonista de su propio celuloide.
El pasado 17 de septiembre de 2020, presenté, junto con la crítica e investigadora Diana González, una iniciativa ciudadana para una ley de cine para el Estado de Nuevo León. Lo hicimos con cierta prisa, puesto que estaban las condiciones para que en cualquier momento el dictamen con fecha de 30 de mayo de 2020 de la propuesta promovida por el clúster MIMEC pudiera aprobarse mediante un albazo legislativo. Es decir, sin la debida discusión y debate por parte de la comunidad cinematográfica, y por consiguiente, tendríamos el secuestro y la privatización del cine en Nuevo León, así como la continuidad de las estructuras verticales de decisión en las políticas públicas, pero ahora en el sector cinematográfico.
No hay que ser ingenuos, no hay candados ni garantía que evite que las empresas del clúster sean las grandes beneficiadas de los recursos públicos, que por cierto seguramente serán muy limitados en el 2021, por la estela de trastornos económicos de la actual crisis sanitaria.
Y todo eso, a pesar de que desde el 19 de noviembre de 2019 la cineasta Leticia Vargas presentó un oficio solicitando al Congreso del Estado una mesa de trabajo para discutir dicha iniciativa institucional. A eso se suma que el 21 de mayo de 2020 presentamos un pronunciamiento firmado por integrantes de la comunidad cinematográfica en tal sentido, y luego el 25 de junio de 2020 pedí nuevamente la organización de mesas de trabajo. No hubo respuesta a dichas solicitudes.
Lamentablemente el recurso del albazo es un tipo de maquinación vivida de manera muy reciente en la cultura de Nuevo León. En enero de 2019, la directiva de CONARTE promovió una votación en el pleno del organismo en el que se eliminaron las bolsas que tenían desde hace quince años los gremios de cine, artes plásticas, literatura, música, danza, fotografía y teatro, sin dar oportunidad a los vocales de las disciplinas artísticas a debatir esa medida con los integrantes de las comunidades artísticas. Hoy con la situación de la pandemia, la inexistencia de ese presupuesto participativo ha complicado y lacerado como nunca a las comunidades artísticas de la entidad.
Vienes y te vas
Ante el depósito que hicimos de la propuesta de ley de cine para Nuevo León en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una iniciativa genuinamente ciudadana, las reacciones no se hicieron esperar. Las descalificaciones llegaron de parte de quienes simpatizan con el clúster. Sabíamos bien que eso iba a pasar.
En lo que a mí refiere, las andanadas hacia mi persona no se hicieron esperar. Si bien soy vocal de la disciplina de literatura, ser consejero ante CONARTE no me priva de mis derechos políticos, de libertad de expresión y de participación ciudadana, así como de mi legítimo derecho de proponer a la ciudadanía lo que consideramos es lo mejor para el desarrollo cultural y del cine de Nuevo León. Amo el séptimo arte desde joven, fue un reto elaborar la iniciativa, un trabajo serio, de mucha investigación, examinar qué se ha hecho en otras legislaciones del sector cinematográfico.
Tuve a bien analizar las leyes para la industria cinematográfica y audiovisual de la Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos y Querétaro. Asimismo, revisé las legislaciones de Argentina, España, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Costa Rica y Paraguay.
Aunado a lo anterior, a últimas fechas incluimos una serie de cambios a la iniciativa ciudadana, cuya actualización ingresamos el 5 de octubre pasado en el Congreso del Estado. Esos ajustes por demás pertinentes, así como la inclusión de conceptos e ideas que brindó Diana González (que forman parte de su Plan Nacional para un Cine Regional Mexicano), ofrecen un engranaje que garantiza que la ley pueda operar en todos los municipios de Nuevo León.
Es importante subrayar que Diana González respeta y reconoce los esfuerzos de todos los que han producido cine en el estado, con o sin apoyo oficial. Su visión pone al descubierto la pequeña y deficiente estructura institucional que ha promovido el cine local, siendo una parte importante de la solución el aprovechamiento de espacios ya existentes, la integración de una estrategia de capacitación y enseñanza en cinematografía y de acceso gracias a cuotas accesibles para todo aquel ciudadano que desee aprender del séptimo arte.
Diversos gobiernos de otros países han reconocido que la inversión en una educación cinematográfica pública es una área estratégica cultural, como se puede advertir en los siguientes ejemplos:
- La Hong Kong Academy for Performing Arts School of Film and Television (HKAPA) subvencionada por la Oficina de Asuntos del Interior.
- La Australian Film, Television and Radio School (AFTRS), forma parte de la estrategia del Gobierno del Commonwealth para promover el desarrollo de la actividad cultural de Australia.
- La Hochschule Für Film und Fernsehen (HFF), de Alemania, es una escuela de cine estatal financiada con fondos públicos en Múnich y establecida por decreto del gobierno del Estado Libre de Baviera.
- La National Film and Television School, del Reino Unido, la cual cuenta con financiamiento gubernamental a través del Departamento de Cultura, Medios y Deporte.
Estas naciones están convencidas de que una educación pública en cinematografía debe ser una política educativa que refleje su identidad y diversidad cultural, que forme parte de una estrategia integral para promover la actividad cinematográfica. Estamos convencidos que esa es la ruta que debe trazar el gobierno de Nuevo León.
Además, proponemos la creación del Instituto Estatal de Cine de Nuevo León, que estaría facultado para facilitar y fomentar la inversión privada en producciones cinematográficas, garantizar su lugar a las producciones comerciales como a las producciones independientes y experimentales, para que juntas formen una verdadera industria de cine que genere fuentes de empleos, como de igual manera dicho instituto se dedicaría a difundir nuestras producciones e imaginarios en otras latitudes. También se incluye en la iniciativa ciudadana un sistema de presupuesto participativo, donde sean los propios cineastas de Nuevo León quienes definan las prioridades y las establezcan en proyectos viables.
El resultado de este trabajo es la iniciativa titulada Ley de Educación, Producción y Fomento para la Industria Social Cinematográfica, Audiovisual, Animación y Transmedia del Estado de Nuevo León, que cuenta con el apoyo de numerosos integrantes de la comunidad cinematográfica, de distintas empresas de animación digital y de otros actores de la cultura en el estado. Esta iniciativa se puede consultar en un artículo anterior en Paso libre.
Si bien haber frenado el albazo legislativo a favor del proyecto institucional, ha sido un triunfo de la voz ciudadana, no todo está ganado todavía. Está pendiente la realización de las mesas de trabajo, aunque se tiene que definir si estas reuniones serían para evaluar los dos proyectos de ley, la del clúster y la iniciativa ciudadana, a efecto de intentar unificar aspiraciones de ambos lados. Al no descartar este escenario, estimo que son dos visiones totalmente distintas, son como agua y aceite, y sí, debemos reconocer que existen grandes intereses que amenazan el futuro desarrollo del cine en el estado, con el propósito de controlar mediante decisiones discrecionales la actividad del sector. El piso no será parejo.
Cabe señalar que el pasado 18 de septiembre, el presidente de CONARTE, Ricardo Marcos, presentó en una junta virtual con legisladores, una serie de cambios a la iniciativa oficial. En la sesión informó que inlcuso había echado mano de abogados y especialistas en leyes. Por ello, sin duda, la gente del clúster le expresó su alineación al proyecto. Al finalizar la reunión se dijo que compartirían el nuevo documento, sin embargo, a pesar de las solicitudes, al momento de escribir este texto no se nos ha entregado.
Es mi deseo que los diputados locales reflexionen bien la posición que habrán de asumir, que, en este nuevo dictamen, no se tomen sólo algunas cosas de la iniciativa ciudadana a efecto de argumentar que fue considerada, con el propósito de conservar intacta la iniciativa regresiva y antidemocrática del clúster.
