Los artesanos requieren de políticas públicas y fiscales que incentiven y regulen su trabajo. Y también que los protejan de la apropiación de sus diseños, como ha ocurrido con la comunidad de Tenango de Doria. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura).
Arte popular mexicano: Entre la explotación y la exclusión
El talento humano, la creatividad y la cultura en su dimensión económica, más que factores de producción tradicional —como la mano de obra y el capital—, se han tornado en poderosos motores de desarrollo sustentable.
Las tecnologías de la información, a través de las herramientas digitales, han permitido que los procesos culturales tradicionales, como aquellos que dan origen a las artesanías o el arte popular, sean conocidos en muchos lugares del mundo y valorados por su calidad y unicidad. Han generado verdaderas condiciones de desarrollo en las comunidades dedicadas a este sector.
Las nuevas formas de creación, producción, distribución, acceso y participación han revolucionado industrias enteras, y el arte popular o tradicional en México no puede apartarse de las oportunidades que ofrecen. Los desafíos y políticas asociados con la protección y promoción del arte popular, así como de todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas; los usos, costumbres y tradiciones de nuestra composición pluricultural, de manera conveniente y en beneficio de las comunidades, deben incorporarse a esta economía de mercado, en tanto los poderes públicos e instituciones competentes están obligados a tomar las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para proteger y hacer fructificar su actividad económica (1).
Dentro de este marco, nuestro país todavía no cuenta con los elementos indispensables para aprovechar la enorme producción de arte popular o tradicional que existe e impulsar su exposición comercial de manera ordenada, protegida y registrada para agregarla a las plataformas digitales —nacionales e internacionales— y ofrecerles a los artistas y creadores una infraestructura y un acceso equitativo al desarrollo.
No obstante el reconocimiento constitucional de las comunidades que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, estas no cuentan a la fecha con los instrumentos necesarios para garantizar su protección patrimonial y asegurar su desarrollo y el de sus artistas.
Resulta más asombroso que, aun siendo el arte popular una actividad cultural y creativa en la que participan millones de creadores en México, no resulte pertinente para los poderes públicos incorporarlo de manera formal y estratégica en la ruta de la economía.
En el plano transversal de nuestra economía, el sector artesanal podría beneficiarse del turismo, el comercio y la educación; contar con condiciones fiscales de desarrollo e incentivos y subsidios a las manifestaciones populares que así lo requieran; garantizar a los artistas el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación relacionadas con la cultura y con su actividad, incluidas banda ancha e internet; garantizarles también su integración a la sociedad de la información mediante una política de inclusión digital universal, y contar con un organismo de vanguardia encargado de la política pública del sector.
Ahora mismo no sabemos qué pasará con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), cómo será incorporado en el plan sectorial de la Secretaría de Cultura (SC) federal.
Todavía en 2018, el gobierno federal consideraba a nuestras artesanas y artesanos —con el consentimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, del Fonart y de la misma SC— como un sector social de innegable importancia para nuestro país. Desde esa trinchera reconocía su “riqueza artesanal, que la sitúa como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa aportación al patrimonio cultural intangible de la humanidad”.
Sin embargo, desde la acción del gobierno, se buscaba su desarrollo a través de la Cruzada contra el Hambre como una estrategia de inclusión y bienestar social, implementada a partir de un proceso participativo de amplio alcance. El propósito era conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, los estados y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre, a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional extrema.
Una de las salas de la exposición Barro y fuego, El arte de la alfarería en Oaxaca, presentada en marzo de 2019 en el Museo Amparo, en Puebla. (Foto: Cortesía Museo Amparo, tomada de la página del Fonart).
En atención a lo anterior y en mi calidad de admirador del arte popular o tradicional, comparto en este espacio la problemática del sector artesanal, que no cuenta con una institución capaz de protegerlo, de entender el nuevo rumbo de la creatividad ni de posicionarlo como un sector estratégico. Carece también de las herramientas necesarias para brindar a los artistas populares una asesoría técnica en la administración de sus actividades y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como de ofrecerles alternativas para la preservación del medio ambiente y de su salud, la de sus familias y la de los propios consumidores.
El sector artesanal no cuenta tampoco con un instrumento legal moderno que asegure la protección de sus aportaciones creativas y que reconozca su valor patrimonial material e inmaterial, con la consecuente obligación de conservarlo, protegerlo, enriquecerlo y proyectarlo hacia el futuro.
Carece además de políticas públicas encaminadas a definir las competencias de corresponsabilidad entre los gobiernos de los estados y de la instancia federal encargada de normar y regular la actividad artesanal nacional que consolide al sector y lo convierta en uno competitivo e independiente.
El sector requiere de políticas financieras que incentiven y regulen la actividad artesanal y asegure a los artistas y creadores sus procesos de producción, comercialización y difusión; que protejan además su patrimonio frente a empresas comerciales nacionales e internacionales, y de diseñadores e ilustradores que de manera indebida se apropian de la iconografía del arte popular o tradicional y se enriquecen de manera ilícita al comercializar sus productos, engañando al consumidor final al argumentar una supuesta innovación o un falso amor por México.
Los artesanos —que son artistas y creadores— demandan pertenecer a un régimen fiscal para la actividad cultural que les permita incorporarse al sector formal de la economía. Un régimen que deberá ofrecerles condiciones reales de desarrollo con incentivos en las manifestaciones culturales que así lo requieran y que de manera clara les permita transitar de forma armónica a un verdadero crecimiento y un constante desarrollo social. Requieren su incorporación plena al régimen de seguridad social y la preservación y generación de empleos para esta importante actividad económica.
Muchas tareas y demandas que continúan pendientes.
5 de agosto de 2019.
- “Los derechos de autor protegen tantos los derechos patrimoniales como morales: Los derechos de autor protegen la materia intangible, siendo esta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es la de derechos morales; y, por otro lado, de carácter patrimonial derivado de su materialización, y en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva, correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, esculturales, arquitectónicas o cualquiera que por su esencia sea considerada artística. De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado, con derechos patrimoniales a través de los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra”. Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
