¿Quién se ocupa de los trabajadores fílmicos?

El gremio artístico se conmocionó tras la muerte de los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro Sánchez, el pasado 16 de enero, durante la grabación de una escena de la serie Sin miedo a la verdad, producida por Televisa.

De inmediato se especuló que el accidente en el que fallecieron se debía a la sobreexplotación de los intérpretes provocada por los afanes ahorrativos de la producción. El actor Joaquín Cosío tuiteó: “Los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro murieron en un ensayo de una serie de @Televisa. Su audacia hizo mezcla mortal con los afanes ahorrativos —casi miserables— de las productoras: no había stunts ni el mínimo equipo de seguridad. Su muerte es absurda y debe ser aclarada”.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación por homicidio y lesiones culposas por la muerte de los dos actores. Horas después, Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (Anda), informó que, de acuerdo con la delegada sindical presente en la grabación, la producción sí contaba con dobles de riesgo (stunts) y el accidente ocurrió después de terminar una de las escenas y no durante un ensayo, como originalmente se dijo. Días después, la controversia continuaba sobre quién o quiénes tenían que cubrir el seguro de vida.

Lo anterior nos remite de inmediato a mi pasada entrega, “Los sindicatos y la realidad fílmica…”, en el que mencionamos las malas condiciones de trabajo en el cine. Por esos días, a través de change.org, la Sociedad Mexicana de Cinefotógrafos (AMC) encabezada por su presidente Carlos Ricardo Diazmuñoz lanzó una petición a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Preocupados por el deterioro de las condiciones laborales dentro de nuestra industria en los últimos años en aras de reducir costos y ser más competitivos”, sus integrantes hacen un llamado a los productores para rescatar los derechos laborales en México, mismos que “están siendo ignorados reiteradamente de manera preocupante”.

Plantean demandas como:

—Jornadas laborales de 10 horas, ya que actualmente los llamados se extienden mucho más allá de este tiempo. “Es inadmisible que los trabajadores pongan en riesgo su salud e integridad física por exceso de horas de trabajo”.

—Diez horas de descanso entre llamados. Se considera “indispensable garantizar las horas mínimas de descanso de todo el personal”.

—Máximo 3 horas extras por día, de las cuales las dos primeras deberán ser pagadas al 10 por ciento del honorario contratado (dividido por las 10 horas), y la tercera hora al 20 por ciento. “Las horas extra tendrán automáticamente un valor del 20 por ciento (…) en fines de semana y días festivos”.

—Corte para comer de una hora cada 6 horas. “Es inadmisible tener al personal con hambre o alimentados con comida inapropiada. Así mismo es indispensable que se garantice una hidratación adecuada para todos constantemente”.

—Condiciones de seguridad que incluyen crear un protocolo para cada rodaje, asegurarse de que se contraten expertos en cada ramo para hacer cualquier escena que implique un riesgo, contar con una ambulancia en caso de que exista peligro en las escenas que se filmen, que en cada rodaje haya alguien con conocimientos de primeros auxilios que cuente con el equipo básico para proporcionarlos, y proveer seguros de gastos médicos, de vida y de incapacidad laboral.

—Garantizar que todo el transporte esté en buen estado mecánico y que todos los choferes estén capacitados y descansados, prohibir el uso de celulares a los choferes mientras conducen y, cuando el llamado inicie antes de las 7:00 y/o termine después de las 22:00, pagar una compensación extra al crew por concepto de taxi.

—Asegurar un pago oportuno. “Los pagos de honorarios se retrasan a veces por meses, siendo esto un abuso para el trabajador”.

La mayor parte de sus exigencias están contenidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y ya están contempladas en los contratos colectivos de los diversos sindicatos fílmicos existentes. Valga como ejemplo el tema de las horas extras; en la petición se menciona que deben pagarse las dos primeras al 10 por ciento del honorario contratado (dividido por las 10 horas) y la tercera hora al 20 por ciento. En la LFT y en los contratos colectivos vigentes las horas extras se deben pagar dobles y, a partir de la novena, triples. Esto nos permite suponer que los convocantes ignoran los términos de la ley y de este modo se hace patente su alejamiento y desconocimiento de las organizaciones sociales que los podrían defender. Por otra parte, parece que los convocantes no son o quizá no desean ser parte de los sindicatos existentes por diversas razones. Entre otras, porque deberían pagar cuotas para obtener ciertas prestaciones sociales y deberían luchar por su debido cumplimiento. Bien harían la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y la directora del Imcine María Novaro en tender puentes entre los solicitantes y los sindicatos de cine para encontrar la forma de que se alcance nuevamente el estado de bienestar para todos los trabajadores del gremio. Sobre todo ahora que la mayor parte de las cintas recibe financiamiento público, por lo que deberían estar obligados a contratar a sus trabajadores cumpliendo las leyes en vigor, para que no se repitan accidentes como el de los compañeros actores. Se debe corregir la mala práctica de las empresas productoras que someten a concurso sus proyectos al Fidecine, Foprocine y Eficine incluyendo en el cálculo del presupuesto el costo de los trabajadores sindicalizados con sus prestaciones y, cuando filman, lo hacen mediante contratos privados o vía outsourcing sin ningún tipo de prestación. ¿Dónde se queda el dinero por ese concepto?

Todo lo anterior nos lleva a exigir a la 4T el cumplimiento de su promesa electoral de proporcionar servicio médico a los trabajadores del cine y del audiovisual, y de regresar el derecho a una vejez digna, revirtiendo la política neoliberal de las Afores, que condenan a la mayor parte de la población a una vejez sin recursos. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) indicó recientemente que “aún son pocos los países que cumplen sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales de derechos humanos”. Por ello, es necesario que los países latinoamericanos generen mecanismos que permitan incrementar la protección social de su población durante la ancianidad, pues agrega la Cepal que “una gran parte de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les garanticen protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada”. Hay que tener presente que la vida de los trabajadores fílmicos es muy corta debido a lo desgastante de las jornadas de trabajo en los rodajes y los grandes riesgos que se corren escena por escena.

vicmanugal@hotmail.com

30 de enero de 2020.