Primero fue la instrucción de prohibir el acceso directo de fondos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las culturales. Luego, en estas semanas, tampoco escaparon al “apretón” hacendario las empresas y empresarios del sector cultural, así como quienes se insertan en distintas modalidades de empleo en el mercado laboral. El “terrorismo fiscal” o la búsqueda de dinero hasta debajo de las piedras no le otorgará a la vida cultural, en cualquier nivel, condonaciones o exenciones (al tenor de las reformas al artículo 28 constitucional). No pocos se preguntan si el “broche de oro” fiscal será reducir aún más las deducibilidades o de plano suprimirlas. Amarren a San Judas…
