Algunos criterios para la elaboración del Programa Nacional de Cultura

Las instituciones culturales encabezadas por la Secretaría de Cultura se encuentran elaborando el Programa Nacional de Cultura de este periodo de gobierno. Será el primero específico sobre este campo porque los anteriores entraban en la categoría de programas especiales, ya que la SEP era cabeza de sector. Hay ya algunas líneas importantes para la elaboración del plan. Me atrevo a recuperar tres: la orientación hacia el trabajo comunitario y dentro de este hacia los municipios y regiones más pobres; el indispensable trabajo desde el terreno que significa en realidad muchas cosas, como trabajar de abajo hacia arriba, y la detección in situ de las necesidades y conocimientos de lo que las comunidades tienen y requieren fortalecer. Un tercer criterio podría ser la definición presidencial que considera que cultura “es lo que tiene que ver con los pueblos”.

De hecho, la definición que hizo el presidente en junio pasado y la afirmación de que “nunca se había apoyado tanto la cultura como ahora” levantó muchas críticas porque lo último no se ve reflejado en el presupuesto. Puede ser que el presidente se refiriera exclusivamente a las culturas comunitarias donde es segura la veracidad de la afirmación, pero eso es solo parte de la responsabilidad pública en este terreno. De esto último quisiera hablar porque me parece que un gobierno elegido democráticamente tiene las condiciones para desarrollar con legitimidad un programa de cultura que se desprenda de sus líneas programáticas, más si estas han sido difundidas antes de la elección, como sucedió con Morena. Sin embargo, más allá de énfasis partidarios, existen obligaciones institucionales y líneas de acción que se derivan de las normas y leyes vigentes, como sería el caso del patrimonio, la educación artística o el fomento de las artes. Por ello absolutizar el compromiso cultural al apoyo a los pueblos no solo es parcial, sino incorrecto desde el punto de vista de la responsabilidad pública.

Visto desde la perspectiva de la planeación, podríamos decir entonces que el énfasis en las culturas comunitarias es totalmente legítimo, incluso relevante para las condiciones del país, pero eso no hace un programa de cultura. Se requiere de la integralidad y, sobre todo, de la conjunción de los esfuerzos de las instituciones, los promotores, los artistas y los diversos segmentos de la sociedad civil para la consecución de los objetivos estratégicos de cultura.

Ignoro los avances y el camino que tiene decidido cursar la Secretaría de Cultura para culminar la elaboración del programa para el fin de este año, pero me ha parecido interesante sugerir que se observen otras experiencias en este terreno, pues en el caso de México, aunque hay antecedentes relevantes, creo que en general la planeación cultural ha sido pobre.

En días pasados tuve oportunidad de observar el trabajo cultural que se realiza en Chile en la actualidad. Sus instituciones culturales son jóvenes y los presupuestos son reducidos, pero el país en su conjunto tiene ya una experiencia madura en la elaboración de planes de política pública que abarcan todos los campos. Por ello, cuando la cultura llegó al horizonte de la planeación se aplicaron criterios ya aceptados para otros terrenos.

A diferencia de México, Chile es un país centralista. Aunque está creciendo la autonomía de sus diversas regiones, la marcha de la planeación procede orgánicamente del gobierno central. Señalo esto porque el programa que elabora la Secretaría de Cultura en nuestro país será nacional en sus definiciones estratégicas, pero su ejecución solo se impone a la propia secretaría. Los diversos estados elaboran sus planes locales a partir del arranque de los gobiernos de las entidades federativas, los cuales deben tener en el horizonte el Plan Nacional de Desarrollo y el futuro Programa Nacional de Cultura, pero en principio son libres de desarrollar su planeación bajo sus propias consideraciones.

No quiero decir que el sistema centralista de Chile sea mejor que el federal de México, o viceversa; lo que quiero señalar es que bajo las condiciones de nuestro sistema político, el Programa Nacional de Cultura dependerá única y exclusivamente de las instituciones federales, de donde surge un interesante problema para la planeación, que es el de dar un verdadero alcance nacional a las definiciones de cultura.

Con la etiqueta #ElPatrimonioNoSeCuidaSolo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile busca crear conciencia sobre la importancia de su protección, al tiempo que promueve la creación de una Ley de Patrimonio Cultural. (Foto: Instagram de @culturas_cl).

Del proceso de elaboración de lo que en Chile han llamado Política Nacional de Cultura 2017-2022 y que está disponible en internet, me interesa destacar por el momento dos aspectos. El primero tiene que ver con su formulación. Chile es posiblemente el país latinoamericano que mayor puntualización ha alcanzado en cuanto al método para la definición de sus políticas públicas. En el caso de cultura, estas se componen de varias etapas o procesos:

1) Levantamiento de información, es decir, lo que se sabe del sector cultura.

2) Participación ciudadana–mesas regionales. Es un proceso de participación abierta al que está convocada toda la ciudadanía interesada en contribuir (entre ellos, creadores y artistas, gestores, organizaciones sociales y culturales, y representantes de los pueblos originarios).

3) Propuestas, que consiste en la evaluación de qué propuestas son viables de realizar al corto y mediano plazo, considerando variables como las posibilidades técnicas, económicas y políticas.

4) Participación interinstitucional, que contempla un proceso de revisión de la coherencia interna del quehacer de la institucionalidad cultural y el compromiso de sus distintos departamentos con desarrollo de las medidas contempladas.

5) Coordinación interministerial, que consiste en la creación de una “instancia interministerial” donde las diversas instituciones se comprometen a apoyar, con sus propios instrumentos de gestión pública, el desarrollo de las medidas surgidas en las etapas anteriores.

6) Validación, realizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuya etapa final corresponde a un órgano colegiado del ministerio.

7) Implementación y seguimiento, que inicia con la clasificación y calendarización de las medidas aprobadas para distribuir y organizar su ejecución en el tiempo que esta política abarca.

Este método obliga necesariamente a la realización de un trabajo participativo. Para la actual Política Nacional de Cultura de Chile, las dos primeras etapas, la de levantamiento de la información y el proceso de participación ciudadana, supusieron convenciones regionales desarrolladas durante 2017, la Convención Nacional de Cultura realizada ese mismo año, y los encuentros regionales en torno a las políticas sectoriales, que se llevaron a cabo en 2016 y 2017, los cuales reunieron a más de 6 mil participantes, pertenecientes a una diversidad de agrupaciones, colectivos, instituciones y representantes de diversos espacios culturales.

El segundo aspecto que debe resaltarse es que el documento fue aprobado por una instancia colectiva, el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —organismo que antecedió al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, creado en 2018—, que validó por unanimidad el proyecto definido por las líneas “Cultura y desarrollo humano: derechos y territorio”.

Tenemos entonces dos aspectos de relevancia en la definición de una política pública, en este caso de cultura: participación y colegialidad. Creo que son dos buenos criterios que podrán servir en la elaboración de nuestro Programa Nacional de Cultura. Próximamente trataré algunos elementos interesantes sobre la forma en que en Chile se trabaja la planeación regional.

nivon.bolan@gmail.com

9 de octubre de 2019.