Todo cabe en un convenio de colaboración de 38 páginas con tres anexos, sabiéndolo acomodar.
Tras el recuento que da sentido al instrumento jurídico de la cancillería, se detallan los alcances para las partes involucradas. En lo elemental, la Fundación Casa de México en España adquiere todas las responsabilidades para llevar adelante sus fines: culturales, de fortalecimiento institucional y cooperación para el desarrollo, educativos y deportivos.
La Fundación, la cual seguramente tiene carácter de donataria en España, es respaldada por un Patronato cuyas características no pudimos conocer: sencillamente paga todo. El despacho del arquitecto Jaime Arena Cervantes se hace cargo de la remodelación; se asume la asignación presupuestal anual para llevar adelante las tareas operativas, laborales y administrativas. Además, la institución cuenta con facultades para negociar y suscribir patrocinios.
Puede a su vez, gestionar y administrar los recursos económicos que se generen por las actividades de la Casa, destinándolos al mantenimiento y gastos de capital. En el esquema destaca la concesión al Grupo Primo, operador del restaurante Puntarena, bajo la dirección del chef Ulises Monte de Oca. Los dueños son Federico Rigoletti, Arturo Argüelles y Roberto Craig.
También es sede de la tienda de artesanías Arewá (vocablo tarahumara), operada por Alejandra Díaz Conde a través de su empresa MIMA (Made In Mexico con Amor) y cuya curadora es Sofía Mariscal.
Con Fondo de Cultura Económica existe otro arreglo, para su punto de venta en ese espacio mexicano.
De igual forma, se establece que la Fundación debe contratar para el cargo de Director General a un mexicano, así como a los funcionarios que considere necesarios.
La responsabilidad recayó en Ximena Caraza-Campos (diversas notas periodísticas le señalan como “cuñada de Claudio X. González Guajardo”), cercana tanto al empresario como a las entonces autoridades de Relaciones Exteriores como de ProMéxico.
En el momento de su designación, Caraza llevaba tiempo radicando en Madrid por sus labores gubernamentales (alguna de ellas cuestionada), al igual que la Directora de Cultura, Susana Pliego, quien como colaboradora de Luis Videgaray, se había desempeñado en cargos de la Secretaría de Hacienda, de la cancillería y en la misma Embajada de México. La estructura operativa comprende cuatro direcciones. En algún momento se consideró a un Consejero Diplomático como parte del directorio, que fungiría como enlace permanente con la Embajada y el Instituto Cultural.
En abril de este 2022 se cumplen 5 de los primeros 10 años acordados en la concesión del Ayuntamiento y por ende en el Convenio, con derecho a otro plazo del mismo tiempo y renovable hasta por 50 años. La suerte de la Casa y de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores están atadas a las decisiones del concesionario, quien puede retirarse bajo mínimas condiciones, mientras que la SRE carece de causales de legítimo interés nacional para suspender la concesión y retormar el recinto. Así es, de ocurrir alguna anomalía, la devolución es estrictamente a la Alcaldía.
Además de las actividades características de la cultura, como exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de películas y talleres, la institución tiene dos acentos. El primero en una de las aficiones de Diez Morodo: “Adquirirá material deportivo para su cesión a deportistas y equipos”. No en vano se instaló la Cátedra que lleva el nombre de su padre, Nemesio Diez Riega (1909-2000), el programa Futbol y Más, así como se prometió en la firma un Observatorio Deportivo.
El otro acento son los programas de promoción empresarial, que van desde “redes” de talento, pasando por una plataforma de “aterrizaje” (coworking), hasta una incubadora.
Ante el grueso de actividades sobre los hombros del organismo, se pidió por transparencia y de manera directa al responsable de Comunicación los informes de labores, los programas de trabajo, los montos presupuestales, así como toda la información básica como indispensable para valorar el modelo de institución cultural.
A pesar de que el Convenio establece que dicho instrumento y su contenido son sujetos a la ley de transparencia y de que, el propio comité del área en cancillería determinó que sólo el Anexo B cuenta con una reserva de confidencialidad por 5 años, no fue entregada la información solicitada por ninguna de las partes.
Ximena Caraza-Campos tampoco quiso responder un cuestionario, como mucho menos se atendió la solicitud de buscar la atención del empresario.
En la Consejería Jurídica de la SRE solamente cuentan con una deficiente versión digital de la Memoria de Actividades de 2018-2019, en la que cita la realización de mil actividades y la asistencia de 150 mil personas.
La respuesta a la solicitud de información, sin embargo, deja entrever algunas inconsistencia relacionadas a la operación del Convenio, la Fundación y el Comité Ejecutivo. Se dice que “Es importante destacar que la Casa de México en España no forma parte de la estructura de la Embajada de México en España, por lo que ésta carece de funciones y atribuciones de supervisión de sus actividades”, cuando la inmunidad diplomática a la edificación le reconoce así.
Luego se indica que “En este sentido, esta Embajada hizo llegar el 15 de octubre de 2021 al Representante legal de Fundación de la Casa de México en España la solicitud de acceso a la información con número de folio: 330026821000243, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para los efectos correspondientes, sin que se haya recibido una respuesta hasta el momento”.
La “coordinación” con la Secretaría de Relaciones Exteriores es un hecho jurídico, con derecho a voz y voto, salvo del titular de la Embajada que, en el absurdo, no tiene voto. El Comité Ejecutivo de la Fundación nació con 11 miembros, 5 por cada parte, más el Presidente del órgano, que es a la vez del Patronato y quien en ese modelo inicial tenía el voto impar para “zanjar” los empates.
Al iniciar sus tareas, por parte de la Fundación se designaron para acompañar a Diez Morodo a los señores Arturo Pérez Arredondo, Pedro Santamaría Noriega, Miguel Macho de Quevedo Gómez y Ricardo Paullada Nevarez.
Por Relaciones Exteriores, además de la Embajadora Roberta Lajous, participaron Lidia Camacho, Directora General del INBAL; Agustín López Loaeza, cabeza de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Paulo Carreño King, titular de ProMéxico y María de Lourdes Berho Corona, directora del Consejo Mexicano de Promoción Turística.
Justamente la composición del Comité Ejecutivo ha sido el detonador de los dos convenios modificatorios, a los cuales se tuvo acceso por dicha solicitud de transparencia.
El primero se firmó un año después de creada la Fundación. El 10 de abril de 2018 se determina la sustitución de la directora general del INBAL, por el Director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Por otro lado, se enfatiza que la SRE no tiene responsabilidad alguna en el ámbito laboral de la Casa de México. Se cambian, a su vez, los domicilios para las notificaciones legales, ambos en la Ciudad de México y no en España.
El segundo convenio modificatorio se firma el 18 de febrero de 2019, dos meses y días después de que AMLO asumiera la Presidencia y Marcelo Ebrard el despacho de Relaciones Exteriores.
Corresponde al subsecretario Julián Ventura Valero ser el signante, al lado de Valentín Diez Morodo. Tras la extinción de ProMéxico y del Consejo Mexicano de Promoción Turística (ambos presididos en distintos momentos por Caraza-Campos en Madrid), se acuerda tanto la incorporación del subsecretario, como la modificación del número de integrantes del comité. La cancillería asume seis miembros, siendo los otros cinco que acompañan a la Embajadora, el titular de la Unidad de Diplomacia Cultural, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo y la directora de la AMEXCID.
Por parte de la fundación, el duodécimo integrante sigue siendo Diez Morodo, al final con el voto decisorio en cualquier controversia en razón de los estatutos.
Notas periodísticas del corresponsal de Proceso, Alejandro Martínez, y diversos testimonios apuntan a que la relación entre la Embajadora Lajous (quien dejó el cargo en febrero de 2020) y la Directora Caraza-Campos estuvo llena de tensiones. Se atribuyen justamente al modelo que para muchos es en la realidad agua y aceite.
