El gobierno de Ricardo Gallardo heredó de su antecesor Juan Manuel Carreras, una demanda. Un conflicto inédito y por ello importante en el sector cultural del país.
Se trata del juicio entablado por el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí, de carácter independiente, en contra de la Fiesta Internacional de Cine de San Luis Potosí, organizada por el Centro de las Artes.
Dicha instancia depende de la Secretaría de Cultura del gobierno estatal. La Fiesta fílmica tuvo debut y despedida en 2016, dejando una estela de problemas.
En el nodo y en las palabras del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en la resolución emitida el 27 de septiembre de 2021, el uso de una marca igual y otra semejante en grado de confusión (conforme a la fracción IV del artículo 231 de la ley).
El documento de 57 páginas del IMPI impone al Centro de las Artes por tal infracción, lo equivalente a 500 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México del 13 de febrero de 2018. Esto se traduce en 44 mil 180 pesos.
Para estrenar su gestión, el gobierno gallardista, incluida la secretaría que encabeza Elizabeth Torres Méndez, impugnó la multa. Han corrido 10 meses a la espera de la resolución. La misma norma establece adicionar a la multa lo equivalente a 500 días similares por cada día que persista la infracción.
Cabe precisar que la Fiesta se financió con 3 millones 519 mil pesos. El dinero fue un donativo de Banorte, que se recibió a través de una asociación civil creada ex profeso, Sancinema.
La organización civil tuvo por operadores a Eva Sangiorgi, quien fuera directora del FICUNAM, y que en estos años preside el Festival de Cine de Viena, y al productor Carlos Sánchez Sosa, quien dirigiera la Casa del Cine, en la Ciudad de México.
En la trama se involucraron Armando Herrera Silva, en su carácter de secretario de Cultura; Mario Candia, que estuvo al frente de la Cineteca de la ciudad, Laura Elena González, quien dirigió el Centro de las Artes y su colaborador en ese momento, Enrique Márquez.
A través de dos artículos publicados en Paso libre, el apoderado del Festival, el abogado Hafid Soto Sánchez, dio cuenta de la historia que no tiene para cuando llegar a su fin.
Mientras tanto, el director del festival, Omar Velducea, prepara la edición conmemorativa del décimo aniversario, a realizarse en noviembre de este 2022.
Sabemos que la directiva del Festival preserva los ideales que durante 10 años han logrado alcanzar sin apoyo firme. Se trata de que cobre un nuevo sentido el ser cineastas potosinos, lo que llaman Potocine.
El historial del conflicto alecciona. No sólo en lo relativo a su naturaleza, por estar cada vez más presentes los juicios por infracciones a la ley de propiedad industrial en distintas actividades del sector cultural.
También es distintivo de la terquedad avasalladora del poder público, sea del partido político que sea.
Omar Velducea ha intentado, en dos sexenios anteriores y en los meses de la administración de Ricardo Gallardo, sentar esas bases de coincidencias en favor del cine potosino.
De esta manera, el tiempo corre.
El ciclo judicial inició en febrero de 2018. Con todo de su lado, el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí aguarda poner fin a un conflicto que no debió presentarse.
Podrán haber sanciones económicas, pero el daño causado por funcionarios y operadores de la malograda Fiesta en tiempos del gobernador Carreras al cine de su estado, que ahora decide consagrar Ricardo Gallardo, tardará mucho en reponerse.
La historia completa en:
Junio 16, 2021.
Junio 17, 2021.
