He señalado que el “pacto” entre cultura y democratización fue fundamental para que la región latinoamericana dejara atrás la noche de la dictadura y el autoritarismo, pero para la segunda década del siglo XXI el impulso del desarrollo de las nuevas políticas culturales que fue ampliamente aceptada por la sociedad parece haberse agotado y ahora podemos preguntarnos por qué es difícil reconocer esa alianza en las políticas culturales de la actualidad. Se pueden ensayar explicaciones de esta nueva situación.
Una primera respuesta es que hay indicios de retroceso en la democratización en algunos países. Esto se ve con claridad en Brasil. El gobierno de Bolsonaro ha emprendido una guerra cultural, así definida por él mismo, que trata de destruir el amplísimo proceso de apoyo a la creatividad de la sociedad emprendido desde el gobierno de Lula.
Según su gobierno la cultura se ha comprometido con la delincuencia, la homosexualidad y el marxismo y en una fórmula que ha aplicado a otros sectores como el ambientalismo o el apoyo a las minorías hace estallar internamente las instituciones con políticos que desarrollan actos grotescos en el campo del que son responsables. (Bolsonaro puso al frente del Ministerio de Medio Ambiente a Ricardo Salles, ya dimitido, quien fue denunciado por vínculos con el tráfico ilegal de madera. Durante su gestión propuso la flexibilizar las normas ambientales para facilitar la expansión de la ganadería, El País 23-06-2021).
En el caso de la Fundación Cultural Palmares para la promoción y preservación de los aportes de los ciudadanos negros a la sociedad brasileña, Bolsonaro colocó al periodista afrobrasileño Sergio Camargo quien ha lanzado sentencias provocadoras como que “¡Las vidas negras importan es el eslogan de negros racistas e hipócritas!”. Según la periodista Naiara Galarraga es “el exponente más grotesco de la estrategia bolsonarista para dinamitar las instituciones que no tienen cabida en su idea de Brasil”. (El País 17-09-2021).
El tercer secretario de Cultura de Bolsonaro, Mario Frias, luego de practicar tiro con el hijo del presidente puso en sus redes sociales que un “arma también es cultura” y ha llegado a pasearse en las oficinas de la secretaría portando un arma lo que desde luego causa desconcierto entre el personal (https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2021/05/4926747-mario-frias-anda-armado-pela-secretaria-especial-da-cultura.html). El Ministerio de Cultura luego de varios intentos ha empobrecido su perfil institucional al integrase al Ministerio de Turismo como una secretaría ya no autónoma. El financiamiento a la cultura, por otra parte, decayó a lo largo de la década pasada incluso en los gobiernos de Dilma, pero la crisis presupuestaria se ha profundizado con Bolsonaro.
Otros gobiernos de la región han suprimido sus ministerios de Cultura, como los de Argentina y Paraguay, posiblemente como medida de ajuste administrativo, pero resulta interesante que hayan sido precisamente las dependencias de cultura las afectadas.
Hay otra expresión diferente que ha afectado el pacto entre cultura y democratización y se refiere a modificaciones internas en el campo de la cultura. En México se decidió que fuera la atención a los grupos populares el eje de la política cultural a través de un amplio programa denominado Cultura Comunitaria.
Por lo que se sabe del nuevo gobierno de Pedro Castillo en Perú, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez Herrera, un político de amplia experiencia que ha sido dos veces candidato presidencial, ha dado los primeros pasos de la nueva administración cultural con un enfoque muy próximo. El ministerio ha sido un ente tan inestable como la misma política peruana. En once años, desde septiembre de 2010, se han sucedido 17 ministros lo que puede explicar las dificultades para establecer líneas programáticas que impliquen continuidad.
Varios ejes fueron señalados por el presidente Castillo en lo que toca a la política cultural: “Resulta necesario interculturalizar al Estado; es decir establecer que cuando se toman decisiones relevantes se consideren las voces de los pueblos originarios y afroperuano. En este sentido, se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como Ministerio de las Culturas”; “Uno de los desafíos pendientes que como república mantenemos es el reconocimiento de la diversidad cultural y de la formulación de las políticas públicas, lo que ha significado que peruanos y peruanas de sectores rurales continúen siendo invisibilizados, como lo eran hace 200 años” (https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-castillo-ministerio-cultura-sera-renombrado-como-ministerio-las-culturas-855340.aspx).
Al igual que en el México, Castillo ha decido convertir el Palacio de Gobierno-Residencia presidencial en un centro cultural de acceso a todos los ciudadanos del Perú. Una de las primeras decisiones del ministro de Cultura, quien juró el cargo en lengua quechua, fue modificar la lista de los escritores asistentes a la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, dedicada este año al Perú, “con la finalidad de contar con una mayor diversidad de autores de las regiones” (El País 25-09-2021) y por considerar que había escritores que habían recibido apoyo en otras ocasiones o no requerían del apoyo público para asistir. Esta medida dio lugar a que nueve autores renunciaran a asistir a la Feria en señal de protesta alegando falta de transparencia en la decisión de alterar la lista original.
Al igual que en México, estas acciones pueden se entendidas como expresiones de un compromiso por ampliar el acceso a los recursos culturales en favor de quienes cuentan con menores posibilidades para hacerlo, pero en el fondo implican también una concepción de la cultura más restringida y también más utilitaria que la que se vio impulsada a partir del proceso democratización.
Cuando el 18 de junio de 2019 el presidente de México declaró que la cultura “es lo que tiene que ver con los pueblos”, establecía un recorte sobre la creatividad que diversos actores realizaban en el país, de modo que podía muy bien entenderse por qué otros apoyos tradicionales a la cultura podían limitarse. En los hechos el presupuesto de cultura, incluso el del Programa de Cultura Comunitaria en México, se ha reducido y ha quedado como prioridad un programa con tintes de legado personal relacionado con la antigua residencia oficial de Los Pinos y su entorno en el bosque de Chapultepec.
El análisis que hace FUNDAR sobre el proyecto de presupuesto para la cultura en 2022 concluye que su monto representa un incremento de 3.6% (525 millones) respecto del presupuesto aprobado en 2021, pero, aún con eso es sólo el 0.21% del PEF, además de que el presupuesto del Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, equivale al 25% del presupuesto asignado al ramo de cultura.
En el fondo lo que hay es un recorte del campo de la cultura en favor de lo que puede apoyar mejor un gobierno de corte populista, es decir, lo que puede alimentar mejor la ilusión de un liderazgo cercano a las masas. Es difícil el empleo de la categoría populismo porque es un concepto impreciso, sobresaturado y confuso como señalan incluso quienes se dedican a estudiar el tema, por ejemplo, C. Ungurenau e I. Serrano, pero ellos mismos nos invitan a pensar que no se trata de un fenómeno anecdótico o una moda académica.
La literatura sobre el tema señala algunos rasgos coincidentes: “La reducción de la política al antagonismo entre pueblo y élite; la construcción de un pueblo unido y bueno, y unas élites –políticas, económicas, etc.– corruptas, malas, y traidoras. Esta dinámica conduce a la simplificación de los discursos políticos, a la esquematización del debate público y a la defensa de soluciones directas y contundentes –casi mágicas–, lo que esconde la complejidad de la realidad política, económica y social tras una contraposición maniquea entre el pueblo y las élites” (Ungureanu, C. e I. Serrano (2018) “Introducción: ¿la nueva era del populismo?” Revista CIDOB d’Afers Internacionals 119 2018, p. 8).
Hay otra expresión de ruptura entre democracia y cultura cuando ésta se convierte en un objetivo de producción económica al margen de sus “externalidades” sociales. Durante su discurso de toma de posesión (07-08-2018) el presidente de Colombia Iván Duque afirmó, al hablar de su propuesta de desarrollo económico, que “nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja. Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a hacer de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos” (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/El-Pacto-por-COLOMBIA-Discurso-de-Posesion-del-Presidente-de-la-Republica-Ivan-Duque-Marquez.aspx).
El compromiso del gobierno con la llamada economía naranja fue claro pero no deja de despertar dudas. De hecho, un análisis de la ley respectiva ve con preocupación la brecha entre economía naranja y sector cultural. El estudio señala que esa “revalorización de las manifestaciones culturales implica para la política pública concordar derechos humanos, fundamentales y colectivos respecto de la creación, la expresión, el acceso y el consumo cultural; sin embargo, se observa que dentro de los catorce artículos que componen la Ley 1834 de 2017, Ley para el Fomento de las Economías Creativas, no se establece directamente el fomento del sector cultural, sino que más bien el desarrollo de la Ley Naranja se fundamenta en las industrias creativas, su incentivo y su protección, siendo así una normatividad que se enfoca en lo comercial y no en lo cultural” (Gómez Vásquez D., L. Ramírez Muñoz y J. L. Berrocal “Análisis de las características de la ley 1834 de 2017 que fomentan el sector cultural en Colombia” Revista La Propiedad Inmaterial n.º 31, enero -junio de 2021, 152s).
Es cierto que el compromiso del gobierno de Duque con el sector de cultura, se tradujo en su primer año en un crecimiento notable del presupuesto de la cultura con respecto los años anteriores. Para el año 2021 el presupuesto del ministerio de cultura fue 28.3% mayor con respecto el del año anterior, en total 444 mil millones de pesos colombianos más un monto de 2.1 billones de incentivos fiscales para las industrias creativas y culturales. Al anunciar estos datos el presidente Duque señaló que “nunca antes el Ministerio de Cultura había tenido este acompañamiento en términos de recursos y de una gran articulación intersectorial” (Infobae 14-10-2020).
Y, en efecto, se trata de una inversión respetable, pero no todo corresponde a lo que comúnmente entendemos por sector cultura sino se suman otras actividades enmarcadas en lo que han denominado Creaciones Funcionales que implican creatividad e innovación en muchos campos más allá de la cultura.
Es cierto que el discurso sobre la trascendencia de la cultura y su orientación como productora de sentido se sostiene por el gobierno de Iván Duque al afirmar que “El desarrollo de la política pública cultural se orientará hacia la creación de oportunidades y condiciones mínimas que permita garantizar a la población colombiana el ejercicio de sus derechos culturales bajo un enfoque territorial y poblacional, al trabajar articuladamente con los diferentes niveles de gobierno”. (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 pág. 811) pero en los hechos la política pública se divide, según el citado PND en dos grandes campos estratégicos:
A. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Este objetivo abarca las condiciones para la creación, circulación y acceso a la cultura en los territorios y la protección y salvaguardia de la memoria y el patrimonio cultural de la nación.
B. Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas industrias, que a su vez supone siete objetivos: (1) promover la generación de información efectiva para el desarrollo de la economía naranja; (2) fortalecer el entorno institucional para el desarrollo y consolidación de la economía naranja, y la articulación público-privada; (3) potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo de industrias creativas; (4) impulsar las agendas creativas para municipios, ciudades y regiones, y el desarrollo de áreas de desarrollo naranja (ADN); (5) fomentar la integración de la economía naranja con los mercados internacionales y otros sectores productivos; (6) generar condiciones habilitantes para la inclusión del capital humano en la economía naranja; y (7) promover la propiedad intelectual como soporte a la inspiración creativa.
Muchos actores culturales han manifestado su temor de que el modelo empresarial implícito en la economía naranja sea la medida con la debe actuar todo el sector cultural. “Las industrias creativas y culturales, dice el periodista German Rey, no pueden reemplazar ni desplazar a otras dimensiones de la cultura que no pasan estrictamente por procesos económicos… Porque no todo es formalizable dentro de la cultura. Ni todo lo cultural tiene el interés, la vocación o las posibilidades de convertirse en industrial, ni todo lo cultural existe en la perspectiva de la comercialización y la pervivencia en el entorno de los mercados” (“El sabor de las naranjas (o la preocupación por que resulten agrias)” Revista Semana 28-03-2019).
He presentado tres casos de política cultural de este periodo que quieren hacer pensar en la desvinculación democratización-cultura. Los casos son diferentes y ciertamente el tercero de ellos es de desenlace incierto. Pero en los tres es preocupante que la vinculación estratégica de la cultura con el desarrollo de la democracia se esté desdibujando. Es el momento de pensar otro pacto de la sociedad con la cultura que permita ver con esperanza el futuro de la cultura y consolidar el tránsito hacia una sociedad más plena en el goce y disfrute de sus derechos culturales.
