El copycat realizado en la Pirámide de la Luna, por el hoy fallecido Julio César Jasso, el pasado 20 de abril, conmovió hace un par de semanas, no solo a la nación mexicana, sino que logró poner a la zona de Teotihuacán en el ojo del huracán, incluso de medios internacionales. De inmediato en la zona arqueológica se tomaron medidas emergentes para reforzar la seguridad del sitio, revisiones minuciosas, mayor restricción de objetos, arcos detectores de metal, entre los más relevantes. Estas acciones generan ya efectos secundarios, como el incremento en los tiempos de espera, y largas filas.
El hecho no deja de recordarnos el famoso dicho mexicano, “después de ahogado el niño, tapado el pozo”, priorizando la actuación inmediata, por haber omitido la previsión de riesgos, teniendo que solventar de manera emergente la crisis. Sin embargo, el caso obliga a mirar condiciones de fondo; desde la escasa atención a la salud mental, hasta la precariedad en la operación de las zonas arqueológicas, denunciada por el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH (SINARINAH). Las áreas de oportunidad son evidentes y atraviesa distintos niveles de responsabilidad.
Algo aún más relevante, es darnos cuenta, que definitivamente lo ocurrido en Teotihuacán, no es en absoluto un tema aislado, es más bien, un hecho que evidencia, un problema estructural, que ya no puede ocultarse; una falla en la visión y operación de la política cultural en torno a las zonas arqueológicas y su patrimonio. Distintas voces han advertido que las irregularidades se encuentran en prácticamente en todas las zonas del país. Es decir, no empezó en Teotihuacán, sino que fue este evento, el que rebasó un límite nada deseable, pero totalmente anunciado.
Por hacer un recuento breve de este milenio, en regiones del sureste, particularmente en la zona maya, se han señalado desde hace años. Se ha documentado, sobre el saqueo como una práctica persistente, no de forma espectacular, ni mediática, sino más bien silenciosa. Ante el turismo masivo, sitios como Chichén Itzá, Palenque o Monte Albán comenzaron a recibir millones de visitantes. El patrimonio se volvió experiencia, destino, derrama económica, pero en paralelo, algo empezó a desacomodarse: el comercio creció sin orden claro, las comunidades comenzaron a tensionarse entre los beneficios y desplazamiento, y el territorio dejó de ser únicamente espacio cultural para convertirse también en recurso a explotar.
Después vinieron los grandes proyectos: el Tren Maya atravesó selvas, comunidades y vestigios. Bajo la narrativa del desarrollo, emergieron miles de hallazgos arqueológicos. El tiempo del patrimonio antes lento, cuidadoso, profundo, tuvo que convivir con el tiempo de la obra, urgente, rápido y político. En medio, las comunidades y los especialistas intentaban encontrar un lugar en decisiones que ya estaban en realidad tomadas.
Ante dicha realidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, históricamente responsable de la protección del patrimonio, enfrentó recortes, sobrecarga operativa y una creciente dificultad para responder a territorios cada vez más complejos. La distancia entre lo que se debía cuidar y lo que realmente se podía gestionar empezó a ensancharse.
Por lo anterior, los señalamientos apuntan en el sentido de un problema nacional, que deja ver fallas enormes en cuanto a gobernanza cultural, responsabilidades mal distribuidas y una relación tensa entre cultura, economía y territorio. En todos estos casos, el denominador común no es la ausencia de valor cultural, sino la falta de articulación entre quienes habitan, gestionan y explotan estos territorios, el resultado es una fractura progresiva entre el patrimonio y la comunidad que lo habita, debilitando el tejido social que debería sostenerlo.
Replantear el modelo con que operan las zonas arqueológicas, sin duda, no es sencillo, pero debe hacerse, no puede reducirse a la reaccionar ante la crisis, reforzar la seguridad o exclusivamente aumentar la vigilancia. Es necesario, construir sobre la base del diálogo y el enfoque de derechos, buscar el equilibrio entre conservación, actividad económica y vida comunitaria, a fin de dejar de acumular tensiones, que tarde o temprano, terminan por estallar como la pólvora (literalmente).
