Al momento de escribir esta reflexión, el video de MrBeast en YouTube sobre su visita a los sitios arqueológicos mexicanos de Calakmul, Balankanché y Chichén Itzá acumula 59 millones de visualizaciones, más de dos millones de “likes” y 60,142 comentarios en apenas cinco días. En ese mismo lapso, ha generado una controversia imposible de ignorar, pues involucra no solo aspectos legales relacionados con la legislación cultural y el pago de derechos, sino también una cuestión de fondo: el derecho constitucional de acceso a la cultura y el manejo delicado del patrimonio cultural en México.
“Sobreviví 100 horas en un templo antiguo” es una producción de James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, celebridad de internet con más de 394 millones de suscriptores, cuya trayectoria de más de una década se ha centrado en la creación de contenidos virales, retos llamativos e incluso la aparente visibilización de problemáticas sociales. El video documenta la experiencia del equipo al visitar los sitios mencionados, y en la caja de descripción se lee: “Grabado en México en colaboración con la Secretaría de Turismo de México” y “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”. Esto sugiere una colaboración institucional con trámites, gestiones y evaluaciones por parte de dos entidades clave en la tutela de las herencias culturales.
No había transcurrido un día desde la publicación del video cuando comenzaron a surgir reacciones en la opinión pública, cuestionando la participación del equipo de producción en zonas arqueológicas. Entre los principales reclamos se encuentran el acceso a áreas restringidas, la manipulación de artefactos arqueológicos y, sobre todo, el trasfondo de la permisividad para la grabación. Aquí es necesario ser rigurosos, pues la controversia ha generado comunicados contradictorios por parte de las autoridades involucradas.
Para comprender la magnitud del caso, es fundamental conocer el contexto en el que se generó la polémica. El video fue promovido por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos estatales de Campeche y Yucatán, lo que permitió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) gestionara el permiso de grabación. De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, así como con la Ley Federal de Derechos y los reglamentos internos del INAH, todo proyecto audiovisual debe presentar una solicitud detallada que incluya el uso de imagen, el equipo técnico, la planificación, el guion y demás documentación complementaria para ser evaluada por especialistas antes de autorizar la grabación.
La realización de contenidos sobre espacios culturales, zonas arqueológicas, museos y demás bienes patrimoniales no está prohibida —ya sea para cine, televisión o plataformas digitales—, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el INAH. En el caso de los sitios arqueológicos, el procedimiento implica una revisión exhaustiva por parte del Consejo de Arqueología, bajo la Coordinación Nacional de Arqueología.
¿Por qué es relevante este proceso? Porque el INAH tiene la responsabilidad de proteger no solo los bienes culturales en su dimensión física, sino también su representación simbólica. Es decir, debe velar por que los contenidos no distorsionen la realidad y estén basados en información verificada. Este proceso incluye además una supervisión directa durante las grabaciones.
Aunque los objetivos de los contenidos culturales en internet pueden ser diversos, si se pretende educar o promocionar de manera responsable, deben cumplirse los requisitos normativos. No se trata de prohibir los recursos teatrales o humorísticos, sino de evitar que una mala representación afecte la percepción de los sitios arqueológicos o desacredite el trabajo de disciplinas como la arqueología.
Y aquí vale la pena detenerse: el problema no radica únicamente en los trámites o el pago de derechos, sino en la evidente aplicación desigual de criterios interinstitucionales. Las estrategias de difusión y divulgación se manejan, en muchos casos, de forma discrecional. Por un lado, es incuestionable la importancia de promover zonas arqueológicas y museos, así como de colaborar con el sector turístico y los gobiernos estatales. Sin embargo, resulta preocupante que estas campañas se deleguen a actores externos cuando deberían ser parte de la labor sustantiva del Estado. Se vio una oportunidad mediática y se aprovechó. El impacto era evidente. Pero, así como se pagan derechos, también debe dictaminarse el material antes —y después— de su publicación. Ese procedimiento, en este caso, falló gravemente.
El tema ha dado lugar a comunicados, entrevistas y declaraciones de directivos del INAH, autoridades estatales y responsables de las zonas arqueológicas involucradas, así como a miles de comentarios públicos. Se ha dicho que los trámites estaban en orden, que, dado el carácter divulgativo del video, se adoptó una postura flexible, y que a pesar de la teatralidad, el objetivo era acercar los sitios a nuevas generaciones. También se ha afirmado que se desconocía el trasfondo lucrativo del canal de MrBeast, lo cual podría derivar en futuras demandas.
Pero el doble rasero es evidente: por contenidos con menor teatralidad, otros proyectos han enfrentado barreras burocráticas, académicas o incluso conflictos de egos por la apropiación de información. Por chistes similares, se ha obstaculizado el crecimiento profesional de perfiles y propuestas con fines legítimos, aunque sin el mismo alcance mediático. Se justifica este caso como “divulgación”, pero a otros esfuerzos divulgativos se les excluye, ignora o incluso se les plagia sin reconocimiento.
En el ámbito académico se acusa con frecuencia el “conflicto de interés” o el “lucro con el patrimonio”, sin considerar que estas acusaciones muchas veces deslegitiman trabajos profesionales. En turismo, pese a que este proyecto fue impulsado por la Secretaría de Turismo, también se margina a especialistas por “no saber comunicar”, subestimando la formación en divulgación, interpretación del patrimonio y museología. Este es un debate que debe abordarse de forma seria desde distintas instancias gubernamentales.
Ahora bien, pensemos en el contenido del video: aunque aparentemente bien intencionado, incluye elementos cuestionables. El uso de frases como “donde ni los arqueólogos entran”, “no sé cómo el gobierno nos permitió esto”, o mostrar una máscara maya insinuando que es un secreto llevarse artefactos reales, son recursos efectivos, sí, pero también engañosos. Las autoridades aseguran que el proceso fue respetuoso, pero es alarmante que no se haya seguido el procedimiento de revisión. Algunos comunicados recientes indican que el guion nunca fue entregado, lo cual es una falta grave. Se afirma que hubo un equipo de arqueología presente durante la grabación, pero no intervino frente a estos gestos problemáticos ni para mejorar el resultado final. ¿Qué está pasando con los criterios institucionales? ¿Por qué se permiten estas omisiones? Más importante aún: ¿por qué las autoridades no están cumpliendo con su labor y rehuyen su responsabilidad?
Al final, cabe preguntarse: ¿qué se está promocionando y cómo? Las autoridades parecen considerar que la distorsión de la información no importa tanto como la viralidad. Y aunque puede esperarse un aumento en el turismo, eso no implica necesariamente un beneficio económico equitativo, ya que muchas comunidades locales quedan al margen de las ganancias, e incluso padecen las consecuencias de modelos turísticos excluyentes.
Sí, es publicidad. Pero también fue una oportunidad desaprovechada para realizar un ejercicio de divulgación responsable, en el que se mostrara el trabajo arqueológico real, con el respaldo de especialistas, datos actualizados y una narrativa educativa. Se perdió la oportunidad de hacer un contenido llamativo entre ruinas… y ratings.
