diciembre 5, 2022

Franco sin el Valle de los Caídos

 

Para decorar el Valle de los Caídos se planteó encargar una serie de bocetos al artista boliviano Arturo Reque Meruvia, que llegaron a ser colocados en la galería, escribe Daniel Sueiro, pero finalmente fueron desechados por su “contenido guerrero”. En la imagen, un fragmento del famoso mural del artista Alegoría de Franco y la Cruzada (ca. 1942-1948), creado para el Archivo Histórico Militar de Madrid.  (Foto: Flickr / Enrique Viola).
Ya se había decidido enterrar en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos al fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, cuando se pensó en excavar una nueva sepultura destinada a Francisco Franco. Si la primera estaba frente al altar mayor, la segunda estaría detrás, frente al coro. En ese tiempo, recordaba Diego Méndez, el arquitecto encargado de las obras, nadie se animó a preguntarle su opinión al dictador, y se limitaron a dejarla preparada.
El día de la inauguración del conjunto monumental, el 1 de abril de 1959, Méndez coincidió con Franco al final de la ceremonia en el lugar que resguardaba su sepulcro. “Se vino conmigo andando y comentando un poco las cosas y entonces, parado allí detrás del altar, exactamente sobre el sitio donde estaba hecho ya el hueco de la sepultura, dice: ‘Bueno, Méndez, y en su día yo aquí, ¿eh?’. ‘Ya está hecho, mi general’”.Así se lo contó Méndez, quien dirigió las obras del monumento desde 1950, al escritor Daniel Sueiro, autor de La verdadera historia del Valle de los Caídos (Editorial Tébar Flores, 2019), una investigación de referencia sobre el mayor osario de la Guerra Civil española, en el que yacen los restos de 33,847 víctimas de los bandos nacional y republicano.

Aunque los familiares de Franco han asegurado que no quería ser enterrado en el mausoleo que proyectó desde su emplazamiento en el risco de la Nava del valle de Cuelgamuros —a casi 60 kilómetros de Madrid—, el generalísimo le dijo a varias personas que ese era su deseo. Una de ellas, entrevistada por Sueiro, fue fray Justo Pérez de Urbel, el primer abad de la orden benedictina que tiene a su cargo la basílica, a quien le aseguró que sería “un honor dormir el último sueño aquí”.

Ese descanso que imaginaba eterno quedó truncado el 24 de octubre, cuando los nietos y bisnietos del dictador trasladaron sus restos, después de perder un pulso de 16 meses con el Gobierno socialista, al panteón de los Franco en el cementerio de Mingorrubio, cerca del Palacio de El Pardo, la residencia oficial del jefe de Estado desde el final de la guerra, en 1939, hasta su muerte en 1975.

Desde el principio de la contienda, Franco sintió “la necesidad moral, podríamos decir que hasta física”, según Méndez, de levantar un monumento que honrara a los caídos en su “cruzada liberadora”, para la que solo cabía crear un estilo arquitectónico imperial.

Una “poética de lo colosal”, como escribe Sueiro, manifiesta en sus cifras. La altura de la cruz que corona el conjunto monumental es de 150 metros; el peso de la cruz —incluido el basamento y su conjunto escultórico— es de 200,000 toneladas; la longitud de la nave de la basílica es de 262 metros; la superficie de la explanada abarca 30,000 metros cuadrados. Puesto que el Valle de los Caídos se encuentra en la sierra de Guadarrama, con temperaturas extremas en invierno, los cálculos que se hicieron deben permitir a la cruz soportar vientos de hasta 340 kilómetros por hora, y no debe hundirse antes de mil años.

El 1 de abril de 1940, Franco firmó el decreto para la construcción del Valle de los Caídos, en el que se aspira a “que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido”. Confiaba en que el primer arquitecto encargado de las obras, Pedro Muguruza, lo terminara en un año; tuvieron que pasar casi dos décadas y una inversión de 1,086 millones de pesetas —según cifras oficiales— para que pudiera verlo realizado.

Ese mismo año, el Ministerio de Justicia estimaba que había 270,719 prisioneros sentenciados en las cárceles del país, a los que se sumaban otros 100,000 pendientes de juicio, escribe el historiador Paul Preston en El holocausto español (Debate, 2011). En 1938, aún en guerra, se había creado el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, que habría de proveer reclusos para la edificación del monumento.

“El trabajo se consideraba una manera de reparar el daño causado durante la guerra, de la que se culpaba a los prisioneros, a pesar de que en buena medida los destrozos hubieran sido obra de la artillería y los bombardeos aéreos de los rebeldes”, señala Preston.

Otras fuentes, como Sueiro, cifran el número de presos en medio millón, cuando antes de la guerra el número oscilaba entre 12,000 y 15,000 reclusos: “Cientos de miles de personas a las que había que aislar, pero a las que también había que alojar, y sobre todo dar de comer, excepto a las que se daba garrote o se las pasaba por las armas”.

El sistema creado permitía a los prisioneros de guerra y presos políticos redimir dos días de pena —en 1943 aumentó a seis— por cada uno de trabajo. Se cree que fueron centenares los condenados a muerte que, tras serle conmutada la pena a 30 años de prisión, se acogieron a esta medida.

A finales de 1943, tres años después de iniciadas las obras, trabajaban en el Valle de los Caídos cerca de 600 penados, procedentes de diferentes cárceles, estima Sueiro, aunque Preston eleva a 20,000 el total de prisioneros que trabajaron en la construcción.

Debido al hambre y el hacinamiento que existía en los presidios, ser escogido para levantar el monumento, así fuera un capricho del dictador, significaba respirar el aire de la naturaleza, tener la comida asegurada y una “relativa tranquilidad” —afirma Sueiro—.

“La esclavización de los prisioneros era un modo de hacerles pagar los costes de su propio encarcelamiento y de reconstruir la España asolada por la guerra”, escribe Preston, ya que también tuvieron que trabajar en las minas y en la construcción de presas y carreteras. “La retórica de Franco sobre la necesidad de que los derrotados se redimieran a través del sacrificio trazó un vínculo claro entre la represión y la acumulación de capital que hizo posible el florecimiento económico de los años sesenta”, agrega el historiador británico.

Para Preston, el Valle de los Caídos representa “el ejemplo más extremo de la explotación” de presos republicanos. El salario medio en la época por el trabajo manual que desempeñaban era de 10 pesetas al día, pero los presos, que eran contratados por empresas privadas, recibían cinco o seis, la mitad se la quedaba el gobierno y el resto no llegaba tampoco a sus manos porque una peseta era para pagar su comida, otra se destinaba a una cartilla de ahorros que cobraría cuando recuperara la libertad, y la tercera se mandaba a su familia.

El Valle de los Caídos es el mayor osario de la Guerra Civil española. Ahí yacen los restos de 33,847 víctimas de los bandos nacional y republicano, trasladados entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de la mayoría de las provincias españolas, salvo Orense, La Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. (Foto: Instagram de @valledeloscaidos).

Aún en plena Guerra Civil, Franco se preocupó por acrecentar su fortuna. En Un pueblo traicionado (Debate, 2019), Preston escribe que, entre 1937 y 1940, el dictador acumuló 34 millones de pesetas, equivalentes a 388 millones de euros de 2010 (8,300 millones de pesos actuales).

Uno de los orígenes de su riqueza fue la apropiación de suscripciones organizadas por el bando nacional para cubrir el costo de la contienda, fondos que desviaba a sus cuentas personales, como lo ha documentado el historiador Ángel Viñas.

Con parte de lo recaudado en una de estas cuentas bancarias, “Donativos a disposición del Jefe del Estado”, precisa Preston, adquirió una finca de 10 millones de metros cuadrados, Valdefuentes, en las afueras de Madrid, en 2.5 millones de pesetas. Los enormes beneficios que obtuvo de su explotación, operada por una sociedad anónima, fueron directamente a su patrimonio.

El dictador recibió también múltiples regalos, “desde medallones de oro hasta automóviles de lujo”, apunta el historiador, y propiedades como el Palacio del Canto del Pico, en el municipio madrileño de Torrelodones, y el Pazo de Meirás, en La Coruña. Desde 1940, agrega, la Compañía Telefónica Nacional de España le depositó pagos mensuales de 10,000 pesetas, equivalentes a 100,000 euros de 2010 (más de 2 millones de pesos actuales).

Preston y Viñas han documentado también la venta que hizo Franco en 1940 a la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes del Ministerio de Industria de 600 toneladas de café donadas por el dictador brasileño Getúlio Vargas al pueblo español; esto le permitió sumar 7.5 millones de pesetas a sus cuentas del Banco de España.

Al morir, escribe Preston, su fortuna ascendía a más de mil millones de euros de 2010 (21,400 millones de pesos actuales).

Para el biógrafo de Franco, la corrupción fue un instrumento central de su poder. Permitió que sus generales y oficiales de mayor rango acumularan riquezas sirviendo como prestanombres “de empresas mineras en manos germanas para que parecieran de titularidad española”; otros optaron por el contrabando o utilizaron como mano de obra barata o gratuita a soldados y presos republicanos.

“La mayor corrupción institucionalizada”, escribe Preston, “fue el uso del aparato del Estado para el provecho particular”. Una trama de la que se beneficiaron los familiares del dictador y funcionarios y empresarios como Juan March cercanos al régimen, al conseguir permisos de importación de los productos que escaseaban.

A Franco no le interesaba investigar la corrupción, agrega el historiador, por su implicación y porque permitirla le aseguraba la lealtad de la élite.

Pero la dictadura franquista fue también, subraya Preston, un régimen de pillaje. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 permitió apoderarse de las propiedades de los republicanos que se opusieron a la rebelión militar o cometieron un delito de “pasividad grave” al no apoyarla. Fueron obligados también a pagar “multas exorbitantes” o vieron cómo eran confiscados sus bienes, lo mismo empresas que casas, muebles y cuentas bancarias.

No es de extrañar entonces que el decreto de creación del Valle de los Caídos aludiera únicamente al homenaje de “los caídos por Dios y por la Patria”, los vencedores. Incluso en 1946, consigna Sueiro, se planteaba depositar en el monumento a quienes perecieron en el Ejército Nacional o fueron asesinados o ejecutados por “las hordas marxistas”.

Ni una alusión a los republicanos hasta que, en 1958, según lo consignado en sus diarios por Francisco Franco Salgado-Araujo, el caudillo se volvió conciliador: “El monumento no se hizo para seguir dividiendo a los españoles en dos bandos irreconciliables. Se hizo, y esa fue siempre mi intención, como recuerdo de una victoria sobre el comunismo, que trataba de dominar a España…”.

El escultor Juan de Ávalos (1911-2006) es el autor de la Piedad ubicada sobre la entrada de la basílica y de las ocho estatuas que se encuentran en el basamento y el fuste de la cruz: los cuatro evangelistas: san Juan, san Marcos, san Lucas (imagen) y san Mateo, y las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son estructuras de hormigón cubiertas de piedra negra de Calatorao, lo que ha provocado múltiples desprendimientos con el paso del tiempo. (Fotos: Instagram de @yokhannan).

En La muerte del verdugo, obra dirigida por Sébane Garivian (Miño y Dávila Editores, 2016), la investigadora Rosa Ana Alija Fernández publica el ensayo “El inextricable camino entre el lecho de muerte y la lucha contra la impunidad: los casos de Franco y Pinochet”, en el que contrapone el distinto tratamiento que tuvieron los restos de los dos dictadores.

Ambos fallecieron por causas naturales, sin haber sido condenados penalmente por las violaciones de derechos humanos que cometieron durante sus mandatos, escribe la profesora de derecho internacional público de la Universidad de Barcelona. Pero mientras que Franco murió en el poder en 1975 y fue inhumado en una “tumba faraónica” —según la historiadora Queralt Solé—, considerada el mayor emblema del franquismo, Pinochet falleció en 2006 —16 años después de perder la presidencia— cuando estaba en arresto domiciliario, con varias causas judiciales pendientes, y sus cenizas fueron depositadas en la capilla de su finca de Los Boldos, en Valparaíso.

“Establecer lugares públicos de memoria que honren la  figura del difunto dictador carece de coherencia: la comisión de graves violaciones de derechos humanos es, a todas luces, una práctica deshonrosa que no merece en modo alguno ser ensalzada”, concluye la académica en su ensayo.

Para Alija Fernández, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos es una forma de reparar simbólicamente a las víctimas, sobre todo a los familiares de quienes lucharon en la Guerra Civil por defender la democracia y terminaron enterrados junto al dictador.

“Desde un punto de vista simbólico”, afirma en entrevista, “la exhumación de sus restos es un paso clave para poder avanzar en España en la lucha contra la impunidad por los crímenes del franquismo, ya que los honores póstumos de que gozaba el dictador en buena medida perpetuaban su presencia en la esfera pública, de alguna forma legitimando simbólicamente su gobierno y las medidas adoptadas durante el mismo, incluida la represión. El mensaje que su tumba en el Valle de los Caídos transmitía venía a ser: ‘Franco es digno de todos los honores’, y eso incide negativamente en el reconocimiento de sus víctimas, pues hay una clara incompatibilidad entre honrar al dictador y sus actos represivos y honrar a las personas reprimidas y sus actos contra el dictador. Un Estado democrático debe posicionarse del lado de los derechos humanos, no de las atrocidades deshonrosas”.

Considera que, si bien el gobierno del presidente Pedro Sánchez actuó “con tacto” en el retiro de los restos, se le permitió a la familia Franco un protagonismo innecesario cuando salieron con el féretro al hombro de la basílica del Valle de los Caídos, solos en la inmensa explanada. Los medios reportaron que al nieto mayor del dictador, Francis, se le impidió poner una bandera franquista sobre el ataúd, y una de las nietas, Merry, llegó a maldecir a las autoridades.

“Todos los restos humanos deben ser tratados con el máximo respeto y dignidad, pero tal vez un buen parámetro de comparación sobre cómo se podría haber llevado a cabo el proceso de exhumación y reinhumación sería pensar en cómo se actúa cuando se exhuman cuerpos de víctimas y qué se deja o no hacer a los familiares. En última instancia, (estas acciones) no dejan de ser un reflejo de la posición de privilegio que la familia Franco adquirió de formas más que cuestionables durante la dictadura y que, por lo que se ve, pretende seguir haciendo valer en democracia”, señala Alija Fernández.

En 2011, un grupo de doce especialistas, convocado por el Gobierno, dio a conocer el Informe de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, en el que alertaba sobre el “deterioro creciente” del conjunto monumental, tanto del grupo escultórico —la Piedad ubicada sobre la entrada de la basílica, y los apóstoles y virtudes que se encuentran en el basamento de la cruz—, que ha ido perdiendo fragmentos con el paso del tiempo, como a nivel interno, por las filtraciones, fisuras y humedades que existen en la construcción.

Los especialistas, a partir de una serie de estudios, concluyeron que era necesaria una inversión de 13 millones de euros (275.5 millones de pesos) en el mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos —la abadía, el monumento, la escolanía y la hospedería—, pero en los últimos años, según cifras publicadas por El País, Patrimonio Nacional —el organismo público del que depende el monumento— ha invertido en promedio 2 millones de euros anuales  (42.3 millones de pesos).

Uno de los integrantes de la comisión, el historiador Ricard Vinyes, se manifestó en 2016 por “acompañar la ruina”, permitir el hundimiento natural del monumento. Esto expresaría, escribió en el foro virtual de Memorias en Red, “tres muertes: la de la ideología político-religiosa (la ética de la dictadura) que lo erigió, la de su desafío milenario ‘al tiempo y al olvido’ (según el decreto fundacional de 1940), y la muerte de su relato”.

Varios expertos, aseguró Vinyes, coincidían en esta solución, pero no fue reflejada en sus conclusiones, en las que se propuso “una resignificación integral del espacio” que incluía dotarlo de un centro de interpretación y una exposición permanente sobre el conjunto, crear un programa de investigación destinado a elaborar una base de datos con las personas ahí enterradas, la dignificación del cementerio, el retiro de los restos de Franco —el único que no murió víctima de la guerra— y mover la tumba de Primo de Rivera a un lugar que no fuera preeminente.

Un estudio forense realizado para la comisión consideró de una “complejidad extrema” identificar la mayoría de los restos depositados en las siete capillas y criptas, debido a que los monjes que los recibieron nunca verificaron que el número registrado coincidiera con el contenido, y a la fractura de los columbarios de madera que los contienen, que ha provocado el esparcimiento de los huesos.

Según cifras de Patrimonio Nacional, de los restos inhumados, 21,423 son de víctimas identificadas, y 12,410 de personas desconocidas, pero ni siquiera estas cifras son exactas, pues el número total de restos registrado por los frailes es de 33,847 personas.

En 2011, la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos exigía que 120 restos de republicanos exhumados de fosas comunes sin el permiso de sus familias fueran retirados del monumento. En un comunicado de agosto del año pasado plantearon: “El Estado secuestró sus restos y el Estado debe devolvérnoslos”.

Para evitar que el Valle de los Caídos continúe siendo, aun sin los restos del dictador, un emblema del franquismo, Alija Fernández considera que se debe resignificar.

“Habría que comenzar por desacralizarlo y continuar por convertirlo en un lugar de memoria en el que se recuerde lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la dictadura, y la represión de quienes lucharon por defender la democracia y las libertades, empezando por los republicanos que fueron obligados a trabajar en la construcción del monumento y las víctimas trasladadas desde cementerios de toda España sin una adecuada identificación y sin informar a sus familias”, señala la también autora de La persecución como crimen contra la humanidad. “A este respecto, sería necesario acompañar todo ese proceso con la exhumación, identificación y restitución a las familias que lo soliciten de los restos de tantas víctimas como sea posible, teniendo en cuenta que las pésimas condiciones en que se encuentran los osarios lo hace muy complicado”.

Para la investigadora no hay tiempo que perder si se apuesta por una política seria de memoria. Si Pedro Sánchez logra la investidura como presidente tras las recientes elecciones en España, le tocará completar la tarea que inició con la exhumación de los restos del dictador.

“El problema sigue siendo”, dice Alija Fernández, “que la política estatal en materia de memoria es poco decidida, porque al haber pasado tanto tiempo desde el fin de la dictadura se han consolidado en la sociedad posiciones que abrazan la narrativa de la transición, en el sentido de olvidar el pasado, y que no admiten/no entienden/no quieren entender que el sufrimiento causado en el pasado sigue muy presente en muchas familias que padecieron represión. Obviamente, puesto que la de memoria no es una política de Estado y vistos los precedentes —supresión de las partidas presupuestarias para aplicar la Ley de Memoria Histórica durante el anterior gobierno del Partido Popular, referencias muy desafortunadas a las víctimas por parte de (su dirigente) Pablo Casado…—, todo hace prever que un gobierno estatal de derecha no moverá un dedo para resignificar el Valle de los Caídos”.

silviaisabel.grecu@gmail.com

18 de noviembre de 2019.

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