Las dudas sobre Cultura Comunitaria

La apuesta de la Secretaría de Cultura por las culturas comunitarias se pone en marcha con diferentes programas. Esta semana, reporteros de la sección de Cultura de El Universal dedicaron su esfuerzo a conocer más sobre el programa Cultura Comunitaria que dirige la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Su trabajo, es importante reconocer, es muy positivo. Cumple tanto con el objetivo de dar a conocer en qué consiste el programa como con el de señalar problemas en su implementación, y nos obliga a hacernos preguntas sobre este que es el más importante programa de la Secretaría de Cultura.

Gran parte de la información sobre en qué consiste el programa Cultura Comunitaria se podría obtener de internet ingresando a la página de la DGVC, pero los reporteros van más allá. Desde la campaña electoral, Alejandra Frausto señaló que el trabajo cultural de la presente administración tendría en el trabajo comunitario su eje fundamental. Contaba ya con la experiencia para hacerlo. La ahora secretaria de Cultura había sido directora general de Culturas Populares en el sexenio de Peña Nieto y antes se hizo cargo del Instituto Guerrerense de la Cultura, además de otras actividades en el ámbito privado y de la sociedad civil. El equipo que ha trabajado con ella y que ahora se encarga de Cultura Comunitaria está formado por un conjunto probado de gestores culturales del que no tengo duda de su capacidad y sensibilidad para este trabajo.

Con todo, los periodistas de El Universal señalan varios temas discutibles de la puesta en marcha de Cultura Comunitaria. Destaco tres de ellos.

El primero que refieren es sobre el personal requerido para el programa. Luego de despedir a más de mil trabajadores de la Secretaría de Cultura, ahora Cultura Comunitaria se ve impelido a contratar personal especializado —630 personas con un presupuesto de 178 millones de pesos, nos dicen— para trabajar en 279 municipios que urge atender. Lo novedoso es que este personal es subcontratado a través de una empresa externa, una outsourcing. Esta se eligió a través de un proceso de licitación convocado por la Secretaría de Cultura cuando se supone que este mecanismo no está entre los deseables por parte del gobierno federal. La empresa seleccionada, refieren los reporteros, tiene 25 contratos de este tipo con el gobierno federal, buena parte de ellos asignados directamente, es decir, fuera de un concurso de licitación.

Otro tema relevante señalado por los periodistas es la transparencia. El subprograma Semilleros creativos —quizá la apuesta más importante de la Secretaría de Cultura, nos dicen— tiene un presupuesto de 200 millones de pesos, la tercera parte del dinero con que cuenta el Fonca, pero tanto su acceso como su ejercicio es menos riguroso que en el caso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Los reporteros realizaron varias consultas con especialistas en la administración pública, quienes expresaron su preocupación por la laxitud o ausencia de las reglas de operación.

Un tercer problema que derivo de los artículos de esta semana en torno a Cultura Comunitaria es lo que pudiera ser la superposición de funciones o actividades. Por ejemplo, uno de los cuatro subprogramas del proyecto, Territorios de paz, podría no ser un campo autónomo de los otros tres, pues en realidad todo Cultura Comunitaria trabaja en ese sentido.

En fin, creo que los reporteros de la sección de cultura de El Universal hicieron su trabajo y dejan en nosotros, los ciudadanos, la tarea de tomar posición ante lo que nos han expuesto. Quiero presentar algunas opiniones.

No veo negativo que se acuda a una subcontratación de personal para las actividades del programa, tanto más que una de las condiciones que se impusieron a la outsourcing fue la afiliación del personal contratado al régimen de seguridad social del IMSS. Lo que veo lamentable es que no existan en la actualidad empresas especializadas en la provisión de gestores culturales formados y acreditados en este campo. Habrá que ver el caso concreto al final del ejercicio, pero no creo que sea exitosa una contratación realizada con prisa y sin experiencia en el campo de la gestión cultural.

Entiendo, por otra parte, la dificultad de elaborar reglas de operación que permitan la transparencia y rendición de cuentas de los recursos del programa pues vivimos en un país en que la informalidad es una pauta que rige la mitad de la vida pública nacional. ¿Cómo hacer formal la compra de bienes y servicios en los municipios más pobres del país si por décadas lo han hecho acudiendo tan solo a las redes de confianza comunitarias y al intercambio cara a cara? Pero, sobre todo, ¿cómo poner precio a un trabajo simbólico que nunca se ha vendido en esas comunidades? Confieso que el problema es de muy difícil solución y en este campo me inclino a que las autoridades hacendarias construyan un régimen de excepción para el programa antes de tratar de “meter al orden fiscal” a los prestadores de servicios de las comunidades indígenas y campesinas más pobres del país.

Por lo que he dicho, se entiende que en realidad estoy de acuerdo con las grandes decisiones que ha tomado la DGVC sobre Cultura Comunitaria; sin embargo, quiero expresar una preocupación de fondo que se centra en la autonomía o segregación del programa con respecto a la política cultural que debe impulsar la Secretaría de Cultura.

De hecho, los periodistas de El Universal han intuido este problema cuando se preguntan cómo pueden participar los dos grandes institutos de cultura, el INAH y el INBAL, en este programa. Si Cultura Comunitaria constituye el eje central de la política cultural, su programa estrella como señalan los reporteros, este debe constituirse en el eje de toda la política. Significaría que la política de comunicación, de patrimonio, de formación artística, de cine, radio y televisión culturales y todos los demás aspectos de la política pública de cultura, deberían incluirse en Cultura Comunitaria. Sin embargo, lo que vemos es que la segregación del programa, pese a que cuenta con recursos importantes para su ejecución, impide que los creadores y gestores culturales, y en general todos los agentes sociales interesados en la cultura, comprendan su relevancia. Observo esta deficiencia, para referir tan solo un elemento, en la escisión de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas de toda la vorágine de Cultura Comunitaria, algo que parece contrario a la lógica de la institución. Incluso el precario programa de Cultura para la Armonía del sexenio anterior intentó que todos los organismos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se comprometieran con su desarrollo, así haya sido de manera limitada. Espero que con la discusión del Programa Nacional de Cultura se resuelva esta deficiencia.

11 de agosto de 2019.