Liminalidad de los protectores del patrimonio: la paradoja de los trabajadores del INAH entre el ser y no ser. (Foto: Omar Espinosa Severino).
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Otras voces
¿Quién protege a los protectores del patrimonio?
Omar Espinosa Severino
Hablemos del elefante en la habitación. Pongamos sobre la mesa los dilemas y los predicamentos del ejercicio profesional en el sistema cultural mexicano. Discutamos el quehacer de aquellos que intervienen el patrimonio, tangible e intangible. Charlemos sobre el devenir de los protectores del patrimonio.
Conformado por un grupo heterogéneo de especialistas culturales –antropólogos, historiadores, arqueólogos, restauradores, lingüistas, etnólogos, etnohistoriadores, arquitectos, sociólogos, museógrafos– y profesionistas complementarios –comunicólogos, diseñadores, abogados, dibujantes, fotógrafos, químicos, biólogos, gestores y promotores culturales, geógrafos, topógrafos, economistas, actuarios, trabajadores técnico manuales y un largo etcétera–, los protectores del patrimonio se dedican a recuperar y a registrar memorias para hacerlas trascender en la sociedad actual.
Construir una memoria cultural es un trabajo arduo, especialmente en México donde es considerado un proceso institucional. Debido a una legislación patrimonial y cultural centralizada, la procuración y el cuidado de los elementos paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos son de interés público y estatal. La situación plantea un dilema de gestión: una institución es juez y parte en la materia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Con 81 años de existencia el INAH mantiene retos específicos con respecto al manejo patrimonial, sus especialistas y la tradición científica que los respalda. Los desafíos actuales representan una complejidad social y cultural que rebasan la capacidad institucional, dejando tareas con muchas aristas de atención urgente [1]. Retos y dilemas que arrancan desde su orden gubernamental, administrativo y presupuestal. El transitar administrativo como dependencia de la Secretaría de Cultura (SC) tuvo cambios de ramo, de planes y de cumplimiento de objetivos. Una repercusión tangible es la dispersión de esfuerzos que es posible observar cuando diversas áreas de trabajo duplican las labores o incluso rivalizan entre sí.
A pesar de ser considerado un órgano desconcentrado, el INAH no tiene autonomía presupuestal. Hace 48 años ya existían en su interior problemas de flexibilidad y de pago a su personal profesional y técnico [2], afectando a los protectores del patrimonio y al patrimonio que procuran.
El INAH y sus 80 años: un aniversario que marca encrucijadas patrimoniales, entre lo académico y lo laboral.
Quizá la situación más paradigmática sea justamente la que se refiere a las condiciones laborales. El meollo del asunto radica en la dicotomía propia del instituto, que se ha visto en la necesidad de desarrollar esquemas diferenciados de trabajo: trabajadores de estructura –regulados bajo la etiqueta de servicios personales y que plantea otra serie de problemas– y el personal eventual; ambos esquemas con funciones administrativas y sustantivas.
Se ha puesto poca atención en los trabajadores eventuales, a los cuales se les ha denominado también como invisibles o indocumentados. Su situación asemeja a la liminalidad: una condición de ser y no ser al mismo tiempo, limbo indefinido que mantiene al sujeto en la espera de un buen porvenir al integrarse completamente a una comunidad definida. La liminalidad no es única para el INAH. Quienes trabajan en el sector cultural mexicano constantemente persiguen una estabilidad social que depende de las condiciones laborales que se les ofrecen y que va más allá de lo financiero.
Es curioso que no exista mucha información sobre los protectores del patrimonio que laboran bajo ese esquema contractual, ni estadístico ni en descripciones concretas. Y resulta notable porque su condición se encuentra desprotegida y con índices de precariedad, al margen de la Ley Federal de Trabajo y de las Condiciones Generales de Trabajo del INAH [3].
Una recopilación de datos de iniciativas no institucionales arrojan un aproximado de al menos 2,229 personas consideradas en puestos eventuales [4], aunque en realidad no hay una cifra exacta [5]. La población dentro de estos contratos es flotante por su propia naturaleza pero ello no la exime de la incertidumbre y la falta de sistematización en su registro.
Los protectores del patrimonio no solo se enfrentan a contratos que no les ofrecen estabilidad económica y laboral sino que les auguran problemas académicos y sociales dentro de la institución, nutridos en un círculo vicioso laboral y en un contexto que desencadena tanto una fuga de cerebros como el abandono de labores por desánimos profesionales.
La falta de cumplimiento de objetivos y de una descripción de las realidades culturales del país es la constante. El punto clave: la estrategia poco clara sobre la protección patrimonial y el desarrollo de propuestas concretas de trabajo. Se habla de teorías impedidas de un adecuado desarrollo a causa del atraso en la entrega de reportes o por la absorción de propuestas sin una sistematización metodológica [6].
La punta del iceberg está cubierta por la desorganización de los afectados que no unifican una lucha debido a la poca cohesión de sus acciones y en los condicionamientos internos; el amedrentamiento, las múltiples represalias que van del despido o la no renovación de los precarizados contratos a bloqueos de crecimiento profesional y personal, hasta acoso laboral y sexual.
Detonada desde el INBAL, la reciente lucha por los derechos laborales inició en 2018 en tanto que la acción delimitada de los grupos del INAH no ha generado acuerdos y se vislumbra un necesario apuntalamiento de sus liderazgos culturales.
Un tratamiento especial se requiere para abordar la situación del plagio y el nulo goce de derechos de autor y de propiedad intelectual que viven los trabajadores eventuales, a quienes se les niega el reconocimiento de su propio trabajo con repercusiones en su desarrollo académico. Irónicamente uno de los métodos de ingreso a las plazas de estructura –la basificación– es la evaluación de puntos obtenidos por méritos académicos.
En este contexto, el análisis debe considerar también la tipificación de ciertos comportamientos tóxicos que afectan el quehacer laboral cotidiano por la existencia de relaciones horizontales y verticales. Una realidad que podría parecer poco relevante comparada con los problemas administrativos o laborales pero que sin embargo constituye un todo que merece ser abordado.
Un paquidermo inmóvil en la habitación
Quedamos a la espera de que las condiciones precarias trasciendan y se solucionen los desafíos crecientes cada día. El debate está abierto y debería conducirse con una participación plural, más allá de la especulación. El objetivo es la reflexión y la direccionalidad de los liderazgos culturales tan necesarios.
Desde lo administrativo hasta lo académico hay un grupo social vulnerable dentro de las instituciones culturales del país. Resulta apremiante poner atención en él y en todos los otros factores que conforman a este paquidermo inmóvil en la habitación. Está presente aunque nadie lo quiere ver. Quizás es también un indocumentado del INAH.
Sobre la mesa se queda el derecho humano a la memoria que nos involucra a todos por lo que quizá deberíamos de vigilar lo que sucede con estos problemas que afectan el desarrollo de un proceso fundamental en la sociedad: entendernos a nosotros mismos. Y esa se convierte en una responsabilidad con un peso más allá de lo que imaginamos. Finalmente nada es olvidado del todo. Y si algo puede ser recordado, será por la recuperación fundamental que hacen los protectores del patrimonio.
10 de febrero de 2020.
Omar Espinosa Severino
Arquéologo de profesión, docente de vocación y geek por convicción.