Hacia el cierre de sexenio, para redondear la herencia que será adoptada como programa en el futuro gobierno, sería sensato ajustar la denominación de la dependencia federal. Es un amarre que hace falta para zanjar en definitiva la época neoliberal.
Eso y más se desprende del cuarto informe de la Secretaría de Cultura (el suyo, disponible en https://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-2024/4toInformeLab-2021-2022.pdf). Son casi 250 páginas que, como es normal en estos documentos que instruye la ley, enaltecen lo realizado, no exento de revelaciones, y se hace pato con variedad de asuntos públicos.
Tomo algo de lo que aparece al vuelo de las gráficas. Al confín celebratorio del bienestar que otorgan las bibliotecas, resulta que en cuatro años han abierto puertas 11 nuevos recintos. De 7,463 en la red en 2019, a junio de este 2022 hay 7,474.
Aparecen todavía como parte de la secretaría las librerías de Educal, con 81 locales de un universo de 1,639 en el país. Se destaca que, en títulos publicados, 377 corresponden a la modalidad electrónica, que supera en lo que va del sexenio al impreso, con 216. Se registran 18 coediciones.
Otro dato que favorece relecturas e interpretaciones para comprender el sector cultural (el nacional) es consignar que, en infraestructura cultural, hay patente de 31,749 unidades, de las cuales 8,150 son operadas por la dependencia encabezada por la licenciada Alejandra Frausto.
La matrícula total de educación artística canta a este tenor: en 2019 fue de 12,830, en 2021 de 11,276 y hasta el corte informativo del tomo en cuestión, hay 10,561. Tomemos el posgrado: en cuatro años de cuatroteismo se pasó de 585 alumnos a 370 al filo del informe presidencial-secretarial. Las becas en este campo de la educación artística también han ido a la baja: de 1,750 otorgadas en 2019, de 1,565 en 2020, de 1,189 el año pasado, en seis meses del 2022 se han asignado 703.
Otro gráfico que resalta al vuelo es el llamado “Distribución porcentual de acciones de protección técnica del patrimonio cultural”. Apabullado el INBAL toma del pastel 10.4%, mientras el INAH se come el 85.5% (privilegios de mamuts y trenes) y la Cineteca Nacional se anota un inusitado 1.1 del porcentaje.
Mi revisión no arrojó letras informativas sobre el postergado cambio de residencia de la secreculta, tampoco del fantasmal Consejo de Diplomacia Cultural, mucho menos un guiño de colaboración con la diplomacia cultural ejecutiva de la cancillería.
Por cuarto año se incumple el artículo 8 de la Ley de Cultura y Derechos Culturales, una falta sin los vales y sin consecuencias legales para quienes deberían resolver el asunto. No ha habido asomo de carácter para enviar una reforma a la ley y desaparecer esa innecesaria obligación, para colocar algo más a mano de la Secretaría de Bienestar Cultural.
Conviene además señalar que, teniendo la legitimidad para hacerlo, otra vez las autoridades evitan hablar de la aplicación del gasto público.
Al publicarse estas líneas, lectoras y lectores sabrán de la iniciativa fiscal por venir y de la propuesta presupuestal para el 2023.
En esa perspectiva, en lo que resta de la administración cultural no se esperan más sorpresas, salvo las que tienen que ver con los funcionarios que se irán con tal o cual aspirante morenista a la presidencia de la república.
Decimos que no hay mucho más por ver, en tanto que los ajustes más complicados de adoptar en bien del quehacer amloista ya se dieron. Y que las apuestas del régimen van viento en popa.
Por ello, las primeras palabras en el documento de la titular del ramo son: “La Secretaría de Cultura llega al cuarto año de labores sin parar su aporte al proyecto de nación de la Cuarta Transformación, con el objetivo central de no dejar a nadie atrás ni a nadie fuera y de colocar a la cultura como un eje prioritario en la agenda pública, de modo que nunca más sea considerada un accesorio”.
