Tendrá Morelos su Ley de Cultura y Derechos Culturales

CUERNAVACA Hace nueve años en Morelos inició uno de los procesos culturales más ambiciosos de que se tenga referencia en la historia inmediata de la gestión cultural en México. Luego de un arduo proceso de reflexión orientado a la construcción de acciones colectivas, en 2012 surge el movimiento Cultura 33 (hoy +3), integrado por representantes de asociaciones civiles, agrupaciones artísticas, empresas y centros culturales comunitarios e independientes.

En principio la mayoría de sus integrantes, vinculados al activismo y a las ciencias sociales, buscaron generar mecanismos que obligaran al Estado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de la población y establecer un diálogo con el Ejecutivo ante la anunciada transición del Instituto de Cultura a la Secretaría de Cultura. Eran los años que anunciaban una gradual reforma cultural de instituciones, leyes, presupuestos y cambios de paradigma.

Pero esas aspiraciones, democráticas y legítimas, gravitaban el terreno de la abstracción por su falta de concreción y ruta; sin embargo, con el paso de los meses y, en perspectiva, de los años, a la complejidad política del tránsito de los gobiernos de Marco Antonio Adame (PAN), Graco Ramírez(PRD-PT-MC), y Cuauhtémoc Blanco (Morena-PES-PT), el movimiento fue madurando al formular una insólita, desafiante y creativa agenda política que lo mismo ha cuestionado el despilfarro de recursos, que los criterios en el nombramiento de las titulares de la secretaría, que sus esquemas y lógicas en la toma de decisiones y visión institucional.

Con la Declaración de Tepoztlán, documento rector que contiene los principios y aspiraciones del movimiento, pero sobre todo con la convocatoria e inclusión de personas de todas las disciplinas, de liderazgos comunitarios, y un posicionamiento mediático en la agenda pública morelense, Cultura 33 abrió un camino irreversible de encuentro, análisis, crítica y diálogo entre el sector cultural y las autoridades.

Esa nueva dinámica en la correlación de las fuerzas culturales frente al Estado, no ha desistido en participar del diseño de las políticas culturales y en la lucha por la descentralización presupuestal y territorial “concentrada” en la capital y en las cabeceras municipales, de manera que se traduzca en la asignación equitativa y participativa de presupuestos que sean ejercidos de manera transparente; en la administración eficaz de los programas y la infraestructura cultural bajo esquemas de planeación y perfiles adecuados para su diseño y operación; en el desarrollo cultural comunitario y la educación artística como ejes de desarrollo humano; en el establecimiento de un nuevo pacto de gobernanza que equilibre la relación entre el gobierno, el sector cultural y la ciudadanía; y en la corresponsabilidad de autoridades estatales y municipales en los procesos de patrimonialización, conservación, investigación, restauración y salvaguardia y del patrimonio cultura material e inmaterial morelense.

Así surgió la necesidad de que la entidad contara con un instrumento legal, no para regir la vida cultural y creativa de los morelenses, sino para que el Ejecutivo y los Ayuntamientos garanticen los derechos culturales de la población. La entidad, que había sido pionera en materia de legislación cultural, contó desde 1937 con la olvidada Ley para la Difusión de la Cultura Popular, Protección al Turismo y Conservación de Monumentos, Edificios y Lugares Históricos del Estado de Morelos, que fuera abrogada en 2005.

Ante ese vacío, y los debates en materia de legislación cultural y derechos culturales, luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, diversos legisladores presentaron iniciativas, algunas fueron un verdadero despropósito ante el desconocimiento del tema y la falta de consulta al sector y a los especialistas. Aquí algunas de ellas: Ley de Cultura y Arte del Estado de Morelos (Jorge Arizmendi García, PRI); Ley de Cultura del Estado de Morelos y sus Municipios (Othón Sánchez Vela, PNAL); Ley de Fomento a la Cultura en el Estado de Morelos (Erika Sánchez Gordillo, PNAL); Ley de Fomento y Protección al Patrimonio Cultural Material del Estado de Morelos (Humberto Segura Guerrero, PRI); Ley de Desarrollo y Preservación del Patrimonio Cultural de la Gastronomía del Estado de Morelos (Juan Ángel Flores, PRD); Ley de Preservación y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Morelos,(Javier Montes Rosales, PRD); Ley para el Fomento de la Cultura del Estado de Morelos (Faustino Javier Estrada González, PVE); Ley de Cultura para el Estado de Morelos (Rosalina Mazari Espín, PRI); Ley de Cultura y Derechos Culturales para el Estado de Morelos (Blanca Nieves Rosas Arano, PNAL).

Finalmente, el andar ha sido lento, pero firme, y hoy el estado de Morelos tiene en el pleno del Congreso la iniciativa de Ley de Cultura y Derechos Culturales para el Estado de Morelos, una iniciativa que es un paradigma de participación y consulta ciudadana en el país, específicamente porque Cultura 33, la Secretaría de Turismo y Cultura, en compañía del jurídico del Centro INAH-Morelos, con el impulso y continuidad de la exdiputada Alejandra Flores Espinoza y la diputada Edi Margarita Soriano Barrera (ambas de Morena, legislaturas LIV y LV), han tenido un genuino y democrático gesto de voluntad política y de sensibilidad social al que se se han adherido integrantes de todas las fracciones parlamentarias de Morena, PAN, PRI, MC, PNAL, PT, PES y RSP.

La iniciativa es la concreción después de cuatro foros regionales (2012), un seminario sobre legislación cultural (2013), el compromiso de la comisión de redacción (personas dedicadas a la gestión cultural, las artes, la antropología, la historia, la ciencias políticas, la crónica, las leyes y las ciencias de la comunicación: Bárbara Martínez, Nora Brie, Alejandra Rangel, José Miguel Rueda, Sinaí Arce, Alma Benítez y Marco Tafolla), 32 consultas públicas en municipios (2013-2014), en donde participaron 92 grupos y organizaciones de más de mil doscientas personas gestoras, promotores, artistas, artesanas, y personas involucradas en la cultura y las artes de Morelos, múltiples revisiones del documento rector (2015-2021), diversos especialistas que apoyaron en la redacción y revisión, entregas a tres legislaturas (2015-2021), diálogo con dos secretarias de cultura y un secretario de gobierno, dos ingresos formales al pleno del Congreso (2021), e innumerables asambleas estatales, reuniones de trabajo y cabildeo presenciales y virtuales.

Este proceso ha significado nueve años de lucha, persistencia y resistencia, sobre todo desde 2014 se concluyó un documento rector que al paso del tiempo se fue enriqueciendo con otras iniciativas y con el apoyo generoso de especialistas en gestión y legislación cultural. Durante todo este tiempo ha sido decisivo el acompañamiento constante de Bolfy Cottom, junto a la solidaridad de Jacinto Pino, José Antonio McGregor, Eduardo Cruz Vázquez, Ana Lucía Recaman, Carlos Lara, Liliana López Borbón, Carlos Villaseñor, Gerardo Covarrubias, Rafael Mesa, Fernando Hidalgo, Edgar Assad, Isadora Escobedo y Luis Jiménez entre muchas otras personas para las que faltaría espacio, pero nunca el infinito agradecimiento.

Ahora, los legisladores tendrán una reunión de trabajo con integrantes de Cultura 33+3, la StyC, y el INAH-Morelos para la revisión final del documento, que será examinado y dictaminado en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso. Todo parece indicar que antes de que finalice el año, Morelos tendrá su Ley de Cultura y Derechos Culturales.

Muchas gracias a nombre de C33+3, especialmente a todas las personas que han hecho posible, con su palabra, con su confianza y respaldo moral, este esfuerzo de participación para la construcción colectiva de eso que llamamos comunidad, de sentido y de destino. Es el principio. Regresaremos a los municipios, a los barrios, colonias y comunidades campesinas e indígenas, como nos comprometimos.

¡Será ley!

Última versión de la Ley de Cultura de entregada al Congreso de Morelos