Una comparecencia casi arruinada por los legisladores

Finalmente, el pasado miércoles 21 de agosto se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Había sido pospuesta en dos ocasiones por razones de agenda o falta de comunicación adecuada, lo que se había prestado a diversos comentarios que remitían algunos de ellos a cierta indisposición de la secretaria a reunirse con los legisladores. De la experiencia se pueden hacer algunas observaciones, tanto de la comparecencia como del papel de los legisladores en el control o apoyo a la actividad cultural del país.

Debo decir en primer lugar que la cita será recordada menos por el encuentro con la secretaria de Cultura que por el enfrentamiento de tres legisladores, todos miembros del partido mayoritario de la cámara. La diputada María de los Ángeles Huerta comenzó a exigir su participación aparentemente fuera del protocolo acordado, la que le fue negada por el presidente de la comisión Sergio Mayer. Debido a que sus expresiones las profirió sin micrófono, solo pudimos enterarnos después por la prensa de que su malestar se derivaba de que no la dejaron felicitar a la secretaria de Cultura y, en cambio, el formato aceptado permitió el predominio de la oposición en la reunión. Las respuestas del diputado Mayer se basaban en la formalidad del protocolo, pero le fue imposible imponer orden a la legisladora. Por su parte, la morenista Inés Parra criticó a la secretaria el haber sometido un proyecto de presupuesto para el ejercicio actual sin el fundamento debido, lo que permitió que fuera manipulado específicamente por el diputado Mayer, quien según dijo hizo labor de intermediación favorable a intereses no legítimos a cambio de un porcentaje de lo asignado. Por la prensa nos enteramos de que la legisladora le acusaba de exigir “moches” hasta por un 30 por ciento de los recursos logrados por los proyectos.

El anterior ambiente hizo que el contenido de la reunión con los legisladores quedara en segundo término. Desde mi perspectiva, esto no favoreció a la secretaria de Cultura porque a pesar de que se le hicieron cuestionamientos duros sobre la gestión de los programas, y aceptando que algunas de sus respuestas no fueron claras o precisas, el contenido de su presentación —centrada en el ejercicio de los recursos adicionales por 500 millones de pesos del programa S268— y sus comentarios a las preguntas específicas fue, en general, correcto. A la secretaria Frausto no se le puede acusar de improvisada. Conoce bastante bien el campo de la cultura y ha tenido una práctica reconocida a favor de las culturas populares y de los grupos comunitarios rurales e indígenas. El hecho de que sea la primera secretaria de Cultura —incluidos los anteriores presidentes del Conaculta— que proviene de ese sector del trabajo cultural y no del área de Bellas Artes o de la difusión cultural, es un acontecimiento importante de la política cultural que será evaluado conforme vaya desarrollando su actividad a lo largo del sexenio.

Considero que los puntos más relevantes señalados por los legisladores fueron: a) los criterios de asignación de los recursos; b) la creación de una nómina paralela de trabajadores para algunos de los programas usando la fórmula de una outsourcing; c) las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, que ese mismo día se estaban manifestando en el edificio de Reforma por sus condiciones de trabajo; d) trabajadores despedidos; e) los déficits por el pago de prestaciones no convenidas en las condiciones generales de trabajo; f) la insatisfacción de algunos creadores o colectivos sobre las convocatorias o la franca ignorancia sobre estas; g) el lento o limitado traslado de la secretaría a la ciudad de Tlaxcala; h) la muy pobre actuación de la secretaría en algunos campos antes muy relevantes, como la producción y difusión cultural o las actividades culturales en el extranjero; i) la “caótica” reestructuración de la secretaría con la discusión de un nuevo reglamento o la integración de Educal y de la Dirección General de Publicaciones a la Dirección General de Bibliotecas de la SEP; j) el desarrollo del gasto o los eventuales subejercicios.

La secretaria Frausto contestó estos y otros cuestionamientos de diferente manera. Algunos fueron respondidos con solvencia, sobre todo los que tenían que ver con el desarrollo de los programas incluidos en la partida S268. También se refirió con soltura a la puesta en marcha de Cultura Comunitaria, el programa central de la secretaría. Otros temas fueron contestados de manera menos prolija o simplemente eludió el problema concreto. Por ejemplo, la contratación de una outsourcing para los Semilleros creativos debió ser respondida de manera más abierta porque seguramente se volverá a repetir la fórmula en otros casos y no tiene por qué ser vergonzante el uso de este mecanismo.

A mí me resulta interesante el nuevo tenor de la Secretaría de Cultura, incluso el lenguaje acuñado para explicar la forma de trabajo. La secretaria se inscribió en el discurso del cambio de régimen y no se alejó de la fórmula de que “ahora las cosas son diferentes”. Pero en los hechos hay acciones que no tienen por qué ser explicadas de ese modo. Por ejemplo, el discurso de los derechos culturales no es una aportación de esta administración cultural, ya que se ha trabajado desde periodos anteriores con mucha responsabilidad. Decir que antes la política cultural era centralista y elitista me parece una exageración. En todo caso hoy es más centralista que antes. Y sobre el elitismo se pueden comentar muchas cosas si solo se miran algunos programas, pero lo que ha tenido la política cultural mexicana desde hace décadas es la apertura hacia las culturas populares y el diseño de programas muy variados de acceso de los sectores populares y clases medias a las diversas manifestaciones creativas. El programa actual me parece que representa tan solo una orientación si se quiere más popular y comunitaria que antielitista. En cambio, la novedad está en las palabras: no hay austeridad sino ahorros; no hay despidos sino no renovación de contratos; hay trabajo desde tierra para decir que hay mayor cercanía a los problemas de las comunidades; se redistribuye la cultura para indicar que hay otra manera de distribuir los recursos. En fin, la Secretaría de Cultura de la 4T también está dando una lucha en el terreno del lenguaje…

Lo más pobre han sido los diputados. No encuentran el centro de su trabajo. La práctica de los etiquetados los constituyó en mediadores que incluso podían beneficiarse de esos recursos que bajaban para proyectos específicos. Y antes de esa práctica los diputados se pensaban gestores antes que hacedores de leyes. Ahora se lamentan de que muchos de los programas que recomendaron o sugirieron no fueron beneficiados cuando no tenía que ser así. Les cuesta trabajo entender que la programación y el ejercicio de los presupuestos es responsabilidad del Ejecutivo y que la suya es la asignación y vigilancia de los recursos y, sobre todo, la elaboración de las leyes y normas que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho a la cultura. En ese sentido fue ilustrativo que prácticamente ningún diputado refiriera un bosquejo de agenda legislativa cultural que pudiera acompañar el trabajo de la Secretaría de Cultura.

El gran tema pendiente es el Plan Sectorial de Cultura, del que casi no se habló. Esta semana un juez admitió a trámite un amparo promovido por tres ciudadanos contra el Plan Nacional de Desarrollo. Nada indica cuál será el curso de este caso, pero sí es muestra de la vigilancia que se sigue al proceso de planeación. No me parece exagerado decir que la principal tarea de la Secretaría de Cultura es producir en este semestre un documento de planeación que despeje las dudas tanto sobre las prioridades, como sobre los modos de gestión —transversales,  según se afirma— de la política cultural.

25 de agosto de 2019.