¿Y el Programa Sectorial de Cultura?

La Secretaría de Cultura aún no ha dado a conocer su programa sectorial, pese a que está obligada a hacerlo por la Ley de Planeación. El plazo se cumplió hace un mes. (Foto: Instagram de @culturamx).

Como publicó en su momento Paso Libre, hace un mes se venció el plazo señalado por la Ley de Planeación para la presentación de los programas de las diversas entidades del sector público. Sin embargo, no hay hasta la fecha ninguna comunicación al respecto por parte de la Secretaría de Cultura (SC) y de muchas otras secretarías del gobierno federal. Algunos supimos que estaba en discusión el mencionado programa en el seno de la SC, pero no existe, hasta el momento, un documento definitivo.

La mencionada Ley de Planeación establece que los programas de las secretarías y entidades públicas serán el marco de referencia para “dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, (e) informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas” (art. 8). Así mismo, los programas de las diversas entidades son indispensables para la propia gestión del gobierno federal. El contenido de la Cuenta Pública federal, por ejemplo, deberá tener vínculos con el programa nacional y los programas sectoriales (art. 6), y el propio seguimiento que deberá hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la gestión gubernamental tendrá en cuenta, entre otras bases, los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas (art. 9). En otros términos, la planificación tiene un sentido de rendición de cuentas que se concreta en los informes anuales de las dependencias y en la propia gestión interna del gobierno federal.

Adicionalmente, la elaboración de los planes sectoriales tiene varios objetivos importantes. El primario es el conocimiento del estado que guarda el sector del que son  responsables la o las dependencias involucradas, es decir, según establece el artículo 26 bis, debe contener un diagnóstico general sobre los problemas a atender, los objetivos específicos, las estrategias para ejecutar las acciones, las líneas de acción que apoyen la implementación de las acciones y los “indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos”. Por lo tanto, el plan tiene un sentido de conocimiento, priorización de problemas y acciones, y evaluación.

Hasta aquí no hay nada nuevo sobre el tema, aunque es pertinente insistir en la especificidad del campo de la cultura. Un sector tan variable como el cultural impone atender los cambios que vive con políticas ad hoc. El diagnóstico, que tiene un sentido de conocimiento y selección de problemas, exige a su vez soluciones a los temas emergentes o nuevas rutas para atender los viejos asuntos de la cultura. En otras palabras: la política cultural tiene un importante sesgo innovador. También supone la definición de las diversas responsabilidades de los agentes sociales, tanto más porque el sector cultural, que aporta el 3.2 por ciento del PIB, abarca acciones muy diversas que el Estado debe conocer, alentar y fortalecer. Por último, los planes sectoriales conllevan la definición de una visión de futuro que obligatoriamente debe ser compartida a toda la sociedad.

Es cierto que la planeación en nuestro país ha adolecido de un exceso de retórica y de poco seguimiento. Los planes, pueden pensar muchos, no son importantes porque no se cumplen, solo generan buena conciencia en los responsables de las políticas públicas pero impactan muy poco a los actores reales que viven y enfrentan los problemas. Sin embargo, quisiera en este momento defender el sentido político y social de la planeación y tratar de eludir la crítica purista de que solo es un proceso tecnocrático: la sociedad reclama diagnósticos y priorizaciones. Exige también la definición de políticas de corresponsabilidad, tanto más porque se supone que la planeación es un ejercicio democrático. Es el único instrumento legal para evaluar la acción del gobierno, desde la definición de los presupuestos anuales hasta su puesta en operación. Implica autocrítica y evaluación, así como la construcción de una imagen de futuro que debe ser compartida por la sociedad.

Quisiera suponer que en algún momento se dará a conocer el Programa Sectorial de Cultura, pero, sobre todo, que este será un ejercicio serio de conocimiento, innovación y corresponsabilidad pública.

nivon.bolan@gmail.com

19 de febrero de 2020.

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