Me tocó participar activamente en aquella negociación. Si no mal recuerdo era el Invierno del 2008, pues el intenso frío en Ixtapan de la Sal, sede del encuentro, calaba hondo en los huesos. El clima era propicio para una encerrona de dos días, donde los responsables del ámbito cultural de la federación, junto con los titulares de cultura de los estados y los diputados federales de la Comisión de Cultura, nos dimos cita en aquella Reunión Nacional de Cultura.
Como titular de la secretaría de Cultura de Oaxaca tenía también la encomienda de representar al gobernador del Estado, Ulises Ruiz, quien presidía la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). El diálogo era circular y fluído. Sergio Vela estaba al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); de la Comisión de Cultura de la cámara baja recuerdo a Emilio Ulloa, Beatriz Pagés y Alfonso Suárez del Real. Sin distingos partidistas, los titulares de los organismos culturales de las entidades participábamos activamente; menciono, para evitar omisiones, a Agustín Gasca, del Estado de México, anfitrión de aquella reunión, Jorge Carrera que, como titular de cultura de Chihuahua, representaba la vicecoordinación de la Comisión de Cultura de la CONAGO y Marta Ketchum de Morelos, quien lamentablemente ya no está con nosotros.
El espíritu por fortalecer un auténtico federalismo era latente no sólo en las reuniones nacionales de cultura, sino en otros espacios, como la Comisión de Cultura de la CONAGO y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Las premisas que se sostenían entonces eran la capacidad técnica de los estados para administrar los presupuestos asignados y la convicción por darle relevancia al papel de las instancias culturales de las entidades en la gestión, pues éstas tienen el contacto más cercano con las comunidades culturales y artísticas y, por lo tanto, mayor pulso sobre las demandas locales.
En ese contexto se dio un paso crucial para el fortalecimiento del federalismo cultural, con el surgimiento del piso de 30 millones de pesos destinados a cada estado. Y se trataba de un piso, puesto que se abría la posibilidad para que las entidades presentaran proyectos espacíficos para acceder a más recursos. En el caso de Oaxaca aquellos fondos sirvieron para incrementar la oferta cultural durante todo julio, mes de la Guelaguetza; instaurar un festival en mayo para apoyar al mercado cultural local, justo en el mes de menor ocupación hotelera. Asimismo, para el mejoramiento de la infraestructura cultural; entre los espacios beneficiados estuvo el bello Teatro Alcalá, la Casa de la Cultura Oaxaqueña, la icónica Casa de la Cultura de Juchitán y la edificación de la sede del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO).
A la par de aquellos pisos presupuestales, las entidades, los municipios y las asociaciones civiles podían acceder a los llamados “proyectos etiquetados”. En Oaxaca, por ejemplo, a través de ese mecanismo se obtuvieron recursos para edificar la nueva Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la primera etapa de la edificación del Museo Regional de Tuxtepec, la sala de conservación del Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Festival Instrumenta Oaxaca, entre otros proyectos icónicos de la oferta cultural del estado.
Además de los presupuestos destinados a las entidades mediante el piso de 30 millones y los proyectos etiquetados, en la época que tuve la responsabilidad de encabezar la secretaría de Cultura, que se prolongó hasta la administración del gobernador Gabino Cué, existía un menú de fondos mixtos para distintos rubros del sector cultural. Estas partidas iban dirigidas a apoyar la infraestructura cultural, festivales artísticos, becas y estímulos a la creación, fondos regionales y apoyos a las culturas originarias. Se trata de los llamados Paripasus, mediante los cuales se da una participación equitativa entre la federación y los estados y en algunos casos los municipios.
Entiendo que muchos de estos fondos o bien han desaparecido o han mermado sustancialmente y el esquema para acceder a los que aún quedan es directamente a través de la federación. Es decir, el papel de las instituciones culturales de los estados ha dejado de tener la capacidad de gestión que anteriormente tuvo, en detrimento del federalismo en materia de cultura.
Por poner un ejemplo, en el caso de Oaxaca fue relevante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Se trató de un fondo que no sólo obtenía recursos federales, estatales y municipales, sino que en un hecho sin precedentes, gracias a la generosidad de Don Alfredo Harp Helú, quien a través de su fundación destinaba aportaciones paritarias al fondo, PACMYC se volvió tetrapartita y la bolsa para atender la demanda de proyectos provenientes de las culturas locales fue sustantiva. Gracias al PACMYC pudieron apoyarse a cocineras comunitarias, artesanos a través de la compra de hornos o telares de cintura, tórculos, instrumentos musicales para las bandas de viento, entre tantos otros destinos que marcaron un aliciente para las culturas comunitarias.
Es cierto que la salvaguarda del patrimonio material es de competencia federal, pero también lo es que ésta no puede transitar sola en ese sendero, pues la dimensión de nuestra riqueza cultural es abismal. De tal manera es necesaria la concurrencia con los estados, e incluso un papel activo de los municipios, comunidades originarias, creadores y sociedad civil. La política cultural en México venía construyéndose en tal sentido y hoy cabe valorar su pertinencia nuevamente.
