octubre 4, 2022
Los PILARES de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se anunciaron a finales de noviembre de 2018. (Fotografía Agencia Notimex, tomada de elsoldemexico.com.mx).

 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el apartado dedicado a la cultura de su Programa de Gobierno, enfatiza la construcción colectiva de la cultura cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria para extender los derechos culturales y la diversidad.

El subapartado 4.1, se dedica a la cultura comunitaria —alineándose con ello al Plan Nacional de Desarrollo— misma que se empleará para “la construcción de esquemas de intervención y procesos colaborativos que permitan vincular proyectos de base social y crear las condiciones para que las comunidades se favorezcan y ejerzan sus capacidades creativas y críticas, en condiciones de equidad, confianza y transparencia” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019a, 155). Algunas de sus acciones se orientan al ejercicio de los derechos culturales a través de la participación y la creatividad de las comunidades, la organización eficaz del potencial cultural existente, la promoción de modelos culturales, flexibles y diversos de intervención, articulados en red y con fuertes vínculos con las comunidades. (Ibid).

En este marco, los derechos culturales se vinculan al desarrollo comunitario y explican de que forma la educación puede proveer elementos para el cumplimiento de los objetivos planteados. En este esquema, fue que en 2018 presentó el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), como centros comunitarios dirigidos a jóvenes de las 16 alcaldías, en zonas en condiciones de vulnerabilidad o marginación, que por alguna razón dejaron la escuela y se acercaron a prácticas delictivas por no tener otras opciones.

El programa inicia el trabajo en conjunto con diversas instancias o instituciones de educación pública y privada, con el fin de atender a ese sector de la población con una perspectiva integral conformada por la disminución del rezago educativo, la contribución a la autonomía económica de las mujeres, el desarrollo de capacidades artísticas, así como la promoción de actividades recreativas y deportivas.

El plan global inicial planteó que, con una inversión de 2,000 millones de pesos para 300 PILARES, se acercaría la educación, deporte y cultura a 700,000 personas. La intención era que en 2019 hubiese por lo menos 200 Pilares. Los primeros 500 millones de pesos estarían destinados para construir o acondicionar espacios para estos centros; 220 millones en becas para promotores educativos y de la economía social, 120 millones para promotores y talleristas de cultura y alrededor de 60 millones de pesos para promotores deportivos. (Yáñez, 2018).

En contraste, el resumen ejecutivo del Informe de Gobierno, que abarca hasta septiembre de 2019, dice a la letra “ya están en funcionamiento 52 PILARES y, al término de este año, tendremos 150 ubicados en barrios, colonias y pueblos con los menores índices de desarrollo social, altos indicadores de violencia y mayor presencia de jóvenes con estudios incompletos” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019b, 31).

 

Un crecimiento en apariencia sostenido. Levantando PILARES a la mayor velocidad para cumplir la promesa. (Imagen tomada de @GobCDM 3 de agosto 2019).

 

En el Segundo Informe, se reporta al 31 de diciembre de 2019, que “se alcanzó 100% del avance en la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de 150. Durante el año 2020, se contempla la entrega de otros 110”. Para febrero de dicho año, la Jefa de Gobierno indicó que “se reporta un avance global de 66% de los 300 PILARES, cuya inversión es de 1,875 millones de pesos, de los cuales, 384 millones se están destinando para este 2021”. (Ayala, 2021).

Advertimos que el lento avance podría justificarse por la situación económica derivada de la pandemia, sin embargo, las intenciones iniciales y los resultados antes de febrero de 2020 no fueron los esperados. En cuanto a la atención a las personas, el mismo documento determina una cifra de 595,852 personas para finales de 2019; a pesar de ello, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) indicó que sólo se comprobó la atención a 149,477 personas.

Vistas a otras estructuras

En el periodo de contingencia sanitaria, la cifra oficial fue de 481,755 en el primer trimestre del año de forma presencial a 296,662 y de abril a julio en línea 185,093. Números inestables tanto para infraestructura como para el número de personas atendidas según las metas, que no corresponden al cronograma planteado ni al presupuesto, asunto al que se debe prestar debida atención.

Otro asunto de interés es que no se hace hincapié en los aspectos cualitativos resultantes de las acciones desarrolladas. Por ejemplo, en ese mismo informe se menciona que “se contribuyó a reducir la brecha de desigualdad social en la ciudad” sin mayor explicación o marco de referencia más allá de lo numérico, lo cual parece extraño pues existen datos de ese tipo, producto de una evaluación al programa por parte del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México de 2019 que, por cierto, es el único hasta la fecha.

Cabe preguntarse las razones de tal ejercicio, ya que someter a valoraciones críticas los resultados obtenidos en programas de carácter sociocultural obliga a tomarlos en cuenta como “enseñanza metodológica para saber comportarse en el ámbito concreto que nunca es igual al de otros casos” (Macías, 2010, 67) especialmente, porque cada uno de los centros comunitarios se encuentran en zonas con distintas condiciones.

 

El 30 de abril de 2020, Reporte Índigo valora el impacto del cierre de los PILARES por la emergencia sanitaria del coronavirus. (Imagen tomada de reporteindigo.com).

 

Lo anterior se confirma con la implementación de la estrategia de atención integral llamada 333 colonias, pueblos y barrios, que inició el 23 de abril de ese mismo año, teniendo por objetivo “disminuir la violencia, mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de las y los habitantes en colonias donde se observan altos índices de vulnerabilidad, de violencia y comisión de delitos, y bajos índices de desarrollo social” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019b, 45).

Incluso, se enfatiza el uso de las asambleas vecinales para identificar las necesidades de cada colonia y así definir los programas o acciones a realizar. En este sentido, es preciso señalar que lo esencial de la evaluación de las actividades comunitarias es que pasen por su participación, su incidencia y su recepción, si lo que se busca con este programa es intervenir para mejorar una problemática social, es lógico que el resultado de sus actuaciones debiera ser valorado por las personas a las que se dirige. En el documento realizado por el Consejo, se advierte que “las formas de evaluación deben de ser de tipo participativas, es decir, adecuadas al modelo de autogestión que el Programa ha emprendido” (Arzate 564) ya que se hacen al interior de los centros comunitarios.

Mismo caso en cuanto a la planeación de actividades, “el modelo de la propuesta es siempre el mismo; está dirigido por la subdirección de Autonomía Económica y la de Ciberescuela” (Ibidem, 545). Si la cultura comunitaria la han definido como el “conjunto de iniciativas locales con el objetivo de expresar identidades, preocupaciones e ideas a través del arte y la cultura, al mismo tiempo que se construyen capacidades culturales y se contribuye al cambio social” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019a, 104) entonces, es necesario superar la noción de comunidad como el espacio físico en que se generan consecuencias operativas, para asumir a la comunidad desde una perspectiva centrada en captar un tipo específico de relación social entre las personas y grupos humanos y, de este modo, “propiciar la unión, el encuentro, el compromiso con una causa común, para que ello se traduzca en una vida mejor” (Durán Castellón, Ginley et al, 2019, 5).

La lectura de los números presentados dista de ser optimista y más lejos está la evaluación cualitativa, pues entre sus observaciones está que la gratuidad de todas las actividades y las becas que los PILARES ofrecen son el factor principal que explica su aceptación por parte de los usuarios y vecinos. Por otro lado, que la formación de los docentes en Ciberescuela “no es unitaria, hay de todas las profesiones […] el principal problema es que pocos cuentan con formación pedagógica o docente” (Arzate, 583).

A esto se suma que la convocatoria para trabajar en los centros, que publican en su página oficial, presenta requisitos básicos como la mayoría de edad, interés en el trabajo comunitario, empatía, así como el conocimiento o vínculo donde se encuentran los PILARES. Se ofrece capacitación a los y las promotoras en un curso cuyos contenidos se enfocan en cuatro aspectos: Contexto, en Comunidad, de los Jóvenes y Mujeres, y a través de la Diversidad, “con la finalidad de educar de una mayor y mejor manera a la sociedad” y para que sean constructores de paz y acceso al menos a una orientación cívica y social. Cuestiones que difícilmente se pueden lograr con una escueta formación.

 

Convivencias y formación detenidas por la pandemia. (Imagen tomada de pilares.cdmx.mx)

Sin análisis, sin destino

La implementación de los programas gubernamentales requiere de una constante revisión y matización de sus acciones y una red de colaboración y comunicación continua que permita una observación precisa acerca de las necesidades de la población para construir comunidad a partir de sus potencialidades endógenas, e igual de importante observar que, en la educación comunitaria, “antes de tratar de enseñar alguna cosa, es requisito cerciorarse de que el nuevo conocimiento cubra una necesidad”. (Macías, 2010, 64).

Otro punto relevante para la reflexión es la recomendación, del estudio antes citado, que se refiere a la importancia de que “el Programa incluya dentro de su quehacer los valores y conceptos de democracia y ciudadanía, sin los cuales la idea de comunidad está incompleta” (Arzate, 588). No se debe obviar que las prácticas de la educación comunitaria también son vías para la práctica de la democracia y la ciudadanía, ya que está relacionada con lo común de la ciudad y de sus espacios, con lugares compartidos por los ciudadanos.

La educación y la ciudadanía revelan su relación en la posibilidad de pertenencia y con ello “la posibilidad de construir identidad reconociendo su derecho al ejercicio de la representación en lo público y la capacidad para acceder a lo común humano entendido como valor”. (Ytarte, 2007,181).

El 7 de enero de este 2021, el programa es galardonado con el premio Construir la igualdad 2020, distinción anual del Centro Internacional para los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO) con el que se reconoce y visibiliza políticas locales inclusivas en América Latina y el Caribe, por considerarla una propuesta muy completa en términos de infraestructura y cobertura, con una base territorial expandida.

Para seleccionar a las políticas ganadoras, se tuvo en cuenta aspectos como la innovación, la relevancia local y regional y los resultados obtenidos. No obstante, en la revisión de los criterios de evaluación, se encuentran aspectos que más parecen autolegitimación que un verdadero análisis, por ejemplo, “la evaluación se realizará exclusivamente a partir de la información que sea suministrada en la postulación”, datos que, como se ha recalcado, no son de lo más fiables. Así también se indica “participación social y transversalidad”, la primera, que no está considerada en sus modos de operar y, la segunda, que cubre en parte por la articulación interinstitucional, no así en las necesidades locales integrales. Y, entre otros, un rubro difícil de cumplir en un país cuya costumbre gubernamental es “borrón y cuenta nueva” en cada cambio de administración.

Todo lo anterior muestra que habrá que cuestionar y trabajar en el cómo, más allá del qué y del cuánto, renovar la mirada sobre los aspectos cualitativos de las políticas públicas de este programa que abarca, aparentemente, de forma integral las necesidades de sitios con bajos índices de desarrollo social. Es recomendable considerar que lo hasta ahora mal llamado comunitario, es multidimensional y complejo, un proceso de participación que se construye y refuerza en el largo plazo. En estas condiciones, una insignia otorgada por un organismo supranacional, al cual se ha pertenecido desde sus inicios, no significa nada.

 

Sheinbaum y los pilares de su gestión: de la noche triste a la noche victoriosa. (Imagen tomada de @CulturaCiudadMx 30 de junio de 2020).

 


 

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