Lo único bueno que contiene la iniciativa prodoblaje que presentó el senador Martí Batres es su intención de poner en contacto a los pueblos originarios con el cine mexicano. Esto en cumplimiento del derecho a la cultura plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución y de las promesas de campaña de la Cuarta Transformación.
En la Constitución se establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.
Sin embargo, esta noble y justa intención de integración y disfrute será muy difícil de llevar a la práctica en los términos presentados, sobre todo, sin un más que noble aumento de presupuesto al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), incremento que iría en sentido contrario a la política de recortes que ha seguido la 4T en sus primeros quince meses de gobierno, a los que habrá que añadir los que sufriremos próximamente debido a los efectos provocados por la caída de los precios del petróleo y la inminente crisis mundial del capitalismo.
La cultura popular nos dice que “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”, y de entrada la iniciativa es inviable porque sus redactores —Anda/actores de doblaje y Martí— desconocen el impacto económico y social que tendrá su propuesta en la industria del cine y en los presupuestos estatales, más bien sus palabras parecen estar redactadas como una fórmula demagógica para ganar algunas simpatías entre el alud de reproches suscitado con su propuesta. [1]
La teoría
En el punto ocho de la iniciativa presentada por Batres se propone: “Garantizar que el material exhibido en salas, cuyo idioma original sea distinto al español, cuente siempre con una opción doblada a este y otra a lenguas indígenas mexicanas, que se exhiban en salas al mismo tiempo que la versión en su idioma original, siempre respetando el porcentaje de exhibición en salas de cine nacional y posibilitando la libre elección del espectador a disfrutar del cine en el idioma de su preferencia. Además, se ampliará con esto la inclusión de las minorías hablantes de lenguas indígenas” en atención a lo dispuesto en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La realidad
En el 2019 se registró la cifra de 7,619 pantallas distribuidas en 850 complejos cinematográficos, concentrados en solo 218 municipios del país. El promedio por complejo fílmico es de nueve pantallas.
Como es de sobra conocido, en el neoliberalismo las empresas privadas no invirtieron en las zonas sin poder adquisitivo, ya que no podrían recuperar su inversión. Desgraciadamente, en estos sitios es donde habitan los pueblos originarios, por lo que es obligación del gobierno subsanar las carencias de este tipo de servicio y atenderlos para que la democracia sea una forma de vida y no solo un ejercicio electoral.
Actualmente no existen salas de cine en más de 2,000 municipios del país, y hay que tener presente que la mayoría de los indígenas viven en parajes o pequeñas rancherías, y únicamente acuden a las cabeceras municipales los domingos o días de mercado. Las funciones en las que se exhibiría el cine doblado a su lengua tendrían que ser matutinas, ya que tienen que regresar antes del anochecer a sus hogares.
Por otra parte, cuando los habitantes originarios viven en ciudades como migrantes temporales o definitivos, debido al alto costo del boleto no asisten a las salas de cine. Los sábados y los domingos, días en los que podrían ir sin faltar a su trabajo, el precio promedio de entrada es de 90 pesos por persona en salas tradicionales, y este se eleva hasta 160 pesos en las salas VIP. ¿Cuántos pueden gastar entre 400 y 700 pesos para asistir a ver una cinta con su familia?
De acuerdo con diversas investigaciones de la economista Mariana Cerrilla, se discrimina de esta diversión al 82 por ciento de la población nacional. Para incluir a los pueblos originarios y ponerlos en contacto con nuestro cine o con el internacional, primero habría que elevar su poder adquisitivo (difícil), luego establecer un plan de inversión para crear salas en los municipios que carecen de cines (mas difícil) y dotarlos de energía eléctrica (dificilísimo), y solo después, dedicar el presupuesto necesario para doblar unas 60 cintas al año a cualquiera de las 69 lenguas originarias. ¡Hagan cuentas de la inversión requerida!
Además, se abrirían interrogantes como: ¿Quién seleccionaría las cintas? ¿Serían películas nacionales o extranjeras? ¿Buscarían reforzar la identidad de los pueblos indígenas o los asimilarían a la cultura dominante y colonizada del resto del país? ¿Qué tipo de material se necesitaría para cumplir con la obligación de mantener y acrecentar “la conciencia de su identidad indígena”?
Urge saber: ¿Cómo “impulsarán el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación”? ¿Exhibiéndoles cintas dobladas a su idioma mientras el contenido audiovisual refleja las formas de ser y pensar de otras sociedades con prácticas muy diferentes a sus usos y costumbres? Dicen los que saben que, en realidad, esto último se logra impulsando un discurso propio que se exprese en una producción fílmica creada por las mismas comunidades y no exhibiéndoles películas extranjeras o nacionales dobladas.
Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en el 2019 se estrenaron 464 largometrajes, es decir, se estrenaron nueve cintas a la semana en complejos con nueve pantallas en promedio. Proponer que al mismo tiempo se programen copias subtituladas y dobladas, así como una en la lengua dominante de la región, es reducir las posibilidades de la explotación para nuestro cine, ya que se incrementaría la presencia de cintas estadounidenses y por lo tanto se reducirían los posibles ingresos tanto de las cintas mexicanas como de las empresas de exhibición. ¿Cuál sería el índice de asistencia en cintas dobladas a una lengua originaria? ¿Cuál en las copias subtituladas? ¿Cuál en las dobladas al español?
Actualmente, el cine mexicano enfrenta una competencia desleal y ruinosa debido a las malas prácticas de las empresas estadounidenses agrupadas en la Motion Picture Association of America (MPAA) [2], solapadas por las omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor. ¡Llevan años sin hacer nada al respecto!
En el 2018, la MPAA estrenó cada una de sus 85 cintas en 1,970 pantallas en promedio; es decir, ocuparon el 27.72 por ciento del total de las salas existentes en el país con cada estreno. Algunas fueron copias subtituladas y otras dobladas. Ahora, ¿cuántas pantallas más acapararán con la ley propuesta?
En ese año se estrenaron 113 películas mexicanas [3], utilizando 316 pantallas por título en promedio; sin embargo, la cifra es engañosa, ya que solo 56 filmes mexicanos en promedio alcanzaron a exhibirse en distintos estados. [4] Esto significa que 57 cintas solo se vieron en la Ciudad de México; si a esto se agrega que en ese año se produjeron 186 largometrajes nacionales, el total de películas que no se estrenaron comercialmente en los diversos estados del país se incrementa hasta el escalofriante número de 130. Cintas que no podrán recuperar su inversión por no contar con pantallas disponibles.
De las 56 películas que se estrenaron a nivel nacional, 18 acapararon el 85 por ciento de las pantallas que se le dieron a nuestro cine, quedando las 95 producciones restantes con un miserable número de 62 pantallas por título. Imagínense la reducción que sufrirán al duplicarse la exhibición de títulos extranjeros con copias dobladas y subtituladas.
De acuerdo con distintas investigaciones, nuestras películas ocupan entre el 3 y el 4 por ciento del total de las funciones y pantallas del país. ¿Qué posibilidad real tendrá el cine mexicano de recuperar las inversiones si actualmente solo el 27.61 por ciento de las cintas pueden lograrlo? ¿Seguiremos educando al público nacional con cintas extranjeras? Agregando ahora a los más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, y de los que 7 millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas originarias que existen en México. [5]
Los redactores de la propuesta legislativa tendrían que saber que las salas de cine tienen muy claras las preferencias de su público. Un ejemplo es Cinemex Altavista, donde los espectadores aborrecen las cintas dobladas y los blockbusters, mientras que a los asistentes de los cines de Iztapalapa no les gustan las películas con subtítulos y adoran las cintas de franquicia. ¿Por qué imponerle al público acciones violatorias de sus derechos humanos? ¿Se trata de que las empresas de doblaje ganen más dinero junto con sus empleados y actores? ¿ El propósito es colonizarlos diariamente?
Ensayo del Imcine
Con el propósito de atender primero a los pobres y a los indígenas del país, el Imcine organizó una selección de seis películas para doblarlas al mixteco, náhuatl, maya, tseltal, zapoteco y huichol como parte de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales organizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). [6] Originalmente se trató de doblarlas en la forma tradicional, pero se encontraron con diversos problemas que incrementaron el costo, como el hecho de que los actores no hablaban bien las lenguas seleccionadas. Después se intentó integrar a miembros de diversas etnias, pero los resultados fueron lentos y caros. Se pasó de un gasto inicial del orden de los 300,000 pesos por cinta a cerca de un millón de pesos, por lo que la directora del Imcine, María Novaro, decidió proyectar las cintas con dos narradores en vivo, lo que bajó significativamente los costos. Ahora, para el 2020, la Muestra de Cine en Lenguas Indígenas se replicará en los 32 estados de la república con 268 funciones y se trasmitirá en la plataforma FilminLatino una semana de manera gratuita. Como se desprende de lo anterior, falta mucho para atender debidamente a las 62 lenguas restantes.
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales obliga en su articulo seis “a las instituciones del Estado (a) establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales”. ¿Cómo se logrará que los pueblos originarios accedan a lo mejor de nuestro cine? El artículo tres establece que las manifestaciones culturales son “inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa”. ¿En qué ayuda a su cumplimiento la iniciativa prodoblaje del senador Batres? ¿Podrá el senador obtener el presupuesto necesario y conseguir que su propuesta no sea una más de las muchas leyes que no se cumplen? Mejor sería que se impulsara una expresión cinematográfica indígena para que se sumara al concierto nacional de la creación llamada cine mexicano. Así todos saldríamos ganando y evitaríamos el retroceso que se pretende producir con la iniciativa presentada.
[1] Para mayor información, consultar: “Doblando al cine mexicano” y “¿Mano negra contra el cine mexicano?”, de Víctor Ugalde, en Paso Libre; “Gremio cinematográfico se debate entre el idioma y el doblaje”, de Estefani Castañeda Badillo (Crónica, 15 de febrero); “Intérpretes también rechazan la ley Batres de doblaje” y “No existe consenso en doblaje al español de películas extranjeras”, de Vicente Gutiérrez (El Economista, 5 y 16 de febrero).
[2] La Motion Picture Association of America (MPAA), fundada en 1922, es una organización sin ánimo de lucro con sede en los Estados Unidos constituida para velar por los intereses de los estudios cinematográficos. Sus miembros son Netflix y los cinco mayores estudios de Hollywood: Paramount Pictures (National Amusements), Sony Pictures (Sony), Universal Pictures (Comcast), Walt Disney Studios (The Walt Disney Company) y Warner Bros (AT&T). (Fuente: Wikipedia).
[3] Datos de ComScore y del Anuario Cinematográfico del Imcine 2018.
[4] Datos del Anuario Cinematográfico del Imcine 2018, elaborado por el Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas.
[5] Dato proporcionado por la directora general adjunta del Inali, Alma Rosa Espíndola Galicia, el 8 de febrero de 2019.
[6] Los títulos que se presentaron fueron: La tirisia de Jorge Pérez Solano, Café de Hatuey Viveros, La casa más grande del mundo de Lucía Carreras y Ana V. Bojórquez, El sembrador de Melissa Elizondo Moreno, Tío Yim de Luna Marán, y El sueño del Mara’akame de Federico Cecchetti.
Víctor Ugalde
Víctor Ugalde es guionista, director e investigador de cine. Coautor en las obras Anuario de la exhibición en México (Filmoteca, UNAM, 1984); Bye, bye, Lumiere (UdeG, 1994), ¿Yankees, Welcome?; Industrias Culturales y TLC (RMALC,2000); TLC, la otra conquista?; y TLCAN/Cultura ¿Lubricante o engrudo? (UAM/UANL, 2015). Además ha publicado en las revistas Cámara de CANACINE (Primera época), Estudios cinematográficos (del CUEC), Dicine, El Universo del Búho y Revista Toma, entre otras. Ha escrito o dirigido más de diez películas como El extensionista (1989/35 mm.), ¿Me permites matarte? (1992/35 mm.), Hoy no circula (1993/35 mm.), La prima (2018/HD) entre otras. Actualmente es Presidente del Observatorio Público Cinematográfico “Rafael E. Portas”.