El estado social benefactor y el Programa Sectorial de Cultura

En la entrega anterior expuse que el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador está definido como la búsqueda de un estado social-benefactor. Sin embargo, es importante establecer que el estado social-benefactor puede tener dos modalidades: la de un estado social-autoritario o la de un estado social-democrático.

El estado social-autoritario

Esta categoría tiene dos líneas de acción para reproducir su dominación:

• Requiere que las elecciones, en caso de que existan, no sean democráticas; esto es, el fraude y los vericuetos legales le permiten que tenga una cubierta democrática pero en el fondo no se accede a una verdadera alternancia en el gobierno de proyectos económicos y sociales que vayan en contra del orden establecido.
• Diseña e implementa políticas gubernamentales que brindan servicios y bienes a grandes grupos poblacionales, sobre todo a los más activos económica y políticamente, pero no necesariamente a toda la población (los excluidos, que se manifiestan políticamente, son reprimidos violentamente). Las políticas se definen de manera discrecional y no hay una participación relevante por parte de la sociedad. De ahí que se origina un clientelismo en que los grupos beneficiados generan derechos y prebendas que van consolidándose con el tiempo, lo que engendra grupos como sindicatos, organismos sociales o empresas del estado que se vuelven un lastre económica y socialmente para el país; pero que son los pilares intocables de apoyo del estado social-autoritario.

Como puede verse, lo que se describe como estado social-autoritario es el gobierno priista que se impuso en México después de la revolución y que gobernó durante todas las décadas del siglo XX. El partido y la clase política en el poder mantenían un alto presupuesto en gasto social y una férrea disciplina partidaria; a la vez que grandes fraudes consuetudinarios y una represión sin ambages a la oposición que le permitía un manejo del poder casi absoluto. Por ello, algunos teóricos definieron esta forma de gobierno como la de un estado social-autoritario de tipo monolítico.

El estado social demócrata-incluyente

Por otra parte, podemos mencionar el estado social demócrata-incluyente que se ha implementado en muchos países con éxito. Por ejemplo, los siempre mencionados países escandinavos, especialmente Suecia. También tiene dos líneas de acción que se contraponen a las del estado social-autoritario.

• Las elecciones son limpias y equitativas, en donde la participación ciudadana en la organización y el conteo de resultados es clara, transparente y confiable. A esto se le llama democracia electoral.
• Las políticas gubernamentales son fundamentalmente de carácter social y buscan beneficiar a la totalidad de la población, en especial a los grupos poblacionales más desprotegidos. Tienen como principal característica ser incluyentes y buscar la participación de la ciudadanía para su elaboración, implementación y evaluación. A esto se le llama democracia participativa.

Para tener un verdadero estado social democrático se requieren las dos premisas antes mencionadas: democracia electoral y democracia participativa.

Parece ser que a partir de la elección de AMLO como presidente se ha logrado en muchos aspectos, no sin visos todavía de fraude y manejo chapucero electoral, el primero de los puntos: democracia electoral. Treinta millones de mexicanos que votaron por López Obrador le dan una legitimidad de gobierno desde el punto de vista de la democratización nunca antes obtenida por ningún presidente en México. Ahora bien, lo importante es ver si durante su mandato se cumple el segundo de los puntos, ya que el primero se queda incompleto sin la existencia del otro.

Para que sea verdaderamente democrático e incluyente, el Programa Sectorial de Cultura del gobierno actual deberá contar con mecanismos eficaces de consulta y participación ciudadana de los grupos afectados por ella. Aquí uno de los semilleros creativos de artes escénicas de Tenancingo, Tlaxcala, que presentó en Nueva York la obra teatral Ipillwan Teolli, Las hijas del maíz, en el marco de las fiestas de la independencia mexicana.

El Programa Sectorial de Cultura

Si llevamos estos planteamientos al sector cultural tenemos que el principal elemento específico de política pública está contenido en el Programa Sectorial de Cultura, que como ya se ha comentado está en elaboración y en unos meses tendrá que ser presentado. Las características que deben tener las políticas públicas, y en este caso, el Programa Sectorial de Cultura, para que sean verdaderamente democráticas e incluyentes deben de tener las siguientes características:

1. Continuidad. Que exista una continuidad a través del tiempo y con independencia de los cambios de gobierno. Que esta continuidad no sea meramente formal, sino que implique la planeación sólida y participativa de los diferentes actores sociales en su elaboración. Además, que los planes y programas se diseñen para emprender acciones tanto de corto plazo como de mediano y largo alcance.
2. Legalidad. Por un lado, que cuente con algún sustento en la legislación y no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno. Sentar bases de funcionamiento en las que, más allá de los estilos y gustos personales, exista una lógica de programación estable y ajena a los vaivenes políticos coyunturales. Por otro lado, que la legislación de referencia haya sido creada a partir de mecanismos consensuados con la presencia y participación de los principales actores sociales.
3. Participación ciudadana. Que el público, en particular los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y en términos generales la acepten. Que hayan participado en forma directa o indirecta en su elaboración y que existan formas de consulta y participación para influir en la delineación de las principales rutas a seguir. En este sentido, es fundamental que el contexto de exigencia ciudadana tenga mecanismos claros de participación y mecanismos eficaces de consulta para la adecuada utilización y canalización de los recursos.
4. Coordinación. Que el estado, a través de varios de sus órganos, se involucre en su propuesta y formulación. Generar homogeneidad en todo el sector con la posibilidad de hacer políticas y programas que permitan una mejor planeación y organización. Que la intervención de las diferentes instancias gubernamentales esté coordinada y que estas tengan el propósito de lograr las metas y objetivos propuestos en vez de emprender intentos aislados y descoordinados con objeto de salvar canonjías o favorecer a intereses de grupo, ya sea en el nivel regional, el estatal o el nacional.
5. Relativa autonomía presupuestal. Que tenga un presupuesto propio, más allá de las fluctuaciones discrecionales del funcionario en turno, y que los recursos, sin importar las modificaciones presupuestarias y adecuaciones naturales por escasez o abundancia, se programen con realismo a fin de lograr al menos los objetivos mínimos propuestos.
6. Transparencia. Que exista alguna forma de rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables de aplicarla. Que la rendición de cuentas sea clara y pública, no un juego de galimatías donde la información es encubierta y distorsionada con objeto de esconder el manejo irracional o rapaz de los recursos.

La pregunta es: ¿Podrá realmente el gobierno de AMLO establecer políticas públicas que en su diseño, implementación y evaluación sean realmente de corte democrático, o simplemente será, como dicen muchos de sus detractores, el regreso al pasado en el que prevalecía la política social-autoritaria del gobierno priista?

En eso abundaré en la próxima entrega.

tomas.ejea@gmail.com

18 de septiembre de 2019.