HERMOSILLO. La forma que adquiere en el imaginario social la noción de “cultura” no constituye un asunto sólo académico o semántico –parafraseando la sentencia de Bonfil Batalla respecto a la definición de “indio”, trasladando a este plano el silogismo–; tal conceptualización constituye la base de un particular proceso de estructuración social que establece las distinciones socioeconómicas, políticas y, propiamente, culturales. Incluso, tal imaginario posee una condición de clase y una dimensión demográfico-cultural acotada.
Ante el desvarío conceptual propio del neoliberalismo, se diluye la necesaria distinción entre lo individual y lo comunitario, entre la monocromía y la pluralidad. Resulta por ello importante visualizar el escenario en el que convergen la llamada cultura oficial y los proyectos “independientes”.
La “alta cultura” no guarda en América, o en el desierto de Sonora, los mismos cánones que le han definido en Europa. En la región, clases dominantes comulgan con grupos y agentes amparados en la consigna de una cierta cultura –de presunta condición serrana y campirana– a la que se le concede una mayor estatura respecto a las que se designan inferiores. A partir de ello, se conciben las políticas culturales como la implementación de un concepto común a sus variados intereses, ejerciendo el recurso político-simbólico del poder identitario.
El bloque del aparato
El sector cultural oficial en Sonora se imbrica en el educativo, al ubicarse el Instituto Sonorense de Cultura en el marco de la Secretaría de Educación y Cultura. Normativamente, sustentan al sector y a otras dependencias vinculadas, la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado (2011) –cuyo antecedente es la Ley de Fomento de la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (2000)–; la Ley de Educación para el Estado de Sonora (de 1994, con reformas y adiciones entre 2004 y 2014) y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (2010). Indirectamente, se relacionan también leyes referentes a fomento a la lectura, espectáculos públicos, civilidad y valores, documentos históricos, etc.
Dos dimensiones deben considerarse para analizar la positivización del anterior marco normativo e institucional, una socio-espacial y otra temporal.
En el contexto nacional, los aparatos estatales han categorizado sus acciones en dos ámbitos: infraestructura (correspondiente con el aspecto socio-espacial) y eventos artísticos (eminente indicador de la temporalidad, al objetivar modelos específicos, en boga, de fomento cultural). Partiendo del supuesto de que edificar es lograr el desarrollo, en el medio urbano han aparecido construcciones que procuran un discurso estético-político. Por otra parte, la idea de que impulsar “la cultura” consiste en el despliegue escénico de las artes y las humanidades, conduce a la realización del fastuoso formato del “festival cultural”, distinguible de fiestas patronales y ferias tradicionales.
En Sonora, la dimensión de la infraestructura cultural dista de la propia de regiones de mayor desarrollo en el país. Sus espacios son básicamente los oficiales, con recientes sitios independientes, comunitarios y micro-empresariales. En el panorama de la oficialidad se detecta una condición dada por la historia contemporánea: mientras los gobiernos de Echeverría y López Portillo recurrieron a la edificación como contrapeso moral e ideológico de su “guerra sucia”, en Sonora tal cruzada cultural fue limitada. Así, la infraestructura se reduce a la creada en la década de 1980 –teniendo escasos antecedentes como el complejo Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora–, que en su mayoría se encuentra en un grave deterioro.
El Sistema de Información Cultural nos permite ver los distintos “recursos” que conforman la infraestructura. En el listado predominan: auditorios (50), casas y centros culturales (56), bibliotecas (48), bibliotecas DGB (147) y museos (30)[1].
Los espacios se registran en los municipios con mayor población, pero esta serie cartográfica muestra a la vez un sesgo etnocéntrico, tanto por la historia que definió tal panorama, como por su significación contemporánea. En el primer sentido, constituye la génesis del estereotipo del Sonora rurbano. En el presente, dicha infraestructura beneficia claramente a un tipo de localidad: aquella que es urbana o semi-urbanas, así como costera –agregándose por su nivel socioeconómico algunos pocos municipios fronterizos y/o serranos–. De esta manera, tanto los pueblos originarios como los municipios rurales quedan fuera de alcance.
Los museos son el único tipo de sitio que ha tenido un cierto desarrollo. Bajo esta condicionante, destaca una serie de logros específicos: existen museos que se han consolidado, como el Museo Costumbrista de Álamos y el Museo de los Yaquis (Cócorit); museos recientes y vigorosos, como el Museo Sonora en la Revolución (Cd. Obregón), y museos cuya museografía fue renovada por la actual administración del Instituto Sonorense de Cultura (ISC): Museo de la Lucha Obrera (Cananea) y Museo Comcáac (Bahía de Kino). En contraste, la carencia de recursos o la desatención han conllevado al rezago y al deterioro, siendo los casos más lamentables las bibliotecas municipales y rurales, el Museo Regional de la Universidad de Sonora y el Museo de Culturas Populares e Indígenas, ubicados en la capital.
A pesar de la pobreza de infraestructura, eventualmente han aparecido proyectos que pretenden paradójica y torpemente, una dimensión colosal. El gobierno priista de Ricardo Bours Castelo inició en 2007 la construcción en Hermosillo de un grandilocuente complejo cultural denominado Museo de Arte de Sonora (Musas). El conjunto consistiría en cinco edificaciones, pero únicamente se concluyeron tres; el museo de arte se encuentra en funcionamiento, y los otros dos edificios se entregaron a dependencias externas al sector cultural.
Otro caso de naturaleza faraónica lo representa el Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste, o Cineteca Sonora. El proyecto fue anunciado en enero de 2012, en tiempos del gobernador panista Guillermo Padrés. La obra inició ese mismo año sobre un edificio emblemático de Hermosillo, planteando modificaciones que le convertirían en una edificación mayor de sobremanera, para lo cual se invertirían 45.5 millones de pesos. La construcción permaneció en condición de “obra negra” de diciembre de 2018 a los primeros meses de 2021. Factores que el ISC señala como decisivos fueron inconsistencias del proyecto arquitectónico y la restricción presupuestal que sufrió el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Hasta el momento se han aplicado 80 millones 564 mil pesos, sin que se vislumbre la conclusión de la onerosa obra.
En la dimensión temporal, se advierte el carácter reciente tanto de los espacios como del marco que regula a la cultura. Al aparecer, previamente, desde tiempos de Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS) y del Programa Cultural de las Fronteras, ya se enfilaban las distintas dinámicas de la cultura en la región, fortaleciendo este nuevo contexto institucional a los incipientes grupos de poder. De esta forma surgió un conjunto heterogéneo en sus disciplinas y afín en sus intereses (Agrupación para las Bellas Artes, A.C.; Compañía Teatral del Norte, A.C.; Escritores de Sonora, A.C., etc.), que transitando entre los espacios institucionales, el teatro bar, foros escolares y sitios públicos, condujeron a los programas federales y estatales a una operatividad caracterizada por el desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado. La creación de la política de subvención conllevó al fortalecimiento de tal sector independiente, convirtiéndolo en el poder de facto[2].
Sinergia entre notables, discordia entre mortales
Atendiendo el rubro referente a la temporalidad, encontramos la sinergia con la que operan de forma imbricada la cultura oficial y la “independiente”. Conjugándose, se definen las designaciones gubernamentales, el diseño de las acciones y la operatividad de los programas. Un protocolo cíclico ubica a los mismos agentes culturales fungiendo como miembros de comités dictaminadores, consejos ciudadanos o responsables de proyecto.
A partir de los preceptos etnocéntricos que sustentan su existencia –dominantes también a nivel nacional–, las instituciones culturales organizan festivales (21 en el estado) que se nutren con la participación de artistas y grupos locales, que según el SIC son 316 y 63, respectivamente. Temerariamente a algunos de los festivales se les nombra “internacionales” (“Alfonso Ortiz Tirado”, “Kino”, “Fiestas del Pitic”, entre otros), y en estos, los actos estelares suelen destacar a figuras foráneas, tanto de otras entidades como de otros países.
Una disciplina que ha sido privilegiada sobre otras artes y campos humanísticos es la literatura, contándose con festivales literarios, que son independientes, así como ferias del libro, que conjugan iniciativas institucionales, comerciales e independientes.
Los diversos tipos de festival, basados en una acepción anacrónica de la cultura, exhiben una visión elitista no sólo de esta categoría, sino de la vida pública; se propicia una convivencia masiva más cercana a la kermés pueblerina –con todo y sus cantinas–, que a la formación humanística y a una benévola oferta recreativa. La masificación no implica un carácter popular; el arquetipo confirma el etnocentrismo y el clasismo de las localidades anfitrionas. La inclusión reciente de los pueblos originarios en los programas ha refrendado la segregación que en la vida cotidiana padecen, al folclorizarlos.
Sincronizados, los propósitos de ciudadanización, descentralización y austeridad omiten el hecho de que el proceso parte de visiones determinadas de la cultura, de la ciudadanía y del Estado; desde la era finisecular, este no resulta la congregación de los intereses colectivos, sino un medio para reafirmar la individualidad.
El proceso de descentralización conduce a este tipo de programas a la dependencia de las aportaciones presupuestales de las partes involucradas, condenándoles a la vulnerabilidad.
El único programa del gobierno mexicano que conservó el espíritu comunitario con el que fue concebido, fue el anteriormente llamado Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), originado en el plano federal y descentralizado con posterioridad, pero que ha corrido con el mismo destino de los de su generación. En 2021, con convocatoria abierta y aun con recepción de propuestas, la emisión anual fue cancelada en Sonora por ambos niveles de gobierno.
Durante la administración que próximamente concluye, la de Claudia Pavlovich, la táctica del gobierno estatal escudada en una necesaria “austeridad”, se tradujo no sólo en la decadencia de los espacios, sino en el trastocamiento organizacional, presupuestal y operativo de la institución cultural rectora. En tal situación se advirtió la disolución de su Coordinación General de Patrimonio Cultural, que comprendía una Coordinación de Museos, una de Bibliotecas y PC, y otra de Culturas Populares, prescindiéndose de tales dependencias, fusionándose en una sola. El precepto de la austeridad de la gobernadora Pavlovich revela en este redimensionamiento más que una medida administrativa, un claro menosprecio por, justamente, el patrimonio cultural.
A la par del paradigma liberal, regionalmente es innegable el impacto de la identidad sonorense etnocéntrica, inventada como ocurre en las sociedades regidas por la violencia simbólica, cuya consecuencia es la práctica hegemónica de la negación de la pluralidad. De ello se deriva una profusa problemática social. El poder identitario conlleva a agudos conflictos intraculturales e interculturales que al percibirse llanamente como asuntos de inseguridad pública, inequidad de género, precariedad económica, etc., no se asumen como flagelos que en la matriz de la cultura tendrían su resolución.
A la vista, más de lo mismo
El estilo de gobernanza cultural que se avecina en Sonora no habrá de tener un carácter exclusivamente regional, ni concretará un proyecto propio, pues corresponde en el primer ámbito con la política iniciada en la década de 1980 a nivel nacional, y en lo local, recaerá su conducción en el mismo grupo de poder, que no responde a una corriente con nomenclatura alguna, habiéndolas compartido todas. Se añade en este sentido el antecedente de gobiernos municipales emanados del partido político que ejercerá la gubernatura encabezada por Alfonso Durazo, que ya han puesto en práctica acciones culturales en el estado desde 2018.
El principal rasgo del neoliberalismo se ha apreciado igualmente en el sector cultural durante el actual gobierno federal y sus filiales: la subvención, que privilegia la individualidad –en detrimento de la vida comunitaria– y ejerce un férreo control administrativo. En el ámbito estatal, cabe una consideración más: la regionalización de tal inercia, añadiéndose el estereotipo hegemónico del Sonora rurbano.
El gobernador electo ha sostenido encuentros con la “comunidad cultural” en dos momentos: al ser candidato a senador, en 2018, y en la campaña de 2021. La grandilocuencia en proyectos urbano-arquitectónicos de carácter o incidencia cultural, como estandarte político, fue un rasgo de aquella campaña, en la que se anunció la creación de una gran escuela de cine en Guaymas –mientras en Hermosillo se encontraba en construcción aletargada la Cineteca Sonora–. Tres años después, se ha anunciado la creación de una universidad en Vícam, como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, coordinado por el INPI, que si bien es instancia federal, preserva la misma filiación.
Los documentos proselitistas expresan como propio el paradigma etnocéntrico y excluyente de la diversidad cultural, lo cual no plantea tanto un dilema moral, sino que refrenda las prácticas habituales en la administración pública, caracterizada por el desacato de normas mexicanas e internacionales que reconocen el carácter diverso de las expresiones culturales, y disponen el establecimiento de modelos de interculturalidad en salud, de salvaguardia del patrimonio cultural, y de procuración de los Objetivos de desarrollo sostenible, atravesados todos por la categoría de la cultura.
El anunciado propósito de un gobierno benévolo e incluyente, y la expectativa social de un estado pacificado, son contradichos por estrategias ya en curso, como el mencionado plan, que constituye una afrenta para la territorialidad tradicional al basarse en el prototipo occidental del desarrollo. Tales acciones u omisiones son incapaces de contener el proceso de desestructuración social, evidenciado en este caso por la lesionada autonomía yaqui.
Más allá, las problemáticas y conflictos insoslayables de Sonora se perciben en las precarias condiciones de vida del conjunto de los pueblos originarios, afectados por carencias como la del agua potable o de servicios de salud, o por los mismos proyectos gubernamentales –como la presa Los Pìlares, en territorio makurawe–; son atestiguados cotidianamente por todos los sectores sociales –los genuinos hacedores y receptores de la cultura–, vulnerados por la impunidad de la que gozan las organizaciones criminales en la costa, en los valles, en la sierra y en los arenales.
Ni lo que se es, ni la otredad, se advierten con una visión cercenada del mundo, que es diversidad, y esta, no es sólo folclor, sino sobre todo es persona, comunidad y dignidad. Sin tal previsión, toda refundación se perfila como un sueño, o como una insensatez.
