La saturación del cine estadounidense en las salas afecta a la industria nacional. En la imagen, cartel de la película Museo, dirigida por Alonso Ruizpalacios.

PND… o ¿simple resumen de buenas intenciones?

La saturación del cine estadounidense en las salas afecta a la industria nacional. En la imagen, cartel de la película Museo, dirigida por Alonso Ruizpalacios.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un resumen escrito, un tanto incompleto, de sus buenos propósitos platicados cotidianamente en sus conferencias mañaneras de los últimos 160 días.

Más que la presentación de un modelo sistemático de la futura actuación pública de la Cuarta Transformación, en la que se debería indicar dónde estamos y hacia dónde se quiere dirigir el modelo económico y social de la nación para obtener la transformación política del país en beneficio de todos, pero principalmente de “primero los pobres”, y así acabar “por fin” con el modelo neoliberal que nos devaluó cotidianamente desde hace más de 25 años, tanto en lo económico como en lo ideológico; es decir, más que un plan,  lo presentado fue un relanzamiento sintético de algunos de sus propósitos y objetivos generales, poco sustentados en la realidad, en los que no se indica de dónde se parte, qué se pretende alcanzar y, sobre todo, falta establecer cómo se piensan lograr los objetivos de la 4T. Se olvidaron en el camino, desgraciadamente, de gran parte de sus promesas de campaña. Sobre todo las del cine.

Para no desentonar con las administraciones anteriores, la cultura en el sexenio de AMLO ocupó un espacio mínimo en el PND: una página, de un total de 225 que contiene el documento.

En el resumen que se hizo público, la cultura está en el apartado “Cultura para la paz, para el bienestar y para todos”, mientras que en la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria se extiende hasta cuatro páginas en el Objetivo 2.9 que, a la letra, indica: “Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación”.

En “Cultura para la paz” se señala la necesidad de impulsar “… el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales, como la música, las artes plásticas, las letras y las artes escénicas”. No se menciona más que en un renglón a las industrias culturales como el cine, la televisión y las nuevas tecnologías de las OTT (Over The Top), que son grandes formadoras de identidad y cuya actividad productiva aporta más del 5 por ciento del PIB nacional.

Más adelante, el PND sostiene que “nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura”; sin embargo, los primeros actos de gobierno van justamente en sentido contrario de lo que se pretende. Sin presupuesto será difícil atender las necesidades de los 135 millones de habitantes del país.

Al igual que en otros rubros, el gobierno federal prioriza “una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país y en las comunidades indígenas que coadyuven a una expresión plural y multiétnica”. Desgraciadamente no toman en cuenta que, para cumplir con sus aspiraciones, lo que se necesita primero es capacitación y justo en este campo fue donde más se redujo el apoyo económico. Además, se tendría que crear la infraestructura que lo haga posible, pero sin recursos será inviable en términos reales.

En otro punto se plantea que los “recintos tradicionalmente consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y menos monopolizar la actividad cultural. Esta debe poblar los barrios y las comunidades y hacerse presente allí en donde es más necesaria, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva”. Buenos propósitos que muestran que no se conoce la realidad de la infraestructura que necesitan las industrias culturales para su comunicación pública.

En el Objetivo 2.9 se ofrecen datos del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura. Ahí se indica que “el país posee 1,373 museos, los cuales se encuentran en 574 municipios en los que habita 66 por ciento de la población nacional; las 1,996 casas y centros culturales se encuentran distribuidas en 1,152 municipios del país que representan 86 por ciento de la población; y los 675 teatros se encuentran distribuidos 119 en 208 municipios, cuya población corresponde al 49 por ciento”. Su meta es evitar la centralización, pero la realidad de la cultura audiovisual se empeña en contradecirlo.

De las 182 películas mexicanas que se produjeron en el 2018, solo el 18 por ciento llegaron a todos los estados de la República, pero aún más alarmante resulta el hecho de que solo el 56 por ciento de ellas fueron estrenadas en la Ciudad de México y su área conurbada. La situación se agrava si analizamos la distribución a nivel municipal. Tan solo se atienden 173 municipios y delegaciones con, al menos, una pantalla de cine comercial, lo que significa el 7.6 por ciento de las localidades del país.

Ninguna de las 33 películas nacionales estrenadas en México se exhibió en todos los municipios en los que existen pantallas de cine. Como se puede inferir de los datos anteriores, no existe una oferta real y constante de cine mexicano en las salas a lo largo del país, por lo que mucho menos se podrá cumplir con la intención de que “no deben centralizar y menos monopolizar la actividad cultural”.

Sin duda, el público debería de tener la opción de elegir si quiere ver cine nacional o no. Sin embargo, las prácticas de saturación de cintas estadounidenses con numerosas copias no le dejan muchas opciones al espectador ni forma de competir a las cinematografías del resto del mundo, mucho menos a la mexicana. Valga como ejemplo el estreno de Avengers Endgame el pasado 26 de abril, que acaparó 7 mil 11 pantallas de las 7 mil 186 existentes, es decir, ocupó el 97.56 por ciento del total y se programó en la totalidad de los complejos fílmicos de México.

Este tipo de prácticas, que se repiten una y otra vez en detrimento de la pluralidad cultural, arruina la intención del gobierno, como se consignó líneas arriba, de “promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural (…)”. Además, afecta económicamente a todas las cintas. Estas prácticas monopólicas deberían sancionarse por competencia ruinosa a las películas mexicanas, ya que se convierten en una amenaza de daño serio al sector productivo nacional, al reducir la recuperación de las inversiones realizadas por los empresarios mexicanos. De todo esto nada se menciona en el PND.

 

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