¿Que 20 años no es nada? Para el cine mexicano ha sido la vida

(Ilustración: Paso Libre).

Antecedentes 

En 1999 el cine mexicano vivía una de las peores épocas de su pasado reciente: Carlos Salinas de Gortari, Rafael Tovar y de Teresa y su equipo fílmico habían entregado al cine mexicano mediante la reforma a la ley de cine en 1992, que abrogó a su antecesora de 1952, misma que había impulsado la producción de más de 3,000 películas nacionales y posicionó en la cultura popular a nuestro cine entre los habitantes del país, del mundo hispano parlante y del mundo.
La reforma de ley de 1992 fue impulsada por los gobernantes neoliberales en turno con el fin de ajustar las leyes internas y colocarlas en concordancia con lo prometido para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y el GATT (siglas en inglés del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), transformado después en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los efectos inmediatos se vivieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde la producción fílmica cayó a sólo 16 largometrajes en promedio anual. El 60 por ciento de estos se produjeron con recursos estatales, mismos que se asignaban de forma discrecional entre los allegados y los cercanos al  poder. Ante la inexistencia de películas mexicanas, las miles de salas populares tuvieron que cerrar por falta de materiales. Cundió el desempleo y la desesperanza entre los cineastas y la penuria económica de los creadores fílmicos se volvió cosa de cada día, como cotidiana fue la presencia estadounidense en las pantallas de las salas multiplex que empezaron a colmar las grandes ciudades en las zonas de mayor poder adquisitivo en México. Se pasó entonces de un modelo de consumo popular por otro neoliberal de clase media. [1]
Ante tal desastre, las organizaciones sociales lideradas por la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) que encabezó su presidente José María Fernández Unsaín se acompañaron por las sociedades de autor como la Sociedad Mexicana de Directores (Somedire), la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM) y la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), entre otras; por los sindicatos fílmicos (Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana , STPC, y la sección 49 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, STIC) y por varias organizaciones no gubernamentales como la Sociedad de exalumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y la Federación de Cooperativas Cinematográficas y del Audiovisual (Fecinema).

Todos los colectivos decidieron impulsar una reforma de ley cinematográfica ciudadana que hiciera frente al uso y la costumbre de la verticalidad priista con su abrumadora presencia en el congreso, en donde todo se mayoriteaba a conveniencia y a voluntad del ejecutivo: la clase en el poder y sus corifeos burlándose una y otra vez.

Afortunadamente para México y sus artistas, en 1997 el Congreso legislativo recibió vientos de aire democrático, el PRI perdió la mayoría automática y le correspondió a la diputada y actriz María Rojo (PRD) encabezar la Comisión de Cultura y a  Javier Corral (PAN) la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Ambos contaron con el apoyo de los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Lázaro Cárdenas Batel, Beatriz Zavala Peniche, Jorge Durán Chávez, Marcelo Ebrard Casaubón, Francisco Arroyo Vieyra, Alejandro Ordorica, Gilberto López y Rivas, Angélica de la Peña, Jesús Ortega; y de los senadores Carlos Payán, Beatriz Paredes, Silvia Pinal, Ricardo García Cervantes, Rosa Albino Garavito y Enrique  Gonzalez Pedrero,  entre otros de la LXVII Legislatura, quienes tomaron la iniciativa como propia, la enriquecieron con la participación democrática de la comunidad  y después de intensos cabildeos lograron vencer la oposición de los senadores priistas como Silvia Hernández, María de los Ángeles Moreno, Carlos Romero Deschamps, Eduardo Andrade Sánchez, Elba Esther Gordillo y miembros del poder ejecutivo como Jorge Alcocer, Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, Guillermo Ortiz y un larguísimo etcétera de cepa neoliberal. María Rojo y Javier Corral la llevaron a buen puerto y el 5 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Una historia de 20 años de lucha

Gracias a este ordenamiento y a las lagunas existentes en la redacción del TLCAN, la comunidad fílmica -de manera conjunta con el poder legislativo y de algunos representantes del sector fílmico estatal que estuvieron al frente del Imcine como Diego López, Alejandro Pelayo, Alfredo Joskowicz y Marina Stavenhagen- logró revertir algunos de los desastres de las administraciones anteriores. Se crearon los fondos de cine (Foprocine y Fidecine) y se obtuvo el derecho de un peso por espectador que después se convertiría en el acreditamiento/estímulo de la ley del Impuesto sobre la Renta (Eficine artículos 226/189). Además se amplió el presupuesto para el Imcine, entre otros asuntos.

Entre 1999 y  2012 México firmó el Tratado sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales y se comprometió a crear políticas públicas para que los ciudadanos del país tuvieran acceso a la producción fílmica y a su circulación, lo que representa garantizar en los hechos la libertad de expresión de los mexicanos.

También se modificó el primer capítulo de la Constitución para garantizar los derechos humanos, culturales y económicos. Además, en estos tiempos el desarrollo tecnológico ha sido acelerado y el mundo se ha globalizado gracias a las nuevas tecnologías. Se pasó de un mundo analógico a otro digital; de la distribución física de los productos culturales como las películas  a la transmisión satelital de las mismas. Las redes nos acercaron y crearon nuevos modelos de negocio y de comunicación artística.

La ley de cine vigente cuenta con las herramientas necesarias para mantener e impulsar la recuperación y crecimiento de la producción cinematográfica tal y como puede apreciarse en los últimos años.

Sin embargo se ha visto rebasada poco a poco por los adelantos tecnológicos y la ha convertido en algunos casos en inoperante, lo que permite su violación cotidiana de manera flagrante. Valga como ejemplo la introducción de los negativos de películas en 35 mm -que antes era física- a la introducción de masters digitales de las cintas estadounidenses de las grandes trasnacionales de la comunicación, que ahora se transmiten por la red o por satélite.  Además las transnacionales ya no pagan impuestos por la importación temporal de los títulos que exhiben y transmiten en el país;  no existe  fracción arancelaria al respecto. Si antes era necesario pasar por la aduana una copia de 10 kilos de peso, ahora llegan por vía satélite sin control y sin el pago de impuestos correspondientes.

¡Urge actualizar la ley de cine y todos los ordenamientos transversales!

Se logró un sexenio a la alta a pesar de la violación del pacto de San José donde se prohíbe la retroactividad de los presupuestos en cultura. Al gobierno de Enrique Peña Nieto no le importó y los redujo año con año; sin embargo, el impulso social y los avances tecnológicos permitieron al sector ir a la alza.

El gran pendiente de los últimos gobiernos ha sido el de establecer políticas públicas exitosas para garantizar la circulación del imaginario mexicano y asegurar su contacto con los públicos del país y del mundo. En parte, porque la exigencia mínima de garantía de estreno en la ley vigente sólo es del 10 por ciento, debido a que cuando se aprobó por parte de la XVII Legislatura, la producción no superaba los 16 largometrajes al año, en promedio. Actualmente esta cifra es a todas luces insuficiente ya que en los últimos tres años el rango promedio de la producción supera los 97 largometrajes. [2]

Así, en la tan necesaria reforma fílmica habrá que extender la obligación hasta el 30 por ciento, límite superior que permite el TLCAN vigente, y llevarlo a todo tipo de transmisión de películas en televisión y mediante las plataformas digitales. De igual manera habrá que prever castigos por el incumplimiento de los transmisores y de los funcionarios públicos omisos. (Para más información, puede consultarse el artículo Competencia ruinosa que perjudica al cine mexicano).

Debido a esto y a la nueva realidad mundial del siglo XXI, es urgente y necesaria la reforma de la ley de la industria cinematográfica y la de telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de que refleje las nuevas prácticas de la distribución de las cintas en salas de cine, de televisión y en las plataformas digitales, además de otros puntos nodales que ya hemos reseñado en este portal.

La angustiosa realidad para el 2020

Justo cuando la Cuarta Transformación ha tomado el poder y ya pasó el año de capacitación de los funcionarios del área; justo cuando se ha sembrado la esperanza de la defensa de la soberanía nacional y la independencia política y económica, así como la independencia ideológica y cultural, Andrés Manuel López Obrador firmó el T-MEC que representa justamente lo contrario.

Previamente, el año pasado el Senado de la República aprobó el T-MEC en los términos que promovió el entreguista Enrique Peña Nieto sin escuchar los reclamos y las peticiones de la comunidad de la cultura, del cine y el audiovisual. En su oportunidad se nos informó que por instrucciones del Presidente de la República no podían modificar ninguna de sus cláusulas, pero con el propósito de ayudar en lo posible a nuestro cine, algunos senadores agregaron un considerando que podrá utilizarse en caso de que existan controversias o demandas en el rubro. Quienes apoyaron esta medida fueron Martí Batres, Héctor Vasconcelos, Susana Harp, y los cuatro senadores que dignamente votaron en contra del T-MEC: Jesusa Rodríguez, Ana Lilia Rivera y Nestora Salgado (del partido Morena) así como Emilio Álvarez Icaza (independiente).

Sin embargo, en el mes de diciembre y debido a las presiones de Estados Unidos se adecuaron temas como el del acero y el capítulo laboral. ¿Y el tema fundamental de las industrias culturales que aportan el 5 por ciento al PIB?  De eso, nada. Y  eso que coadyuvan a la formación de la identidad nacional e impulsan al turismo cultural.

Con el propósito de que no nos vuelva a suceder lo de hace 20 años con la firma del TLCAN, que la producción cinematográfica se derrumbe y el imaginario mexicano pase a ser propiedad de las transnacionales, urge que a principios del 2020 ya estén reformadas las leyes mencionadas. Esto, debido a que cuando los estadounidenses o los canadienses ratifiquen el T-MEC solo tendremos un máximo de 60 días para cualquier cambio en beneficio de nuestro cine.

Hay que recordar que este acuerdo “comercial” en realidad restringe la independencia política  de México pues establece que las leyes y otros ordenamientos que estén vigentes al momento de la ratificación, será el máximo posible para cada uno de los países, y si suceden cambios posteriores en beneficio de sus ciudadanos y en contra de los otros países firmantes, esto podría ser motivo de demandas por cambiar las condiciones de inversión que pueden provocar “perdida de expectativas de ganancia”.

La buena noticia

Por esto, resultó muy importante que en el 2019 se hayan iniciado las consultas para elaborar la posible reforma a la Ley de Cine convocada por la Comisión de Cultura y Cinematografía a través de su presidente Sergio Mayer. Desde hace varios meses han existido múltiples reuniones donde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y diversos grupos de la sociedad civil como los sindicatos fílmicos (STPC, la sección 49 del STIC, entre otros) han propuesto una serie de reformas en beneficio del cine mexicano.

La mala noticia

Mayer, tratando de hacer realidad la teoría del parlamento abierto que todavía no está debidamente legislado ni es vinculante, invitó a participar en la mesa de redacción a los representantes de las empresas estadounidenses de la Motion Picture Association of America (MPAA) cuyos intereses y propuestas afectan el desarrollo de nuestro cine y nuestra cultura. Su presencia fue duramente cuestionada desde los primeros días por todos y cada uno de los grupos de la sociedad civil pero Sergio Mayer los ignoró sin importarle que con este tipo de actos se viola la Constitución de la República y la soberanía e independencia del Congreso de la Unión. Solo los representantes de la Canacine y de los exhibidores avalaron aquella presencia.

El enfrentamiento de intereses entre creadores versus comerciantes siempre ha existido. Los gobiernos que nos antecedieron hasta 1992  apoyaron la posición que beneficiara la creación nacional frente a los intereses depredadores de los estadounidenses disfrazados de nacionales. El gobierno salinista fue el primero que benefició a los intereses de EU por sobre la expresión de  los artistas y creadores de México.

Hasta el día de hoy, uno de los puntos mas álgidos en las discusiones ha sido la garantía de estreno y la media de continuidad de los estrenos nacionales. Tanto la Canacine como la MPAA coinciden en que debe de conservarse el 10 por ciento establecido en la ley de 1999, en tanto que los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil sostienen que debería de ser el 30 por ciento, excepto la AMACC que también apoya el 10 por ciento vigente.

La discusión se antoja que va para largo pero si la 4T quiere cumplir con lo prometido por AMLO en su campaña electoral en el tema de impulsar al cine mexicano otorgándole hasta el 30 por ciento del tiempo de pantalla mediante la reforma de la Ley de Cine,  deberá de hacer una enmienda inmediata con una iniciativa preferente que sea presentada al pleno como un asunto de urgente y obvia resolución donde se proponga el siguiente cambio al artículo 19 de la Ley de Cine vigente que dice:

“Artículo 19. Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento”.

Este artículo debería quedar así:

“Artículo 19. Los exhibidores reservarán en sus respectivas salas cinematográficas el treinta por ciento del número de funciones por pantallas disponibles al momento en todas las entidades, municipios y alcaldías de la República Mexicana, para la proyección de cine mexicano, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. Toda película nacional se estrenará en salas de exhibición o transmisión o retransmisión cinematográfica, en formato cinematográfico analógico o dispositivos digitales o señales vía satélite, banda ancha o cualquier prototipo de innovación tecnológica que obre a este respecto, de cualquier película cinematográfica de largometraje por un período no inferior a una semana, todos los días en todos los horarios dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento”.

Si los resultados de asistencia en la exhibición cumplen una media de continuidad, la película deberá permanecer la semana siguiente en todos lo horarios, todos los días, toda la semana, y así mientras cumpla con la media de continuidad. (Los detalles y condiciones se establecerán en el Reglamento de la Ley).

El porcentaje de tiempo de sala al que se refiere el primer párrafo de este artículo debe ser observado de manera equitativa a lo largo del año, Y en ningún caso o temporada la proporción podrá ser menor.

Se establece como máximo de pantallas en el estreno y la corrida comercial completa de cualquier película cinematográfica de largometraje, el 10 por ciento en relación con el número de pantallas disponibles y en uso al momento en todos los estados, municipios y alcaldías de la República Mexicana, para su estreno y corrida comercial completa.

La cinematografía de una nación no podrá rebasar más del 50 por ciento del total de pantallas, cadenas cinematográficas y/o estados, municipios y alcaldías de la República Mexicana de manera simultánea. En el caso de las coproducciones se tomará la nacionalidad mayoritaria.

En el caso de la transmisión televisiva en cualquiera de sus modalidades o plataformas comerciales de exhibición de obras audiovisuales vía Video on Demand (VOD), Subscription Video On Demand (SVOD), Electronic Sell Through (EST), y todos aquellos medios electrónicos que permitan la carga permanente o temporal del contenido, así como otros conocidos y por conocerse, reservarán al menos el 30 por ciento de su catálogo al cine mexicano de calidad y de producción reciente.

Si se logra este cambio antes de la ratificación del T-MEC, el cine mexicano y el audiovisual tendrán un futuro brillante por 20 años o más. De suceder lo contrario y no hacerse nada al respecto,  la 4T formará parte de los enterradores de nuestra cinematografía y de un proyecto de nación independiente.

vicmanugal@hotmail.com

19 de diciembre de 2019.

Notas:

[1] Ugalde, V. “Jodidos y dependientes: 20 años de efectos del TLCAN en la industria cultural cinematográfica”, en TLCAN/Cultura ¿Lubricante o engrudo?, Grecu, UAM, UANL, México, 2015

[2] Esta cifra es menor a las publicadas en los anuarios de otros años. Se tomaron las cifras publicadas en el Anuario estadístico del cine mexicano del 2018.

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