MONTERREY. En 2015 el gobierno “ciudadano” de Jaime Rodríguez Calderón inauguró para la entidad neoleonesa un periodo caracterizado por las ocurrencias, los despropósitos discursivos y las promesas inalcanzables, falsas. En materia de cultura, presumió el total desconocimiento de parte del gobernador para con el sector y aun su desdén; tan poco le importaba, que acaso dejó que su cómplice de campaña, Fernando Elizondo Barragán, propusiera ahí a quien se le antojare: este capricho indisputable fue Ricardo Marcos González. Así se arregló un matrimonio por el que se reunieron El libro vaquero y ese divertimento burgués (kitsch) que significa la ópera.
Integrado por una presidencia, una secretaría técnica, doce vocalías elegidas representativamente por los gremios artísticos (artes plásticas, cine y fotografía, danza, literatura, música y teatro) y otras doce designadas de forma unilateral por el Ejecutivo, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) planteó desde sus orígenes, hace 25 años, la participación de las comunidades artísticas en la definición de la política cultural del estado, y como un contrapeso simétrico, equitativo, ante las vocalías estatales.
Ello, en un escenario donde la secretaría técnica estaba necesariamente impedida para ejercer el voto (a favor de mantener la equidad) y donde la presidencia ejecutiva sólo podía manifestar un voto de calidad en caso de empate entre aquellos 24 vocales (a favor de garantizar la resolutividad procedimental del Conarte). En todo el sexenio de Ricardo Marcos tanto él como su secretaria técnica Melissa Segura han ejercido voto: lo que significa que todas las resoluciones del Conarte en esta administración se han realizado vulnerando sistemáticamente la equidad del Consejo y desbalanceando de antemano la proporción que legitimaría el consenso del Consejo: no es poca cosa.
Estas actitudes antidemocráticas, entre otras muchas incidencias de un talante que por lo menos es antitético a lo virtuoso (algunas registradas en medios como Reporte Índigo; otras, denunciadas continuamente en redes sociales) y, más, a lo ciudadano, nos hacen preguntarnos qué es lo llevó hace poco al gobierno de Francia a premiar a González con la Orden de las Artes y las Letras, a menos de que todos los ya distinguidos han sido gente que se comporta de esas maneras e incurre en actos así.
Presentado al frente del organismo en conjunto con la hija de Javier Segura (antes titular de la extinta Dirección de Culturas Populares) como secretaria técnica, y con Alejandro Rodríguez como responsable de la Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural, en su primera declaración como presidente Marcos señaló: “Se requiere una institución mucho más cercana al público, a la ciudadanía, no tan burocratizada” (El Norte: diciembre 16, 2015), en acato del discurso ciudadano impostado por el gobernador. Los números, sin embargo, delatarían a Marcos: tan sólo en este 2021 su administración destinó alrededor del 70% del presupuesto a costear su aparato burocrático y menos del 30 a programas y proyectos (https://www.reporteindigo.com/reporte/conarte-la-cultura-del-derroche-de-nuevo-leon/).
En la entrada
Sin un Plan Estatal de Desarrollo ni, menos, un Plan Sectorial de Cultura, al inicio de 2016 Conarte presentó su denominada Planeación Estratégica: trece cuartillas en que aglutinó visión, objetivos generales, valores institucionales, políticas, líneas estratégicas y proyectos generales. De esos últimos se desprendieron “Santa Lucía Vive” y “Esferas Culturales”. El primero fue ocurrencia de una sola vez, se invirtió presupuesto y no se le dio más seguimiento. El segundo prometía “generar una serie de encuentros entre los ciudadanos a través de las expresiones artísticas y sus procesos creativos”.
Alejandro Rodríguez, responsable de Esferas, declaró que “no se tiene la idea de que la gente será el consumidor de los eventos, sino que son creadores y que se irán apropiando del recinto (Acta Ejecutiva de Acuerdos del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Vigésimo Novena Reunión Ordinaria, 22 de Junio de 2016). Ningún diagnóstico verificó tal condición. Desconocemos que esa apropiación de ciudadanía creativa haya ocurrido o que se hayan implementado los procedimientos para que eso hubiera podido suceder, ni cómo se evalúa el resultado o el fracaso de ese despligue de recursos e infraestructura al final del sexenio. Como rasgo de los vicios priístas que convenientemente así detenta esta gestión encabezada por gente cercana a los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, está el haber colocado una Esfera Cultural en el municipio de Galeana, donde no se la había proyectado, acaso para saldar el apoyo del Bronco, originario de ahí. Al cabo, no hay principios que los distingan.
Para mayo del mismo 2016, el Consejo Nuevo León, un organismo transexenal y consultivo integrado en su mayoría por agentes de la iniciativa privada, presentó su Plan Estratégico 2015-2030. En su apartado de Arte y cultura el Plan propuso como objetivo “garantizar el ejercicio de los derechos culturales para toda la población neoleonesa”, lo que se lograría a partir de cuatro ejes fundamentales: (1) patrimonio, (2) cultura y convivencia ciudadana, (3) educación y cultura y (4) economía creativa. Ambiciosa la tarea, reducidos los esfuerzos.
Llama la atención que quienes integraron la subcomisión de cultura en el Consejo Nuevo León fueran Carmen Junco (ex presidenta de Conarte 2009-2013, y vocal designada en el Conarte actual), Ricardo Marcos (presidente de Conarte en funciones), Magdalena Cárdenas García (directora de 3 Museos y ex titular de la Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural durante la gestión de Junco; además, vocal designada en el Conarte actual) y Melissa Segura (secretaria técnica en funciones), entre otras personas. Gran parte de los responsables de la evaluación y el diagnóstico son los mismos que operan el proyecto y administran los recursos públicos: difícilmente habría algo que corregir, mejorar, o cómo hallar responsables.
Casi de manera simultánea a aquel Plan se publica el Estatal de Desarrollo 2015-2021. En él se establecieron trece estrategias, sin profundizar en parámetros ni mecanismos de evaluación. Posteriormente se hace público el Plan Sectorial de Cultura, el cual hace énfasis en un cambio de visión respecto al quehacer institucional de Conarte: el fin último no es la comunidad artística, sino la sociedad en su conjunto. Además, se hace un llamado a “evaluar los programas o proyectos no sólo en el número de presentaciones artísticas (…) sino por lo que dicha creación aporta al desarrollo de los invidivuos y sus comunidades”.
Ya desde el arranque de 2017 la consejera y vocal de Danza Cinthya Mireya González señaló que se estaban ejerciendo mayores recursos en la operación del sistema burocrático (nómina y servicos generales) con un 52% sobre el 48% que se destinaba a la implementación de proyectos públicos (Acta Ejecutiva de Acuerdos del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Quinta Reunión Ordinaria, 18 de Enero de 2017). Como ya se expuso y se padece, esa brecha fue creciendo a favor del aparato y en detrimento de la ciudadanía y de la cultura.
Durante la administración de Ricardo Marcos el favorecimiento a la iniciativa privada fue más que evidente: desde el apoyo en la gestión de recursos para los patronatos del Festival Santa Lucía, la Escuela Superior de Música y Danza, el Ballet de Monterrey o el cabildeo para impulsar iniciativas de ley a nombre de clusters del ámbito cinematográfico. No sabemos en qué momento los patronatos dejaron de fungir como gestores de recursos, patrocinadores, donativos… para empezar a pedir y a quitar presupuesto ya destinado: los subsidiamos. La política y los recursos públicos ejercidos para entregar la cultura como el privilegio de una élite que se niega a pagar por ella, pero que prestidigita las maniobras para hacer que la ciudadanía se los paguemos a ellos, a toda costa y de forma demasiado evidente (Véase al respecto la nota https://pasolibre.grecu.mx/las-cuentas-pendientes-de-conarte-en-n-l/).
Una tras otra
Bajo el discurso de la mejora continua, en el año 2018 se planteó desde la secretaría técnica un nuevo modelo en la administración pública: la gestión a base de resultados. Una apuesta metodológica para el uso más eficiente de los recursos sí, pero que redujo a simples números los indicadores de medición o evaluación de los programas en materia cultural. En otras palabras, se consolida una postura que considera a las personas beneficiarias más en el terreno del consumo que en el de la ciudadanía cultural: justo lo contrario de lo que empezaron proponiéndose.
El resultado de toda esa reingeniería fue el desencuentro con sectores de la comunidad artística y figuras intelectuales de peso como las mismas Alejandra Rangel Hinojosa y Minerva Margarita Villarreal: ambas fallecidas poco después y que representan una gran pérdida para nuestra comunidad y voces de peso e integridad moral que hacen falta. En la parte administrativa los recursos que hasta entonces ejercían los gremios artísticos comenzaron a ser decomisados por la burocracia de Segura, Marcos, Rodríguez y compañía en el episodio que se conoció como “El Albazo Conarte”. Un desencuentro que se fue agravando por la falta de apertura de la institución a un debate abierto frente a medidas regresivas en el derecho a participar en la vida cultural y que atentaron contra el espíritu democrático con el que inició el Consejo para la Cultura que fundó Rangel Hinojosa.
Y fue así: un rechazo a toda crítica, una descalificación a toda iniciativa para generar espacios de debate; el despotismo como sello. Un organismo contrario a la razón por la que, de acuerdo al Plan Sectorial de Cultura debería de existir: la comunidad en general, las voces críticas y plurales y no sólo aquellos sectores aduladores del poder de un presidente disminuido en su legitimidad, de la secretaría técnica y de la Dirección de Patrimonio que deciden desde sus escritorios proyectos de infraestructura o programas de servicios que terminan por convertirse en lo que tradicionalmente en México se conocen como elefantes blancos.
Muestra monumental de ese despotismo fue, en 2019, el anuncio del Ejecutivo de crear un “Palacio de Bellas Artes” para Nuevo León, otro proyecto de escritorio, sin diagnóstico, en el cual derrochar presupuesto. En esta ocasión, la secretaría técnica decidió convertir un edifico art decó en un presunto laboratorio ciudadano, cuyos orígenes revelan más bien como un laboratorio burocrático: 109 millones de pesos para detonar la creatividad que no acabó por explotar ni con los cerca de 100 millones destinados poco antes para las Esferas. Una apuesta a la economía naranja: la creatividad puesta en bandeja de plata para la precarización de las y los trabajadores de la cultura, para hacer de la colaboración entre iguales una suerte de outsourcing cultural, una práctica abanderada por Segura y Marcos y para beneficio de aquellos para quienes trabajen.
El COVID-19 les vino muy bien: aprovecharon la parálisis para disfrazar el colapso previo de espacios públicos que ya habían dejado de funcionar bajo su gestión, como el Teatro de la Ciudad, y para invertir en megaproyectos de infraestructura, pero no en la ciudadanía ni en las comunidades. Mientras las instituciones gubernamentales mantuvieron un flujo constante de recursos para sostener la nómina, una buena parte de los agentes culturales ligados a los circuitos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios culturales quedaron a la deriva, navegaron a su suerte y a la búsqueda de variantes para la generación de ingresos económicos. Artistas, grupos y espacios culturales tuvieron que suspender o disminuir sus actividades y, en muchos casos, desaparecieron.
Epílogo
Mientras las políticas del Conarte que dejó la participación de Fernando Elizondo Barragán en la alianza de Movimiento Ciudadano con el Bronco, representadas en Marcos, y el resto de la iniciativa privada del mismo bando desde el Consejo Nuevo León significaban la privatización de los espacios, el derroche del presupuesto en nómina y megaproyectos de escritorio sin diagnóstico ni resultado, en la mayoría de los 51 municipios del estado no existió lo mínimo para hacer cumplir el gran objetivo de aquel mismo Consejo, integrado por los suyos: “Garantizar el ejercicio de los derechos culturales para toda la población neoleonesa”. No existió un perfil adecuado para algo así; no pareció una intención seria por parte de la tecnocracia, los “líderes” y los “expertos”. Lo que consiguieron fue desastroso para nuestra comunidad y beneficioso para una micro élite.
Por otro lado, la inercia de realizar eventos por cumplir con los indicadores que justifiquen el ejercico presupuestal ha dejado de lado urgentes tareas legislativas en materia cultural. A pesar de que en el año 2016 se armonizó la Constitución local con la federal, respecto al artículo 4º, tocante al derecho a la cultura, no existe una ley de cultura en Nuevo León que permita un andamiaje en materia de política pública y que obligue a las instituciones del estado o municipios y a servidores públicos a garantizar tal derecho para la población neoleonesa.
Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni Conarte, ni los municipios, ni mucho menos los agentes culturales pudieron establecer una agenda pública en el tema. Tampoco hay indicadores que permitan evaluar los resultados de una forma legítima y fidedigna, cuyo interés sea el avance común en la materia para cumplimiento del derecho a la cultura, y no el mantener intactos o hasta obscenamente premiados a aquellos mismos que diseñan los planes que fracasan, operan los recursos públicos despilfarrados o destinados a instituciones particulares que luego los condecoran, y que al cabo se autocalifican tales atrocidades como un gran logro.
Apremia asumir como tarea pendiente el carácter transversal e interdependiente del derecho a la cultura para toda la población y no sólo como tarea de algunos iniciados, ni líderes ni expertos. Una tarea que puede ser el punto de partida para pensar de otra manera la administración de lo público: los recursos y los programas del sector cultural. Concebir la cultura como un derecho y no como un privilegio, más cuando es evidente que nos lo quieren quitar. Esta justicia tiene que construirse a partir de debates públicos y abiertos, entre la mayor cantidad de agentes culturales y en donde se prioricen los temas y grupos de interés ciudadano y comunitario: no privado, no particulares, no divertimentos, no negocios propios. Construir sistemas de evaluación de las políticas culturales, ajenos a las propias instituciones y a los grupos de poder, puede abonar a ello.
El panorama no es muy alentador ya que, durante el proceso electoral, el gobernador electo Samuel García no abordó con interés genuino el tema cultural; tampoco mencionó este ámbito en el documento que presentó como tentativo plan de gobierno. Quienes tomaron la decisión de delegarnos a personas como las que tuvimos al frente de la cultura en el sexenio que termina, nos heredaron un gran problema que significó en la pérdida arrebatada de presupuesto, espacio y proyectos públicos y dejaron un ecosistema cultural desarticulado, en el que se privilegian el consumo y la privatización: lo contrario a una ciudadanía cultural democrática y a la construcción de comunidad. Nos preguntamos si no es eso lo que desde el principio buscaban: y por eso ahora hay ceremonias de gala que dan pena ajena, medallas que muestran su cobre a la luz pública y un silencio corrompido por los aplausos.
